El Poder Judicial en la República Dominicana goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, de conformidad con la Constitución (Art. 149, párrafo I) y las leyes Nos. 46-97 y 194-04. La primera concede aautonomía administrativa al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y la segunda, además de que reitera tal autonomía presupuestaria y administrativa, establece los porcentajes de los ingresos internos estimados por cuentas, correspondiendo al Poder Judicial un 2.66%.

En efecto, el Art. 3 de la referida Ley 194-04 dispone textualmente lo siguiente: El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), será de por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%)corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%)del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al  Ministerio Público. De manera que la parte que ha debido corresponder al Poder Judicial desde que entró en vigencia dicha ley (enero del año 2005) ha debido ser un 2.66% de los ingresos internos.

Sin embargo, tal y como sucede con el sector educación, al que le corresponde un 4% del Producto Interno Bruto (PIB), al Poder Judicial le correspondería recibir un 65% del 4.10% de los ingresos internos, lo que equivale a un 2.66% de los mismos, por lo que la ley no está siendo cumplida cuando al aprobarse la que viene a ser la principal pieza de política económica e inversión del país, el Presupuesto General del Estado, estos montos no son consignados en los porcentajes que se establece por ley.

Desde el 2008, es decir desde hace 4 años, el Poder Judicial recibe el mismo monto presupuestario ascendente a RD$3,362.2 millones, a lo que yo agregaría que el Poder Judicial nunca ha recibido el monto que como presupuesto le corresponde por ley y a lo que se han limitado sus máximas autoridades es a hacer denuncias y reclamos públicos, sobre todo si estamos organizados como un Estado social y democrático de derecho, donde ha de suponerse que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución y a la ley.

En los actuales momentos la inflación se ha tragado el salario de los jueces de las cortes de apelación y equivalentes, jueces de primera instancia y jueces de paz, y sus salarios llevan cinco años congelados, a diferencia del de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, salario que ha sido aumentado en varias ocasiones, a pesar de existir desde hace varios años el mismo presupuesto. Los empleados del Poder Judicial tampoco han recibido un aumento de salario a pesar de la crisis económica en sentido general.

El necesario aumento salarial para los jueces y empleados antes indicados es un reclamo al unísono que hemos venido haciendo todos a las autoridades judiciales encargadas de la administración de los recursos en nuestro sector. Pero curiosamente el Consejo del Poder Judicial no lo contempló, o por lo menos no lo hizo consignar en el presupuesto que aprobó para el 2012, a pesar de indicar el tiempo que llevan congelados los salarios de los jueces (excepto los jueces supremos) y empleados.

En el documento contenido en el Acta núm. 30-2011 de fecha 26 de septiembre de 2011 del Consejo del Poder Judicial y que figura en la página web de la Suprema Corte de Justicia, consta el reclamo de RD$6,039.95 millones para el presupuesto del Poder Judicial para el año 2012, consignándose los recursos que ese consejo entiende necesarios para cubrir los costos de los órganos creados por la Constitución de la República, los tribunales que se precisa crear, mejora y construcción de edificios, el sostenimiento del Consejo del Poder Judicial y la jurisdicción inmobiliaria, el retiro de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y la integración del juez adicional propuesto por el Consejo Nacional de la Magistratura.

En el aludido documento también se exhibe como un logro de la gestión, a pesar de las precariedades económicas, el sacrificio al que han sido expuestos numerosos jueces de paz a quienes se les pone a hacer el trabajo de jueces de primera instancia de tribunales colegiados, pero percibiendo el salario de un juez de paz, a pesar de estar haciendo un trabajo que en muchas ocasiones ponen en riesgo hasta su seguridad y la de sus familias, lo cual consideramos injusto. Pero en lo que tiene que ver con aumento salarial, la referida pieza no designa los recursos necesarios para cubrir los costos de tal aumento a nivel general.

Ya el Senado aprobó, previa declaratoria de urgencia y en dos sesiones consecutivas, sin trámites de estudio, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, por el monto de RD$430 mil millones, y le asigno al Poder Judicial el mismo presupuesto.

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) ha apresurado el informe que preparaba relativo a la seguridad social de los jueces del país, y que en realidad sería usado con propósitos distintos, el cual hace una comparación con los niveles salariales de los jueces de Iberoamérica, pudiendo adelantar que la República Dominicana ocupa una de las más bajas posiciones. ¡Quiera Dios que los Diputados nos escuchen!