Los grupos ambientalistas están tratando por medio de presiones mediáticas de obligar al presidente Medina a unirse al coro de voces a favor de la declaratoria de Loma Miranda como Parque Nacional. En el esfuerzo lo han tildado de irresponsable por mantener supuesto silencio sobre el caso, que ha ocupado la atención de los medios durante el último año, en detrimento de otros temas de mayor importancia como el eléctrico, alrededor del cual comienza a moverse también, con idéntica presión, la ola de fundamentalismo ambiental de moda en nuestro país.
Obviando el hecho de que esa montaña no reúne las condiciones propias para convertirla en una reserva ecológica, dado que la flora y fauna allí existente no son de su entera exclusividad, y ese debió ser en un clima de racionalidad la base de la discusión, es justo reconocer que el Presidente de la República sí se ha referido públicamente al caso, en los términos que las circunstancias le han impuesto. En una declaración a los medios con motivo de su segundo aniversario, el señor Medina dijo lo que el buen sentido aconsejaba, que actuará una vez el Congreso tome una decisión, pues se trata de un tema en manos de otro poder del Estado.
Que mañana apruebe el reclamo de los ambientalistas o por el contrario decida a favor de una explotación racional de los recursos mineros de Loma Miranda, dependerá de la decisión que primeramente adopte el Congreso. Exigirle un pronunciamiento previo me parece una presión impropia que afectaría el respeto que en una democracia los poderes del Estado se deben entre sí.
En mi opinión, la declaratoria de Parque Nacional afectaría el clima de inversión, con sus naturales consecuencias y graves derivaciones. Sentaría, además, un precedente que dejaría en el futuro en manos de radicales y fundamentalistas la toma de decisiones sobre los asuntos más trascendentes de la economía dominicana.