Antes de tocar el tema de esta semana, tengo la obligación de advertir a los amables lectores que, con mucho orgullo, soy miembro de la Junta Directiva de Profamilia, entidad que me ha dado la oportunidad de aportar mi trabajo voluntario a su esfuerzo de 47 años de historia a favor de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las personas más necesitadas.

La iglesia católica, a través de dos de sus  organizaciones, ha interpuesto un recurso de amparo que persigue que Profamilia  y sus directivos retiren de los medios su campaña publicitaria denominada “Tus derechos sexuales y derechos reproductivos: son Derechos Humanos ¡Conoce, actúa y exige!”, bajo el argumento de que supuestamente viola los siguientes derechos fundamentales: a) El derecho a la vida al promover el aborto; b) el derecho a la dignidad de los niños al utilizar sus imágenes en los anuncios; c)el derecho de los padres a ejercer la autoridad parental; y d) el derecho a la no injerencia en el hogar.

La campaña de Profamilia parte de una realidad: una de cada cinco mujeres que quedan embarazadas son menores de edad y cuando se examina solamente los estratos más pobres de la sociedad, la estadística más que se duplica. A esto debemos unir el peligro que entraña un embarazo en personas jóvenes: las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más riesgo de morir durante el embarazo y los bebes de aquellas menores de 18 años tienen 60% más probabilidades de morir durante el primer año de vida. Los embarazos en adolescentes representan la tercera causa de muerte en nuestro país. La campaña de Profamilia pretende reducir estas estadísticas de muerte, por lo que es una campaña a favor de la vida de nuestras adolescentes.

Una de las acusaciones de la iglesia católica contra Profamilia es la utilización de actores menores de edad. En el caso de Profamilia se obtuvo el consentimiento de los padres, como requiere la regulación y no se está violando ninguna disposición legal o constitucional en el presente caso. Seguir el argumento de la Iglesia sería impedir que en ciertos anuncios comerciales, que en películas para el cine, que en determinados programas de tv, se utilicen actores menores de edad.

La propia Iglesia católica ha utilizado menores de edad en el país y en muchos otros países. Existe un caso paradigmático. En Costa Rica la iglesia se opone a la fecundación in vitro (cuando el óvulo es fecundado en el laboratorio) debido a que se fecundan varios óvulos (que entonces se convierten en embriones)  y luego de un tiempo de maduración, solo se escoge uno para insertarlo en el útero, y los demás o se descartan o se congelan. La iglesia entiende que los embriones descartados son personas que están siendo asesinadas e inició una campaña en la que utilizaba a un niña de seis años, que decía: “Papi, mami, yo les habría hecho falta de no  haber nacido”; “Hola soy Sofi, la tercera de ocho hermanitos y aunque mis papitos me amen con todo su corazón, se que para venir al mundo, mis otros hermanitos murieron en un laboratorio”; “Tu derecho a ser mamá, no está por encima de mi derecho a vivir”.

Pues el gobierno costarricense le suspendió la campaña en los medios alegando que usaban la imagen de la menor en desmedro de sus derechos y la Iglesia elevó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, en su resolución No. 2012-005178 del 20 de abril de 2012, consideró que las cuñas publicitarias “no presentan roces de constitucionalidad” y permitió que la iglesia continuara con su campaña, entendiendo que la publicidad y la información están cubiertas por la libertad de expresión, que en ese caso  debía preservarse por tratarse de información que no pretende la venta de bienes o servicios “sino la divulgación de ideas o de posiciones religiosas, culturales, políticas, filosóficas, científicas, jurídicas o sociales,” considerando que se trataba de la libertad de pensamiento en su más pura expresión.

Es decir, que la Iglesia Católica en Costa Rica defendió el uso de niños en su campaña (acusando a sus padres de haber asesinado a sus hermanitos), pero en República Dominicana la misma iglesia acusa a Profamilia de usar menores preguntándole a su madre si tiene sexo con su padre (“Mami, ¿papi y tu lo hacen?”).  Pero además, pretenden negarle a Profamilia el mismo derecho que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica le ha otorgado.

Otra acusación se refiere a que uno de los spot de Profamilia promueve el aborto y por tanto atenta contra el derecho a la vida. El spot dice: “Mantener un embarazo producto de una violación, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, es una violación del derecho a una vida digna.”  Profamilia está expresando su posición institucional al respecto y su opinión de que en esos casos el aborto no está prohibido pues lo que habría es un choque entre dos derechos fundamentales (el del embrión y el de la mujer) y debe prevalecer el de la mujer. Sobre este aspecto el constitucionalista Cristóbal Rodríguez produjo un estudio muy interesante.

Tendríamos que estar en la peor de las dictaduras para que se censurara la opinión de cualquier persona o entidad sobre temas como este. Al respecto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ha señalado, en el mismo caso citado, con la Iglesia Católica como parte, lo siguiente: “Esta Sala ha sostenido también la imposibilidad de censurar campañas publicitarias dirigidas a defender la Fecundación in Vitro, a pesar de que se ha alegado, al amparo de la propia jurisprudencia de esta Sala Constitucional (sentencia # 2000-002306) que esa técnica violenta el derecho a la vida desde el momento de la concepción; porque la Sala ha considerado, en tales casos, que una sociedad democrática y libre, debe permitir el mayor margen posible para la discusión pública, de las ideas y creencias de los miembros de esa sociedad, aunque esas ideas les disgusten e incluso les repugnen a otros sectores de la sociedad.”

La tercera acusación se refiere a la supuesta violación al derecho de la Autoridad Parental pues “incita a desconocer el deber legal de respeto y consideración que deben los hijos e hijas para con sus Padres”.  Debe señalarse que esta autoridad no es un derecho humano, pero además que es práctica de todas las iglesias orientar a los padres sobre cómo ejercer esta autoridad sobre sus hijos, sin que ello se considere violación. Como la Constitución dominicana señala que lo que debe preservarse es “el interés superior del niño”, nada está por encima, ni siquiera la autoridad parental. ”  La campaña no  promueve desobediencia sino comunicación entre padres e hijos.

Con respecto a la última acusación, la supuesta injerencia en el hogar a través de la campaña, de aceptarse su argumento habría que cerrar  todos los programas de tv, incluidos los católicos, que pretenden orientar la conducta en familia, o aún aquellos que llevan violencia y sexo al seno de la familia a través de la televisión. Además, no es a este tipo de injerencia al que se refiere el artículo 44 de la Constitución cuando señala que “toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo”.

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, reconocido tanto nacional como internacionalmente. Nuestro país ha sido parte de 21 convenios, acuerdos y normas internacionales que reconocen estos derechos.  Entre las líneas de acción de la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo No. 1-12, se dispone “Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras)…”.

Deberíamos estar buscando fórmulas que permitan acercar el trabajo de todas las iglesias, de otras entidades de la sociedad civil, incluyendo a Profamilia, y del sector público, por lo menos en aquellas áreas que nos unen y con aquellas en que no podemos ponernos de acuerdo, tal vez por creencias religiosas o de otra naturaleza, dejar que cada quien trabaje por su lado en un ambiente de respeto, sin recurrir al insulto y descalificaciones innecesarias.