Los legítimos desasosiegos de las empresas se centran inevitablemente en el comercio, calidad, rentabilidad, fabricación, distribución, compra, uso, especificaciones técnicas y contratos. Los dominicanos contamos con el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal) que tiene todo el potencial para impactar positivamente todos esos elementos, con frecuencia de una manera insospechadamente significativa.
Este sistema tiene además otra gran ventaja: está llamado convertirse en una formidable herramienta de apoyo a los organismos gubernamentales llamados a proteger los Objetivos Legítimos del Estado, es decir, “los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente” (Acuerdo OTC, Art. 2).
Lo anterior es importante subrayarlo porque tal sistema no tiene un carácter persecutor (punitivo), es decir, tal y como está concebido, no obliga a nadie a recurrir a sus servicios técnicos. Ello está lejos de significar que sea reactivo y que no coordine, desde posiciones proactivas, sus actividades con los organismos reguladores. Pero su función principal es la promover y apoyar activamente la calidad, la inocuidad alimentaria, la protección del ambiente, la investigación aplicada, la innovación y la competitividad en el Estado y las empresas.
En el momento de discusión de la Ley núm. 166-12 que crea el Sidocal, que el autor de estas líneas tuvo a bien redactar en sus tres versiones resultantes, esta fue una de las características distintivas del sistema más difícil de entender. Al reservarle los servicios técnicos concernientes a la demostración de que los requisitos específicos relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo se cumplen -evaluación de la conformidad- la idea fue siempre la de implantar una división del trabajo entre reguladores (estatales) y el Sidocal, tal y como lo aconsejan las buenas prácticas internacionales en la materia.
En este sentido, mientras la infraestructura de la calidad ofrece servicios especializados de normalización; acreditación de competencias de organismos evaluadores de la conformidad; ensayos acreditados; calibraciones de equipos e instrumentos; verificación en el campo de la metrología legal y certificaciones de productos, procesos, instalaciones y sistemas, además de iniciativas de capacitación técnica para beneficio de las empresas, organizaciones de consumidores y sector privado en general, los reguladores, con la ayuda de tales servicios, se encargan de garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de los reglamentos técnicos en materia de salud, seguridad y ambiente.
En nuestro caso el Sidocal debería llegar a ser efectivamente el brazo técnico de los organismos reguladores, especialmente en áreas de tanto interés como son ambiente, industria y comercio. Como señala Clemens Sanetra (2001), reputado consultor alemán en infraestructuras de la calidad, la división del trabajo técnico en materia de evaluación de la conformidad, por un lado, y de vigilancia, supervisión e inspección del cumplimiento de los reglamentos técnicos, por el otro,
“…Permite a los ministerios involucrados el hacer mejor uso de sus recursos al no duplicar personal capacitado y laboratorios cuando no exista una masa crítica que justifique su continuada existencia con todo lo que ella implica. Pueden concentrarse en su trabajo esencial para asegurar que el sistema funcione, administrándolo sin que sea necesario que dispongan de una infraestructura técnica propia”.
Bajo el prisma de esta comprensión, particular interés tienen el aseguramiento de mediciones confiables (trazables) en materia energética y procesos industriales en general; la normalización y la reglamentación técnica para las cadenas de valor industriales, cualquiera que sea su naturaleza; las certificaciones de calidad de los sistemas de gestión, procesos, instalaciones, productos y operaciones fabriles sensibles, y los acuerdos de reconocimiento mutuo cuando el sistema alcanza su madurez técnica y reconocimiento internacional.
Siendo la metrología (ciencia de las mediciones confiables o trazables), la normalización y las actividades evaluación de la conformidad los tres pilares fundamentales del Sidocal, los actores principales de la economía y del Estado deben tener muy presente que ellos no son compartimientos estancos.
¿Podrían concretarse los beneficios de la normalización en cuanto a eficiencia económica y acceso a mercados sin la metrología? Obviamente no. Para lograr lo primero es necesario que el país disponga de la capacidad de realizar mediciones confiables, de modo tal que pueda demostrar a terceros fuera y dentro del país que los productos se ajustan a los requisitos especificados en las normas (lo cual involucra necesariamente las mediciones).
¿Podrían los laboratorios de pruebas, ensayos y calibración emitir sus veredictos sin que medie la calibración de sus equipos e instrumentos de medición física o química? ¿Podrían estos equipos e instrumentos calibrarse sin que el país disponga de patrones de medición de la más alta calidad metrológica? ¿Resultarían creíbles frente a terceros las certificaciones emitidas por organismos no reconocidos formalmente en sus competencias técnicas?
Ciertamente la evaluación de la conformidad ayuda a garantizar que los productos y servicios cumplan sus promesas. Por tanto, su importancia es transversal, esto es, las empresas y el Estado están interesados por igual en cumplir cabalmente sus promesas para estar a la altura de las expectativas ciudadanas y de los consumidores y usuarios en cualquier parte del mundo. Para que ello ocurra de una manera verosímil debemos revalorizar el Sidocal, entender su lógica intrínseca, potenciar sus muchas externalidades positivas, desarrollar las competencias técnicas críticas que se requiere para que cumpla plenamente su rol en el desarrollo y pueda ser reconocido por la institucionalidad regional y mundial de la calidad. El apoyo político es fundamental.