Entre las anécdotas que se cuentan en círculos de gestión y finanzas está la del mogul a quien le presentan un proyecto de inversión importante. Si el proyecto no está condensado en una cuartilla, nuestro magnate no va a dignarse en leerlo. Situación parecida sucede con los altos ejecutivos del sector privado (en el sector público muchos se la pasan leyendo el periódico, cotorreando con los compañeros o jugando solitario): cuando Ud. vaya a presentarle un asunto, tres minutos (como en el basketball) para el protocolo, los buenos días, la familia y demás parabienes. Luego pase al grano porque sólo tiene diez minutos. He visto el caso de individuos que se han ido hasta los abuelos del visitado, sus orígenes hispánicos en la provincia, luego los primeros negocios de comercio, la llegada a la capital, toda la historia de éxitos económicos y prestigio social, y se han percatado al salir de la oficina que se les olvidó tratarle el tema para el que obtuvieron una cita difícil mes y medio antes.

¿A qué voy? A que ciertamente hay gente que tiene que manejar una agenda sumamente apretada (algo que, por cierto, ni envidio ni aspiro), tienen en mente cantidad de procesos en paralelo. Por una cuestión de simple eficacia, tienen que discriminar rápidamente lo esencial, sustantivo, de lo accesorio, secundario. El resumen ejecutivo debe responder con precisión las preguntas esenciales. Pero, ¿cuáles son las preguntas esenciales? Si el que presenta el proyecto le hace esa pregunta al magnate, sin dudas mañana estará buscando otro empleo. Quien tiene dinero no lo ha hecho porque se ha dejado embaucar por los que lo rodean.

¿Preguntas esenciales, decíamos? Si se trata de una empresa productiva: inversión, valor de ventas, costos directos, gastos, en síntesis tasa de retorno. Mientras más claros los números, mejor. Nunca mezcle monedas distintas, use decimales o exprese cifras en millones de millones de millones, por muy impresionante que le pueda parecer. El empresario necesita dimensionar financieramente el negocio para lo cual necesita luz, claridad. Esta es la prueba de fuego, luego de ella pueden pasarse dos horas o dos días discutiendo los detalles del asunto: si compramos los envases en China o en el mercado local, si hacemos los contratos de trabajo nosotros o contratamos una firma, etc.

Muchas veces quien prepara el proyecto –es decir, quien hace la formulación y corre los números- entiende que ése es su proyecto, es decir, su propiedad intelectual. No teniendo otro capital que su propio trabajo objetivado –el proyecto en cuanto idea, planes y papel impreso-, quiere rentabilizarlo. Quiere, entonces, envanecerse de su amplitud y complejidad hasta el mínimo detalle, cómo surgió la idea, cómo fue tomando forma y la cantidad de gente que hubo que articular para llegar a una acción conjunta. Horas y horas de trabajo, madrugadas y amanecidas. Dibujos, ilustraciones, cuadros y como colofón de un dossier de 500 páginas, una foto del equipo. Muy bien pero, al final, ¿de qué era el proyecto?

Esto anterior pasa mucho en las corporaciones, es decir, en las organizaciones grandes y estratificadas. En el sector público no, porque no tiene capacidad de producir un proyecto de esta categoría, y en el sector privado competitivo tampoco porque no tiene capacidad de mercado para sufragar una “burocracia intelectual”. En cualquier caso, el punto a destacar es que para la “toma de decisiones” necesitamos de información, a) relevante, b) precisa, c) oportuna.

Sólo lo que puede ser medido puede ser mejorado.”

Joseph M. Juran

 

Será difícil encontrar una persona que esté abiertamente en contra de la información de los asuntos públicos, un derecho constitucional (Art. 49) en nuestra endeble democracia de siglo XXI. No obstante, en este renglón la administración pública ha sacado malas calificaciones en las últimas evaluaciones que se le han hecho, fundamentalmente por la característica c) anterior, es decir, que no cuelgan en sus portales la información en la medida en que va fluyendo, son lentos y parsimoniosos.

Sería muy ingenuo pensar que son así porque sí. Como en la justicia, la lentitud es una forma objetiva de negar la información. Se hace deliberadamente con la intención de que el interés se diluya y el sistema termine por vencer la perseverancia del solicitante. El “no, a la dominicana” es nunca dar respuesta, de esto están llenas todas las oficinas públicas, de solicitudes y reclamos sin respuesta.

Ahora bien, la información no se niega únicamente mediante el recurso a la tardanza, menos si existe una obligación más o menos bien instituida en cuanto a que tiene que ser proporcionada en un cierto plazo. Para qué nos sirve saber el número de camas en hospitales a fines del siglo XIX sino para el análisis histórico. Esta misma variable, para el año 2000 tiene otro interés.

La cuestión de la precisión no puedo tratarla aquí por un asunto de espacio. Vale decir que la información de lo público es un asunto de Estado y responsabilidad del gobierno. Como se trata de conmensurar la actividad de la sociedad, un individuo aislado no está bien posicionado para levantar, procesar y presentar la información. Es algo que tiene que hacer el gobierno, pero poniendo a disposición del público la metodología y la información base para que cualquier interesado pueda replicar los resultados. Esta es la única prueba objetiva de veracidad. De no hacerse así, como no se hace, existe la presunción de que la autoridad distorsiona la información para presentar un escenario más favorable que la realidad.

Todavía más: cuando el gobierno no proporciona la información, muchos agentes empiezan a estimarla de diferentes maneras. Ante esto, el gobierno, en vez de ofrecer la información, lo que es su responsabilidad, desmiente e intenta desacreditar a los disidentes amenazándolos con aplicarles el inefable artículo 80 del Código Monetario y Financiero, un verdadero esperpento: “Art. 80.- Normas Penales. Serán condenados por los tribunales penales de la República… cualquier persona física o jurídica que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario del país.”

¿Qué es un rumor? ¿Cuándo un rumor es “falso”? Para el Banco Central, el déficit de Leonel de los 200 mil millones era un “rumor falso” y amenazó a Iván Rodríguez con meterlo preso… hasta que Temo lo confirmó, entonces se hizo un “rumor verdadero”. Por supuesto, este artículo del código es una guardia pretoriana, una espada amenazante contra aquellos que osen pronunciarse en contrario en un Estado en que la Ley la impone el cartel de bancos.

El establishment ha logrado imponer el criterio de que si el crecimiento es “bueno”, la inflación “baja” y el tipo de cambio “estable” estamos (hay que ver quiénes) “bien”. Surgen un montón de preguntas. Stiglitz (siempre hay que mover a los Nobel para que lo obvio haga sentido) recientemente comentó que el crecimiento del PIB no tiene el significado positivo que corrientemente le imputan, entre otros, los organismos “multilaterales” (FMI, Banco Mundial, etc.). Es una idea muy vieja: el trabajo doméstico (el de las amas de casa, el de los hijos en los talleres) no se computa en el PIB y puede constituir un valor apreciable. Por otro lado, mayor gasto en salud no necesariamente significa que estamos “mejor”, puede querer decir exactamente lo contrario. Lo que ha sucedido es que, finalmente, elementos “externos” a los intereses corporativos que antes se veían de una importancia secundaria, ahora amenazan la especie, así de simple. Es decir, vamos a tener cada uno tres carros, pero nos vamos a morir envenenados por monóxido de carbono. Es que somos tan inteligentes…

La mentira se escapa a los fabricantes de ilusiones por varias brechas que, para su infortunio, están a la vista: a) la pobreza, b) la informalidad (“chiripeo” es un nombre con mejor sonido y sin tanta… formalidad. c) La delincuencia. Hay muchas más (las “exportaciones”), pero justamente lo que no quiero es entrar en detalles.

Hay más de 400 mil empleados públicos en esta corporación que se llama República Dominicana a quienes se les ha enrostrado hasta la saciedad que son mantenidos (muchos con salarios y privilegios de lujo –gastos de representación, pensiones, etc.) por los contribuyentes, por los que pagamos impuestos.  Y todavía no producen un resumen ejecutivo del proyecto en una cuartilla. Por ejemplo, me gustaría saber cuántas empresas de menos de cinco empleados –por utilizar un criterio- quebraron el año pasado. ¿A dónde dicen que nos van a llevar sin son incapaces de trazar, ya no un mapa sino un croquis? Ahora bien, a lo mejor debemos volver a lo de las preguntas esenciales…