En los últimos meses se han estado analizando nuevas y preocupantes preguntas en el mundo anti lavado de dinero en el país a propósito de la evaluación que hará el Grupo de Acción de Financiera (GAFI) al país a principio del próximo año. Las interrogantes que surgen son, entre otras, las siguientes: ¿Estamos preparados para la nueva revisión del GAFI? ¿Está el país y sus gobernantes al tanto de la preocupante situación? ¿Se le está dando a este tema la importancia que requiere? ¿Tienen los órganos responsables el apoyo y los recursos que necesitan para enfrentar exitosamente la situación? ¿Tenemos un plan estratégico a nivel nacional para enfrentar este reto? ¿Qué tanto hemos avanzado desde nuestra primera evaluación en el 2006?
Para que se pueda valorar esto mejor, el Sr. Gustavo Villa, Secretario General de la Superintendencia de Bancos de Panamá declaró públicamente en medios panameños (marzo del 2015), que “estar contenido en una lista de observación del GAFI constituye la principal amenaza que enfrenta la economía nacional, en la que tres industrias están bloqueadas para hacer transacciones en el sistema financiero norteamericano por la suspensión de la corresponsalía bancaria”. De su lado, el Ministro de Economía y Finanzas de ese país, Sr. Dulcio De La Guardia, expuso que los bancos panameños no encuentran corresponsalía y otros que la tenían han perdido debido a que los bancos norteamericanos ya le han retirado ese apoyo debido a los efectos negativos de estar en la lista gris del GAFI.
Las entidades financieras de la República Dominicana han luchado durante más o menos los últimos 10 años por mantener sus cuentas corresponsales, y lo han logrado dedicando muchos recursos y esfuerzos, y aun así han visto como sus auxiliares de cuentas bancarias en el exterior son cada vez menores, sin hablar de las dificultades que han venido enfrentando las empresas remesadoras de divisas y los agentes de cambio, quienes desde hace años una gran mayoría no poseen cuentas en la banca corresponsal para realizar sus transacciones, en razón de la presión que reciben los bancos del exterior de sus organismos supervisores por el tema de la prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional, a pesar de que aún no nos encontramos siendo parte de una lista gris del GAFI.
Lo que el GAFI recomienda son medidas diferentes a la persecución del delito (Ej. Narcotráfico). Es decir, son medidas básicamente para evitar que los fondos generados por dichos delitos sean encubiertos o se blanqueen a través del sistema económico de cada país
Lo anterior obliga a preguntarse si no estamos ante una amenaza silente que la gran mayoría de la población desconoce, pero que sí podría afectar directa o indirectamente al 100% de los ciudadanos dominicanos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental, fundado en el 1989 por el G7 para dar respuesta a la creciente preocupación y la amenaza del lavado de activos. Esta entidad surge con la finalidad de desarrollar y promocionar políticas estándar para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. La RD es parte del mismo y esta sujeta a sus evaluaciones periódicas, y a implementar sus recomendaciones relativas a fortalecer los controles para combatir las acciones del crimen organizado en esta materia.
Los estándares del GAFI se traducen en 40 recomendaciones y sus respectivas notas interpretativas y el correspondiente glosario de términos, insertadas en un documento de 134 páginas que contiene las medidas y el marco de referencia que los países miembros del organismo deben considerar al crear e implementar sus marcos legales, medidas administrativas y acciones operacionales para prevenir que los bienes provenientes de delitos designados como precedentes del lavado de activos, contenidos en el artículo 1 de nuestra ley antilavado (No.72-02), sean utilizados, administrados, convertidos, transportados, adquiridos, etc., en la economía dominicana. La procedencia de los fondos es una cuestión fundamental en esta materia. Así mismo, se busca prevenir que dichos recursos ilícitos sean utilizados por organizaciones criminales como medio para financiar la ejecución de actividades terroristas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del atentado a las torres gemelas en Nueva York.
Lo que el GAFI recomienda son medidas diferentes a la persecución del delito (Ej. Narcotráfico). Es decir, son medidas básicamente para evitar que los fondos generados por dichos delitos sean encubiertos o se blanqueen a través del sistema económico de cada país.
Dentro de las tareas del GAFI se encuentran:
Emitir los estándares internacionales en la materia.
Evaluar periódicamente el estatus de los países asociados, respecto al cumplimiento de las referidas 40 recomendaciones.
Publicar una lista de países y terroritorios que no cooperan o que poseen debilidades respecto sus sistemas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
A la fecha del presente artículo, la República Dominicana forma parte de los países cooperadores junto a otras 180 jurisdicciones a nivel mundial. El país fue evaluada en Octubre 2006 y desde entonces se ha mantenido en un proceso de seguimiento; en Febrero 2015 fue emitido el 12vo Informe de Seguimiento, el cual será evaluado con mayor detalle mediante Ronda Robin a principios del próximo año. Pero es preocupante que en las pruebas iníciales, 14 de las 16 recomendaciones especiales y claves fueron calificadas por los evaluadores internaciones como no cumplidas o parcialmente cumplidas. Habría que ver si en la próxima evaluación que se nos haga hemos sido capaces de introducir las correcciones y si hemos cumplido con las recomendaciones que se nos hicieron en ese sentido.
Desde nuestro punto de vista, y sobre la base de los resultados de la evaluación del GAFI, es recomendable que nuestras autoridades pongan especial atención a los siguientes puntos contenidos en la evaluación y en las nuevas recomendaciones (actualizadas en febrero del año 2012):
Inclusión del delito de evasión fiscal como categoría establecida de delitos precedentes del lavado de activos, que es una nueva recomendación del GAFI, ejecutable para todos los países miembros.
Realizar una Evaluación Nacional de Riesgos. Esto quiere decir que los países deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de su territorio de manera continua con la finalidad de: a) informar sobre posibles cambios al régimen anti lavado de activos y anti financiamiento del terrorismo del país, incluyendo cambios a las leyes, regulaciones y otras medidas relativas a este particular; b) ayudar en la asignación y priorización de recursos para combatir estos delitos por parte de las autoridades competentes; y c) ofrecer la información para las evaluaciones del riesgo vinculado a estos delitos que deben realizar las entidades financieras y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Desarrollar una unidad especializada anti lavado en la Superintendencia de Seguros, y una normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo especifica para dicho sector.
Una tarea similar ha sido cumplida satisfactoriamente por la Superintendencia de Valores, autoridad que para el momento de la evaluación también se encontraba en falta debido a que para ese entonces tenía pocos años de creada.
Definir una estrategia para la aplicación e implementación de programas de prevención en las cooperativas de ahorro y crédito.
Crear una normativa especializada para las referidas Actividades y Profesiones no Financieras Designadas, la cual refuerce y esclarezca la forma de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 72-02, las funciones del funcionario responsable de la aplicación de dichos controles y el marco de supervisión de dichas actividades del sector real.
Para los fines de aplicación de la Ley 72-02, relativa a la prevención del lavado de activos, son sujetos obligados a su cumplimiento las APNFD’s, los casinos, las empresas inmobiliarias, la compra y venta de vehículos, la compra y venta de armas de fuego (establecidas legalmente), la venta de artes, de joyas, de barcos, de aviones, entre otros bienes de alto valor; los servicios profesionales y todas aquellas actividades comerciales que se consideren vulnerables al lavado de activos.
Fortalecimiento de una cultura de la Debida Diligencia a ser aplicada a Personas Expuestas Políticamente, incluyendo si es un beneficiario final de una operación.
A nuestro entender, el mayor avance que podemos tener en esta materia es elaborar y poner en vigencia una sola norma general que sea aplicable a todos los sujetos obligados según nuestra ley 72-02, la cual defina los cargos públicos que serán considerados como personas expuestas políticamente (PEP) y el procedimiento que debe ser llevado a cabo, tal como lo han realizado otras jurisdicciones.
Tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incluyendo medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras y las APNFD.
A lo anterior sumaría las facilidades para comprobar la identidad de personas físicas nacionales. El padrón electoral es un buen instrumento para estos fines, en la medida en que sea económicamente asequible para todas las todas las entidades consideradas como sujetos obligados.
Otras debilidades fueron reveladas en el referido informe de evaluación; unas han sido corregidas, otras desconocemos su avance.
Se dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Siguiendo esta línea de pensamiento se puede adelantar que nuestra evaluación será tan buena como la peor apreciación que hagan a nuestro sistema antilavado a nivel nacional. En ese orden les toca a nuestras Autoridades Competentes trabajar en equipo para que sea posible mostrar a organismos internacionales no sólo el cumplimiento de las recomendaciones en algunos sectores sino en todos los sujetos obligados; pero también mostrar el compromiso y el apoyo del Gobierno Central para lograr los objetivos.
Es sumamente importante que evitemos caer en la situación en que se vio Panamá por encontrarse en la lista gris como resultado de la evaluación de principios de año, porque ello pondría en riesgo las relaciones de corresponsalía de nuestro sistema financiero, especialmente con la banca estadounidense. Este un lujo que no nos podemos dar porque las consecuencias serian muy lamentables para la comunidad productiva nacional y sobre todo para el sistema financiero…. parece ser que no nos estamos dando cuenta de ello.