El Comité Nacional de Salarios aprobó la pasada semana, luego de varios meses de negociación, un reajuste de 14% a las tarifas vigentes de salario mínimo no sectorizado, de nuevo un monto muy por debajo de la propuesta inicial de aumento de 30% de la representación sindical y que no contó con el voto favorable de la representación empresarial. Si bien el nuevo aumento duplica la inflación acumulada desde el penúltimo aumento salarial de marzo de 2017, el salario mínimo que devengarán los trabajadores de las empresas con capital o existencia de menos de 4 millones de pesos seguirá siendo un salario de pobreza, pues no logra superar el salario mínimo de subsistencia, es decir, el ingreso mínimo que requiere un trabajador en el ámbito del hogar para cubrir el costo de la canasta básica de pobreza que elaboran el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística.
Tal como ya habíamos advertido en un artículo anterior, al “negociar” los dirigentes de las tres centrales sindicales oficiales (CNUS, CASC y CNTD) un reajuste por debajo del 30% que demandaban inicialmente, están contribuyendo a perpetuar la pobreza entre los trabajadores que perciben los salarios mínimos más bajos. A partir de la entrada en vigencia del reajuste de 14%, las tarifas más bajas de salario mínimo, correspondientes a las empresas con menos de 2 millones de capital o activos y las que tengan 2 a 4 millones, serán de RD$10,728 y RD$12,107 respectivamente. Dado que el salario mínimo de subsistencia que estimamos al mes a junio de 2019 es de RD$12,249.28, los trabajadores que labora en la primera categoría de empresas tendrán déficit en sus ingresos de RD$1,521 al mes, equivalente al 14.2% de su salario.
Pese al pírrico reajuste de 14%, la respuesta de la representación empresarial en el Comité Nacional de Salarios y de las organizaciones empresariales (CONEP, COPARDOM, ANEIH, CODOPYME, FDC) ha sido virulenta. Sus argumentos para oponerse al monto no son respaldados por los datos disponibles sobre precios, costos laborales, productividad laboral y utilidades de las empresas actualmente disponibles, incluidos los que produce el Banco Central.
El principal argumento que vuelven a esgrimir los empresarios es el supuesto alto nivel de los costos laborales no salariales (seguridad social y otros impuestos de nómina, cesantía, etc.) en el país. Los voceros de las organizaciones del sector empresarial repiten insistentemente desde fines de la década pasada que el país tiene “la carga laboral más alta” (65% en promedio) en toda la región de Centroamérica y Caribe, lo que estaría incidiendo en la baja generación de empleos y afectando la competitividad de la economía dominicana en relación con nuestros mayores competidores de la subregión, en la que dichos costos fluctúan entre 43 por ciento y 52 por ciento del salario base.
Sin embargo, las evidencias disponibles no confirman, sino que más bien refuta los datos y argumentos de la cúpula empresarial respecto a los altos costos de la mano de obra (“sobre costos laborales”) en República Dominicana. Visto como costo laboral, desde la perspectiva del proceso productivo las remuneraciones al factor trabajo no están afectando la rentabilidad ni la competitividad de las empresas que operan en República Dominicana.
Si bien los costos de operación de las empresas y el clima de negocios en RD afectan la competitividad de las empresas y la generación de empleos formales frente a las que operan en economías compiten con la nuestra, el costo del factor trabajo en nuestro país es el más bajo en la subregión de América Central, salvo en El Salvador. Tampoco los costos no salariales (contribuciones a la seguridad social, vacaciones, cesantía y preaviso eventualmente, y otras compensaciones no salariales) están incrementando la carga laboral en un nivel superior al que predomina en la región, como sostiene la cúpula del empresariado. En particular, el argumento de que los bajos los salarios son inevitables para continuar atrayendo la Inversión Extranjera Directa (IED) y preservar la competitividad externa es falaz.
Con respecto al supuesto impacto negativo en el empleo que los dirigentes empresariales pronostican producirá el aprobado 14% de aumento por la sobrecarga en los costos de operación de las empresas que este implica, estimaciones preliminares realizadas con los datos de la Encuesta de Fuerza de trabajo del Banco Central indican que la masa salarial o el monto total de las erogaciones adicionales de las empresas por remuneraciones salariales se incrementará en unos 20 mil millones. Sólo las ganancias obtenidas por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) en el año 2015 (RD$29,280.93 millones) duplican este monto adicional en la masa salarial. Las utilidades de las empresas radicadas en el país desmienten las melodramáticas predicciones de quiebre masivo que están proyectando las asociaciones empresariales ocurrirá a partir de la aplicación de las nuevas tarifas.
El importante aumento de la productividad laboral desde mediados del pasado decenio, junto al estancamiento del salario real ha tenido un impacto significativo en la reducción de los costos laborales unitarios de las empresas. Actualmente éstos costos son menos del 10% de los que eran en el año 2000, al reducirse a una tasa de promedio anual de 14.5%. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que una parte de las ganancias de productividad y de la riqueza que se genera con un mayor crecimiento económico no se reparte de manera equitativa entre los trabajadores y los sectores de ingresos medios, por lo cual, tanto el aumento de productividad como la reducción de los costos laborales unitarios de las empresas no se han traducido en mejoras salariales significativas en esos segmentos mayoritarios de la población.
En relación con el supuesto impacto inflacionario que también se le atribuye al incremento al salario mínimo, la lógica la teoría económica indica que dado que RD es uno de los países en América Latina y el Caribe con los salarios mínimos más bajos, esta situación impide que los trabajadores dominicanos que perciben salarios cercanos al mínimo puedan tener capacidad de ahorro, por lo que un aumento de apenas un 14% lo consumirán o gastarán en bienes y servicios. Esto estimula la demanda de la economía y se traduce en ventas para las empresas, pese al incremento de nómina.
Más allá de imperativos de justicia, redistribución y cohesión social, subir salarios, hoy, es bueno para la economía dominicana, pues el incremento de los sueldos sostiene el consumo privado, alienta la productividad y disminuye la irritante desigualdad. La experiencia de otros países de la región sugiere que la aplicación de aumentos significativos de salario en contexto de crecimiento económico vigoroso, de aumento en el empleo y de caída en el desempleo y baja inflación, como el que vive República Dominicana, puede conducir a mejoras reales del salario mínimo, sostenibles en el tiempo y sin ocasionar impactos negativos.
Finalmente, parece ser necesario reiterar que dado el rezago de casi una década en los salarios mínimos, su cercanía con la línea de pobreza y el alto porcentaje de trabajadores pobres, el criterio predominante en la fijación y revisión de las tarifas de salarios mínimos que debe aplicar el Comité Nacional de Salario es el crecimiento de la productividad y el costo de la canasta básica de pobreza y de las canastas de los hogares vulnerables o en riesgo de caer en la pobreza, ajustadas anualmente estas por inflación. De no hacerlo así, la RD seguirá en el reducido grupo de países de América Latina -junto a Haití, Honduras y Bolivia- con salario mínimo por debajo del salario de subsistencia o mínimo requerido para cubrir el costo de la canasta básica de pobreza, pese a encabezar a los países de la región en cuanto a crecimiento económico.