Nos encontramos en vísperas de la selección de los jueces que darán vida a las Altas Cortes (Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral). Es un evento democrático sin precedentes en nuestro proyecto democrático porque se estrenarán nuevas jurisdicciones para dirimir disputas sobre derechos fundamentales y sobre los procesos electorales. Ambos aspectos están íntimamente vinculados con los principios democráticos sobre los que se cimienta la Nación.
Es natural que el foco de atención de la opinión pública, que hace eco de las percepciones de los distintos cuerpos sociales, se centre en este proceso deliberativo. También lo es el deseo de que esa selección sea inmaculada y que por ende resulten electos los jueces más probos, capaces e ideológicamente coherentes, como garantía mínima de que los derechos e intereses legítimos sean respetados y se permita su desarrollo progresivo.
Aunque compartamos esos deseos naturales y buenos intencionados, es seguro que no existirá acuerdo sustancial sobre cuál de los candidatos es el que mejor reúne esas cualidades, pues nuestros juicios de valor partirán de las preferencias e intereses de cada grupo social, sea nominalmente político o no. Esta discrepancia es sólo un reflejo del pluralismo razonable. Antes que una comunidad homogénea, nuestro país, como muchos, está conformado por varias comunidades que no comparten entre sí sus valores o su contenido o extensión y es parte de la democracia que permanezcan, convivan y se involucren políticamente.
Este es un elemento relevante a tomar en cuenta por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y por todos los interesados en participar a través de la formación de opinión pública. En las Altas Cortes concurrirán en desarmonía intereses legítimos que contenderán sobre puntos fundamentales de la democracia y los derechos. Es un valor democrático que en ellas se refleje el pluralismo democrático que nos caracteriza, que todas las comunidades ideológicas, en la medida de lo posible, se encuentren representadas en la conformación de dichas jurisdicciones.
Dependerá de la sensibilidad de los miembros de la CNM y del juego estratégico de las comunidades ideológicas el que haya una composición balanceada. Habrá representantes ideológicos de los partidos políticos. Esto es seguro porque los partidos tienen acceso directo al CNM. Pero, además deberán de seleccionarse candidatos con distintos lazos políticos e ideológicos. Así se podrían alcanzar los niveles mínimos de legitimidad que tanto necesitarán estos órganos por su notable connotación política, al momento de tomar sus decisiones. En esto descansa el éxito del aporte y asentamiento democrático que esperamos produzcan las Altas Cortes.