Hace unas cuantas semanas encontré por debajo de mi puerta una circular. Iba dirigida a todos los propietarios e inquilinos del edificio donde vivo, y se trataba de una convocatoria a una reunión URGENTE para analizar la situación de inseguridad que generaba el ya no tener en la esquina a la cadena de farmacia que gentilmente nos protegía con su ‘guachimán’, escopeta en mano.

Al leer la nota, me vinieron a la mente varias cosas, el caso Zimmerman por ejemplo, pero sobre todo recordé una película mexicana de cine independiente (cuyo nombre ahora no me llega) que reflejaba con exactitud lo que me dio por llamar ‘el autismo social de la clase media alta’, esa especie de indiferencia, muchas veces descarada, otras inconsciente, hacia aquél que no es un igual. Es hoy común ver en las grandes ciudades latinoamericanas barrios cada vez más apartados del centro, completamente cercados y con cámaras de vigilancia por doquier, donde sus residentes se abastecen de todo lo que necesiten sin necesidad de salir y ‘mezclarse’ con los demás.

Lo que me parece socialmente irresponsable es que se pretenda ignorar, ya cuando se ha contratado el ‘guachimán’ y se han puesto las diez mil verjas, la gran desigualdad y los descomunales niveles de pobreza material de la mayoría de la gente

Este fenómeno de aislamiento ha ido acompañado de otro no menos preocupante: el de la privatización de la seguridad. Es cierto que en una economía de mercado, ante la ineficiencia del Estado para cumplir con su obligación de garantizar seguridad, la demanda es suplida por el sector privado. Sin embargo, no perdamos de vista que se trata de un derecho fundamental de cada ciudadano/a, rico o pobre, el poder disfrutar de un ambiente pacífico, libre de violencia, donde no se le prive alegre y arbitrariamente de su propia vida. Esta es la razón por la que no debe aceptarse como normal el hecho de que solo aquél que tenga el dinero para costearse su propia seguridad sea el que la tenga.

Lo que urge, a mi modo de ver, es la necesidad de retomar los conceptos de comunidad y bien común. Me resisto a caer en ese estado de insensibilidad que me aparta de la realidad y las necesidades del otro, bajo la excusa de que aquí lo que impera es el ‘sálvese quien pueda’ y de que yo con dinero puedo tenerlo o solucionarlo todo. Y estas cosas las pienso no solo por la circular recibida, sino por varias conversaciones que he tenido en otras ocasiones sobre el tema con los vecinos aludidos.

Entiendo que es una preocupación muy válida para cualquiera la inseguridad que se vive en las calles dominicanas (ni qué decir de la que se vive en los hogares), así como también veo positivo que se intente encontrar soluciones en conjunto al problema de seguridad que afecte a un grupo. Lo que me parece socialmente irresponsable es que se pretenda ignorar, ya cuando se ha contratado el ‘guachimán’ y se han puesto las diez mil verjas, la gran desigualdad y los descomunales niveles de pobreza material de la mayoría de la gente que vive en este país; o ignorar la delincuencia de cuello blanco y la corrupción generalizada, principales deudores del atraso social y económico en el que nos encontramos.

Una sociedad solamente avanza cuando todos sus miembros gozan de los mismos derechos y posibilidades de realización personal, cuando la pobreza sea producto de decisiones personales, y no de la inexistencia de políticas públicas efectivas. Cuando así no sea, esa debe ser la principal preocupación de todo ciudadano/a consciente.