Solo con ver los titulares de los periódicos en las últimas semanas comprobamos la alarmante situación de desprotección en que se encuentra la niñez dominicana. Violaciones, asesinatos, desapariciones y muchas otras formas de violencia sobre los más vulnerables, genera sentimientos de impotencia y frustración.
El adulto, quien en la mayoría de las ocasiones comete el abuso contra el niño, niña o adolescente, es quien además tiene la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. Contamos con un sistema de justicia que pone sobre el adulto la responsabilidad de denunciar el abuso contra los niños niñas y adolescentes. ¿Qué pasa entonces cuando ese adulto responsable de la protección del niño, niña o adolescente es el mismo abusador? ¿Cómo podemos proteger efectivamente a ese niño o niña de un nuevo abuso si se encuentra dentro de su entorno de convivencia con la persona que lo abusa?
Nuestro sistema actual solo contempla la posibilidad de que ese niño o niña sea rescatado del entorno familiar y llevado a uno de los hogares de paso; la única herramienta de protección disponible es entrar al sistema de protección institucional con hogares de paso en donde tampoco existen las garantías de una efectiva protección de ese niño, niña o adolescente, ya que en instituciones del Estado también se cometen abusos como hemos visto recientemente.
Los principales factores de esa negligencia de protección institucional son la falta de capacitación del personal en el tema de protección, la ausencia de recursos para proveer al niño, niña o adolescente de los programas adecuados para su desarrollo y seguridad dentro de ese sistema, y la falta de supervisión por parte de las autoridades de la operatividad de los centros en el mantenimiento de programas adecuados para lograr la reinserción familiar de una manera sana y segura de ese niño, niña o adolescente, el cual luego de un tiempo termina siendo devuelto al mismo entorno familiar del que fue rescatado sin la supervisión efectiva para prevenir otro evento de abuso.
¿Qué podemos hacer entonces? La situación es compleja, pero totalmente prevenible si se aborda de forma integral desde el monitoreo de las familias en las comunidades, supervisando las medidas de protección que deben cumplirse en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes particularmente vulnerables por su condición de pobreza.
Hay que entrar al barrio, a la comunidad, ofrecer soporte psicológico, educativo y económico para que los adultos puedan desarrollar comportamientos adecuados y sin violencia en la crianza de sus hijos e hijas.
Ofrecer las garantías de seguridad y protección cuando una denuncia llega al sistema por cualquier vía, sea por el sector salud centros de atención primaria que reciben al niño o niña agredido, sea por el sector educación si la denuncia o la observación del maltrato se percibe por parte del educador, o sea denunciado por las personas de la comunidad.
Lamentablemente, el abuso no se denuncia porque hay temor, temor de que se genere un problema o verse involucrado en un proceso judicial; esos temores solo se eliminan con garantías de discreción, confidencialidad y siendo efectivos en la solución del problema que se denuncia, porque si no se resuelve la situación genera el mensaje de que no vale la pena denunciar porque no sirve de nada hacerlo.
Finalmente las políticas públicas que se adopten tienen que tener un enfoque integral no desde una institución particular, sino que debe ser todo un engranaje que genere vínculos fuertes para obtener una solida red de apoyo y protección de nuestros niños, niñas y adolescente para que no sigan muriendo por abuso o negligencia.