Patriotismo constitucional

El Presidente Medina y la deuda institucional

Por Cristóbal Rodríguez

De todos los problemas que han venido atenazando a la sociedad dominicana en los últimos lustros, el de mayor relevancia es el déficit institucional. Ni siquiera la pobreza nos urge y convoca tanto, pues en gran medida la pobreza como problema político no resulta de nuestra imposibilidad para producir riqueza, sino de un esquema institucional que propicia la pobreza y la exclusión pese a la riqueza que por décadas hemos sido capaces de generar como sociedad. Encaminar acciones a abordar y resolver la cuestión institucional se presenta entonces como la más importante prioridad de cualquier gestión de gobierno.

El primer año del Presidente Medina evidencia una falta de compromiso con la cuestión institucional y esto se traduce en un desencuentro preocupante entre la agenda del gobierno y las prioridades nacionales. Basten algunos ejemplos para sustentar esta afirmación.

Evaluar este primer año de gobierno en clave de compromiso institucional implica, entre otras muchas cosas, responder esta simple pregunta: Qué ha pasado con las nominillas? Hagamos memoria. Las denominadas nominillas constituyen, por su magnitud, el caso más insólito de malversación de caudales públicos denunciado en el país durante las pasadas gestiones de gobierno del PLD. El 31 de marzo de 2008 la prensa nacional daba cuenta de la siguiente información: “Presidente Fernández admite nóminas CB y las justifica alegando evitan caída del gobierno.” Luego de haber negado la existencia de dichas nóminas, ante la presentación de un documento que las evidenciaba por parte del reputado periodista Juan Bolívar Díaz, el entonces presidente no sólo reconoció que las mismas existían, sino que declaró que esa existencia databa del año 2005.

Hay que recordar que las denominadas nóminas CB o “nominillas” consisten en un ilegal sistema de pago a miembros de los Comités de Base del Partido de la Liberación Dominicana, así como a los dirigentes de los Comités Intermedios, según fue denunciado por la periodista Nuria Piera. Detalles inauditos de la forma con que opera dicho sistema se pueden encontrar en: http://www.youtube.com/watch?v=QsPalm40304.

En un reportaje de investigación realizado para su programa Nuria Investigación Periodística, se estimó que los pagos a los miembros de los Comités de Base y de los Comités Intermedios ascendían a un monto aproximado de 1,430 millones de pesos al mes. Si se proyecta a un año, esta suma asciende al astronómico monto de 18,590 millones de pesos, equivalente en su momento al 1% del PIB. Proyectado a los 7 años que median entre 2005 (año a partir del cual reconoció el expresidente Fernández su instauración) al 2012, tenemos la suma de 130 mil millones de pesos. Este monto representa más de dos terceras partes el déficit fiscal heredado por el Presidente Medina al inaugurar su gestión de gobierno hace justo un año. Nada ha cambiado a un año de gobierno.

A un año de gobierno hay que seguir preguntando: Qué ha sucedido con el servicio exterior? Cómo explicar que tres cuartas partes del cuerpo diplomático sean botellas, si no es a partir de una sustitución del criterio institucional por el de la conveniencia partidaria. Que el Estado y los recursos aportados por todos para la solución de los problemas colectivos sean utilizados como mecanismo para subvencionar el activismo político de un partido y sus aliados, es una de las formas más efectivas de desmonte de la institucionalidad.

Que el propio gobernante llame a no mirar hacia atrás a una sociedad que reclama sanción contra la corrupción del pasado gobierno implica no solo falta de lealtad hacia la constitución y las leyes que juró cumplir y hacer cumplir, sino que traduce una actitud de complacencia y apañamiento de la ilegalidad que no se corresponde con el discurso de compromiso institucional del Presidente Medina.

En qué punto conecta la idea de institucionalidad con el engaño consistente en, -bajo el pretexto de “reducir la nómina pública”- eliminar de una serie de “instituciones superfluas” y luego, de forma soterrada, reubicar su personal en otras instancias del Estado? Lo mismo ocurrió con los viceministros que, nominalmente, ya no lo son, pero que siguen disfrutando de los mismos privilegios que cuando lo eran, ahora desde otras funciones y, eso sí, siempre a costa del dinero de la gente.

Qué relación tiene con la institucionalidad el oprobioso hermetismo y discrecionalidad con que se maneja el precio semanal de los combustibles, con las cada vez más irresistibles consecuencias que para el aparato productivo nacional y la vida cotidiana de la gente ello implica?  De qué institucionalidad hablamos cuando funcionarios de la administración, en escandalosa falta ante la ley, son confirmados en sus puestos y, por tanto, premiados por su cuestionable conducta?

Un Estado, para poder funcionar, necesita tener establecidos los canales por los que fluya el quehacer del gobierno, siendo la ley el parámetro de validez de todo ese quehacer. La norma jurídica, entendida como herramienta para prohibir conductas, autorizar comportamientos e imponer obligaciones de general y permanente cumplimiento es la técnica concebida por el constitucionalismo moderno para suplantar la voluntad de los individuos por la autoridad que, amparada en la ley, reside en las instituciones.

El reducto último de eficacia del sistema normativo es el régimen de consecuencias: las sanciones que derivan de la inobservancia de sus disposiciones. Cuando alguien desautoriza el derecho para imponer su voluntad, el aparto institucional está en la obligación de apelar a su autoridad para devolver a la ley el sentido de eficacia que la misma reclama desde su amenaza de sanción.

La responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley es el requisito básico para la construcción de institucionalidad. Ahí sigue, pendiente, el desafío. Se trata de hechos, no de promesas vanas.

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