El presidente Hugo Chávez logró afianzar su poder con la aprobación hace casi un lustro de una ley de las Fuerzas Armadas rechazada por la oposición como ilegal. La ley crea una estructura militar que, en esencia, es una copia fiel de la cubana y que subordina en la práctica la autoridad civil a la castrense. El estatuto fue aprobado con estrecha mayoría en la Asamblea Nacional, hecho en que la oposición política a Chávez se vale para seguir denunciando la inconstitucionalidad de la norma. Según la constitución venezolana se requiere de las dos terceras partes de los votos para la aprobación de una ley orgánica, lo cual no sucedió en ese caso.
La ley divide al país en zonas militares y otorga al presidente la facultad de designar en cada una de ellas comandantes militares con poderes de excepción. Todas las autoridades civiles, quedarían bajo el control de la autoridad militar en el caso de que Chávez haga uso de esa disposición.
La oposición ha dicho que con la puesta en vigor de esta legislación, Venezuela se convirtió de hecho en un gran cuartel militar, ya que le confiere el derecho a Chávez de llamar a las armas a todos los ciudadanos cuando así lo estime necesario a la seguridad nacional. La medida ha despertado desde entonces muchos temores en Colombia, país que comparte una amplia frontera con Venezuela. Las relaciones entre los dos países han mejorado pero no fueron las mejores en un pasado reciente durante el cual llegaron a puntos de enfriamiento.
Por efecto de esa ley, el control de Chávez sobre la sociedad venezolana es mayor que nunca y su dominio sobre la esfera militar sólo tiene comparación con la que en las primeras décadas del siglo pasado llegara a tener el dictador Juan Vicente Gómez, y no alcanzara a tener el general Pérez Jiménez. En poder de Chávez esta ley constituye una amenaza a la estabilidad regional.