La Junta Central Electoral asumiendo su facultad de iniciativa legislativa sometió al Congreso una nueva versión de proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas. Respecto al mismo, analistas han ponderado una serie de puntos que consideran favorables, con los cuales, en gran medida, coincidimos por lo que no los repetiremos aquí. Por ello nos limitaremos a indicar algunos aspectos que, a nuestro juicio, ameritan un mayor debate.

Hay que convenir que, por un lado, dicho proyecto de ley supone un avance ante los anteriores, porque presenta una doble actualización: primero, respecto al nuevo marco institucional de la Constitución de 2010; y segundo, intenta responder a un conjunto de "malas prácticas políticas" evidenciadas en los últimos años en el país, como: reservación de candidaturas por parte de la dirección del partido; despojo de postulaciones ganadas; imposición de deducciones de salarios a empleados públicos… pero, por otro lado, igual que las versiones anteriores, esta propuesta permanece en una lógica prescriptiva y normativista del ejercicio de la política.

En los proyectos de ley de partidos que hemos tenido subyace el planteamiento de que a éstos hay que controlarlos desde afuera, porque ellos no pueden por sí mismos, lo cual es discutible. Lo cierto es que al asumir esta perspectiva, se obvia una dimensión central de la lógica política: confrontación, debate argumentado, diálogo, entendimiento. Por lo tanto, no todo es objeto deliberativo por medio de votación. En este sentido, el establecimiento de las Elecciones Primarias, por mayoría de votos, como método de selección de candidatos ha sido visto favorablemente, con lo cual coincidimos. Sin embargo, habría que tener tacto en la pretensión de homogenizar un procedimiento. No es lo mismo, elecciones presidenciales, donde en la mayoría de los partidos no abundan personas precandidatas, que elecciones congresuales y municipales; no es lo mismo un partido grande que uno pequeño o una agrupación local. Incluso, en cualquiera de los casos, las corrientes políticas pueden llegar a cuerdo, sin necesidad de unas Primarias. Por tanto, consideramos que si bien este procedimiento es favorable, habría que dejar margen a la flexibilidad.

En la propuesta se plantea la posibilidad de que los partidos pidan a la JCE que les organice las Primarias. Si ocurriera una crisis, después del órgano electoral haber asumido dicha responsabilidad, ¿quién pierde credibilidad y legitimidad ante las partes en conflicto? La respuesta es obvia y el problema además de ser llevado al Tribunal Superior Electoral se trasladaría a la instancia organizadora del referido proceso.

Otro punto a reconsiderar es el que deja a la dirección del partido o agrupación política la decisión de cobrar cuota a los aspirantes a candidatura a puestos de elección popular. Asimismo, la propuesta de ley no contempla cambiar el modo (%) de asignar financiamiento público a los partidos. En la medida que cada año crece el presupuesto también lo hace la asignación (2002: 297.4 y 2008: 1085 millones). Esto se complica porque la propuesta plantea, igual que otra versión de proyecto de ley debatida en la Cámara de Diputados, destinar 50% del financiamiento a gastos administrativos del partido; 25% a procesos internos y campaña; y 25% a formación. Si se concuerda que la razón fundamental de asignar aporte del Estado es el desarrollo de procesos internos y campaña, entonces, la propuesta de distribución parece una distorsionada.

Del 25% destinado a formación, en la propuesta se plantea que, además de sus propios programas, los partidos deben cubrir uno de educación básica para su militancia desarrollado por la Escuela de Formación Electoral y de Registro Civil de la JCE. Esto requiere mayor ponderación y precisión.

En la propuesta se debería plantear que entre los contribuyentes financieros de los partidos también están quienes aportan recursos no monetarios, es decir, en especie. De igual modo, plantear, por lo menos como principio, la distribución equitativa de recursos entre los diferentes candidatos congresuales y municipales, y no dejarlo a la discrecionalidad de la dirección del partido.

En cuanto a exigir el 2% de afiliados como mínimo, respecto a los votos válidos en la última elección, tanto a los partidos como a las agrupaciones locales para su reconocimiento y mantenimiento del mismo merece mayor debate, pues repercute en el tipo de sistema de partidos. Para las próximas elecciones los votos válidos rondarán los cinco millones, por tanto, la barrera del 2%  estará en cien mil votos, cantidad que en las últimas elecciones sólo han logrado tres de las 28 organizaciones políticas reconocidas.

Estos puntos, entre otros, han provocado reacciones en la mayoría de las entidades políticas. Por ejemplo, en un evento organizado por el Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE y Participación Ciudadana, más de veinte organizaciones plantearon sus preocupaciones, las cuales pueden resumirse como sigue:

En primer lugar, realizaron una valoración general favorable del proyecto de ley de partidos presentado por la Junta Central Electoral. En este sentido, destacan que dicha iniciativa viene a fortalecer la regulación de aspectos como la democracia interna; el financiamiento, en orden a una mayor transparencia; las formalidades para adquirir y mantener la personería jurídica; la prohibición y sanción de "malas prácticas" de cara a una ética; y el nuevo estatus dado a las organizaciones políticas municipales y provinciales.

En segundo lugar, identifican puntos a mejorar, los cuales bien pueden recogerse en cuatro ejes:

a)    Inequidad en la participación y control del sistema político-electoral: inequidad en la asignación del financiamiento público, en el método de asignación de escaños, en la representación en los colegios electorales y juntas electorales, entre otros aspectos.

b)   El proyecto de ley está muy orientado a lo procedimental y prescriptivo, por lo que no coloca énfasis en lo ideológico, en cuestiones de sentido programático de la política.

c)    Se echa de menos una perspectiva más compleja e integral de la reforma del sistema político-electoral. En este orden, habría que evitar la fragmentación y contemplar la posibilidad de crear un código que abarque dicha reforma, siempre en diálogo con las propias normativas dadas por las organizaciones políticas y buscando la complementariedad entre las leyes del ámbito en cuestión.

d)   Finalmente, hay serios cuestionamientos a la relación entre la Junta Central Electoral con los partidos y las agrupaciones políticas en torno al proceso de generar iniciativas de reforma.

Consideramos que el Congreso Nacional debe debatir estos aspectos, para bien de las reformas políticas y de la República Dominicana.