Al igual que como ocurrió a partir de agosto del 2012 cuando el Presidente Medina asumió el control de la Administración pública en medio de la situación fiscal extremadamente difícil, ahora se están presentando los mismos planteamientos contrarios a la necesidad de una solución consensuada al espinoso y preocupante tema del desequilibrio de las finanzas públicas y el correspondiente incremento de la deuda pública.
En ese momento el presidente trato de acordar con los integrantes del Consejo Económico y Social (CES) los términos de un pacto fiscal que fuera cónsono con los parámetros establecidos en la Ley de estrategia Nacional de Desarrollo (END), y la respuesta estuvo marcada por exigencias que para las nuevas autoridades eran prácticamente imposibles de aceptar. Como siempre ocurre, en el tema fiscal todo el mundo está de acuerdo con que se hagan los ajustes correspondientes para corregir el problema pero ningún sector quiere que le toquen sus intereses. Y es evidente que así no se puede.
En aquella ocasión el gobierno le propuso a los integrantes del CES que se negociara un acuerdo para un ajuste fiscal que hubiera sido razonable si las partes se hubieran centrado en la racionalización y la calidad del gasto público, y en un aumento de los ingresos utilizando los instrumentos y las vías menos traumáticas para la sociedad, sobre todo tomando en cuenta que solo por el servicio de la deuda y por la puesta en vigencia del 4% del PIB para la educación preuniversitaria se habían incrementado los gastos en más de $93,500 millones con respecto al 2011.
Pero la respuesta básicamente de los empresarios fue la de que se elaborara un presupuesto para el 2013 con un masivo ajuste en el gasto que en términos reales representaba un recorte equivalente a un 38%, excluyendo la educación preuniversitaria y el servicio de la deuda pública. En términos contrarios, para ese entonces la misión técnica del FMI le estaba sugiriendo al gobierno que se embarcara en una reforma tributaria que generara ingresos equivalentes a un 4.7% del PIB (RD$117,000 millones).
En la medida en que esta situación no sea resuelta mediante un pacto que incluya una reforma fiscal integral que de lugar al equilibrio fiscal, podemos estar seguros de que la situación continuara empeorándose hasta un punto en que será extremadamente difícil de enfrentar
Es decir, de acuerdo con un trabajo que esa oportunidad (octubre de 2012) escribiera el economista Andy Dauhajre), mientras el FMI le sugería al gobierno que incrementara sus ingresos mediante una reforma tributaria por la suma de RD$117,000.00 millones, los empresarios estaban exigiendo todo lo contrario, que se redujeran los gastos en la suma aproximada de RD$115,000 millones de pesos. Tanto la posición del FMI como la de los empresarios eran inaplicables para un gobierno como el del presidente Medina que estaba en disposición de cumplir con un conjunto de promesas que había puesto en blanco y negro en su programa de gobierno.
Lo del FMI hubiera provocado un incremento significativo de impuestos que se hubiera reflejado en un estancamiento en el crecimiento del PIB y en conflictos sociales que hubieran provocado salidas masivas de capitales e incrementos en las tasas de cambio y en la tasa de interés. La propuesta de los empresarios, en cambio, hubiera dado lugar a un estrangulamiento económico a las nuevas autoridades, lo cual le hubiera dificultado cumplir con la promesa del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, atender adecuadamente el servicio de la deuda pública y llevar a cabo la política social que se ha implementado. Es decir, en ambos casos la economía dominicana se hubiera resentido significativamente hasta convertirse en una de alto riesgo para los inversionistas internacionales, con las consecuencias que se derivan de una panorama de esa naturaleza.
El sector empresarial, obviamente, se hubiera visto muy afectado por la situación, tal como ocurrió durante la crisis económica del 2003-2004, pero no tuvo la visión para actuar como un sector unificado y cohesionado frente a una coyuntura que pudo haberse aprovechado mejor para lograr que se implementara lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, para negociar con el gobierno un paquete que diera lugar a un equilibrio en la finanzas publicas, garantizado por una ley de transparencia y responsabilidad fiscal, todo lo cual pusiera término al crecimiento irracional de la deuda pública.
Gracias a Dios las nuevas autoridades no asumieron la propuesta del FMI ni la del sector empresarial, y, en su lugar, se vieron en la necesidad de ejecutar una reforma tributaria de alcance limitado, la cual, si bien no ha sido suficiente para solucionar el complejo problema del déficit fiscal, sí ha permitido un programa de consolidación fiscal y una política monetaria que ha preservado la estabilidad relativa de la tasa de cambio, la reducción de las tasas de interés y la estabilidad macroeconómica en sentido general, tan importante para el crecimiento que ha experimentado de la economía dominicana durante los últimos anos.
Pero es claro que esa reforma tributaria no fue suficiente para equilibrar las finanzas públicas en términos consolidados, incluyendo traspasar al Banco Central los recursos necesarios para cubrir el costo de la deuda cuasi fiscal. Por esta razón cada ano las finanzas publicas sufren un desequilibrio consolidado que supera el 5% del PIB y que se manifiesta en un incremento adicional de la deuda pública en términos netos. En la medida en que esta situación no sea resuelta mediante un pacto que incluya una reforma fiscal integral que de lugar al equilibrio fiscal, podemos estar seguros de que la situación continuara empeorándose hasta un punto en que será extremadamente difícil de enfrentar.
Si en aquella oportunidad los integrantes del pacto económico y social hubieran aprovecha la buena disposición de las nuevas autoridades y su hubieran sentado a negociar sin presentar tantos obstáculos, podemos estar seguros de que, como lo han demostrado los hechos, se hubieran tomado las decisiones oficiales necesarias para que el panorama de la deuda pública dominicana fuera mucho más manejable y el costo de la misma no fuera tan elevado frente a unos ingresos públicos tan limitados. Definitivamente, las situación de las finanzas públicas no fuera tan compleja y apremiante como lo es hoy en día.
Por ello vienen al caso las declaraciones formuladas por el Presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (CONEP), Sr. Rafael Blanco Canto en el Periódico Hoy de fecha 22 de junio de 2016, a través de las cuales dijo temer que los empresarios busquen acomodo de manera particular frente a las discusiones del Pacto Fiscal e hizo un llamado a todo el sector para que vayan unificados a la mesa de discusión. La idea planteada es que si no se logra la unidad del sector empresarial, el gobierno tomara las decisiones de lugar y, en vez de un pacto que incluya una reforma fiscal integral, lo que tendremos una vez más será una reforma tributaria entrada en el incremento de los impuestos. Porque algo se tiene que hacer en el corto plazo.
Con ese planteamiento del presidente del Conep queda claro que existe una lamentable división del sector empresarial y que, como es una tradición, cada quien estaría tratando de negociar por su lado en función de intereses grupales y no en atención a los intereses del sector o de la sociedad en su conjunto. Debe recordarse que ya el Presidente Medina le ha planteado a los empresarios que si no puede llegar a un acuerdo en un plazo razonable para el pacto fiscal, el gobierno se verá en la necesidad de adoptar las medidas que fueren de lugar para enfrentar el problema de las finanzas públicas.
También es necesario que se recuerde que la parte oficial ha planteado varias opciones para resolver el problema de los ingresos sin que sea necesario el incremente de los impuestos, tomando en consideración que las tasas impositivas internas más importantes están por encima de las vigentes en países que son competidores nuestros. Esto es importante partiendo de la premisa de que tenemos que crear las condiciones para que los productores dominicanos de bienes y servicios transables que hagan el esfuerzo de lugar puedan ser competitivos frente a los productores del resto del mundo.
Es obvio que la buena voluntad mostrada por las autoridades, con el presidente Medina a la cabeza, es un oportunidad que debe ser aprovechada para que se tomen ahora las decisiones que mas tarde o más temprano habrá que adoptar, y ojala que pueda ser ahora porque más tarde el impacto será mucho mas traumático y de mayor costo para todos.