El secuestro se define, como el delito o crimen contra la libertad. Sobre la base de este crimen, se retiene, contra la voluntad del agente pasivo, la posibilidad de que este, libremente pueda realizar las actividades que quiera, desee o necesite hacer.
Por otra parte el acceso a la justicia, a los tribunales, es un derecho constitucional, incluso la denegación de justicia, es considerado como una ilegalidad. Otra solución no puede haber, incluso el juez no puede alegar la inexistencia de un texto legal para decidir una litis o pleito del cual esté apoderado.
No obstante lo anterior, y sobre la ola del Coronavirus, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y quienes lo acompañan o aconsejan, en su triste aventura de virtualizar el sistema de justicia, sin que ningún texto legal se lo permita, y sobre la base de resoluciones inconstitucionales del Consejo del Poder Judicial, que tendrán nefastas consecuencias, anunciamos. Este es el aceleramiento de un plan previo sin sustento legal ni constitucional.
En la actualidad, existen miles de solicitudes de pensiones alimenticias detenidas, sin poder conocerse porque los Juzgados de Paz, competentes, están cerrados a cal y canto. No existen tribunales laborales abiertos, en estos momentos, en que nunca como ahora los derechos de los trabajadores, deben ser preservados. No existe el acceso libre a los Palacios de Justicias de todo el país, todo es con cita previa, y absurda, muchas veces, debe decirse previamente que se va a hacer, para que, y cuál es la necesidad o propósito de la misma. Han llegado al total y más absoluto descaro de exigir, que, toda instancia con más de veinte (20) paginas sea grabada y depositada vía memory stick o cd. Que finura.
Como crimen contra la libertad, tal y como es definido el secuestro, luego entonces, como axioma lógico, la justicia está secuestrada, por una serie de estulticias encumbradas, que hace mucho dejaron de sudar la Toga para ganarse el pan para sí y los suyos, y sustentan sus locuras virtualistas, en un jugoso cheque mensual, por concepto de salarios y viáticos, los cuales pagamos todos nosotros. Así es muy fácil ser virtual y light.
Bajo la premisa de la pandemia, no debe cercenarse el más sagrado de los derechos, luego del derecho a la vida, el derecho a ser oído, a ser juzgado, a ser escuchado, por los medios que pone la ley en favor de los justiciables en cualquier materia.
En un país, donde no hay energía eléctrica ni internet confiables, muchos (usuarios), no tienen ni computadora, i pads o celulares, ni mucho menos saben leer o escribir, o aquellos que aun leyendo y escribiendo, no comprenden, lo que escriben o leen, pretenderse con el derecho que atropellar la ley, atropellar al ciudadano y atropellar a sus pares abogados, además de un abuso, constituye una muestra de desubicación colosal.
Esto es República Dominicana, donde ahora mismo, existen miles de abogados, que no están ni siquiera comiendo, no tienen de donde subsistir, y la posibilidad de mantenerse de la profesión que tanto les costó, resulta cada día más lejana. Por Dios, ubíquense en el tiempo y en el espacio. Los aires acondicionados de la Suprema Corte de Justicia y los aromas que despiden, no pueden obnubilarlos y alejarlos de la realidad.
Si los Supermercados, los Bancos, Las tiendas, las plazas, y demás rubros de la vida nacional están abiertos, porque no abrir, bajo similares condiciones, la justicia.
Que de especial tienen los jueces, que no pueden salir de la comodidad del cobro de sus salarios, sin trabajar.
Si siguen apretando la tuerca, la rosca puede joderse.
Después no se quejen.