Una de las características de la Democracia es el imperio de la ley.

Los ciudadanos están obligados a respetar la ley, a hacer lo que esta dispone y a no hacer lo que esta prohíbe.

De igual modo las autoridades tienen definidas por la ley, sus competencias y obligaciones de hacer.

Todo este conjunto es lo que produce en una sociedad democrática, la seguridad jurídica.

La República Dominicana desde el ajusticiamiento de Trujillo, para no referirme a la época anterior, tiene como tarea pendiente que el Estado y las autoridades se sometan al respeto de la ley. Recuerdo cómo el profesor Juan Bosch durante años levantó la consigna de llevar las autoridades al respeto de la legalidad.

Al día de hoy esa aspiración mantiene toda su vigencia.

No es posible construir un estado de derecho si las propias autoridades no se someten a la legalidad y no dan el ejemplo de respetar la ley. Cuando eso ocurre que es el caso de la República Dominicana, entonces es muy difícil que la autoridad, actuando en la ilegalidad, le pueda exigir al ciudadano, respetar la ley y todo el mundo entonces, encuentra una justificación para no tener que cumplirla.

Cuando sucede lo contrario, esto es, que la propia autoridad respeta la ley y se somete a ella, entonces se crea un círculo virtuoso de legalidad, porque la autoridad sometida a la ley adquiere la legitimidad para exigir de los ciudadanos el respeto de la ley y estos a su vez, terminan aceptando como legítimo respetar la ley, toda vez que se lo está exigiendo una autoridad que da el ejemplo de observar y respetar su propia ley.

Tres instituciones que son claves en la creación de este círculo virtuoso de legalidad son el Ministerio Público, la policía nacional y el Poder Judicial, pues el primero tiene atribuciones muy precisas para investigar y perseguir las violaciones a la ley;  la segunda, participa en el mantenimiento del orden público, la prevención del delito y la persecución de los infractores y el tercero tiene como misión interpretar y aplicar la ley a aquellos que presuntamente la violan, garantizando sus derechos fundamentales.

En el país estas tres instituciones continuamente son cuestionadas, ya porque actúan al margen de la ley, o ya porque no asumen las competencias que les manda la ley.

Un caso alarmante que ha conmocionado a la opinión pública ha sido la ejecución, a sangre fría, de un prófugo que cumplía condena, a manos de un agente de la Policía Nacional, todo lo cual quedó evidenciado en un video que ha circulado a nivel nacional e internacional.

Es un caso típico que se da con mucha frecuencia en la República Dominicana, que autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, actúan al margen de la ley y lo que es peor, muchas veces, no como un acto aislado, sino como política de Estado. Por esa razón, muchas de estas actuaciones violatorias de la ley, sus actores encuentran protección dentro de las propias instituciones a las que pertenecen.

Por otro lado, jueces denuncian que se les violan sus derechos al interior del Poder Judicial y de que se sanciona su independencia interna; y respecto del Ministerio Público, este está muy influenciado y permeado por la política partidista lo que cuestiona con frecuencia su independencia y su posibilidad de cumplir con lo que manda la Constitución que es defender el interés público tutelado por la ley.

Tenemos que entender como sociedad, de qué manera toda esta situación de autoridades actuando al margen de la ley influye negativamente en el clima de inseguridad que se ha apoderado de la sociedad dominicana. El ciudadano se encuentra en una situación de verdadera indefensión: Por un lado, acosado por una delincuencia que crece y por otro lado desprotegido por autoridades que actúan al margen de la ley.

Nuestra institucionalidad es muy precaria. Creímos en un tiempo atrás, no muy lejano, que estábamos avanzando. Lo evidente es que en muchos aspectos hemos retrocedido. El ejercicio de la ciudadanía responsable y comprometida, sin temores y decidida será clave para que podamos ver un panorama distinto.