República Dominicana adoptó una nueva normativa migratoria en agosto de 2004 luego de largos años de consensos con la sociedad civil y la comunidad internacional, la cual tiene como uno de sus componentes al Plan Nacional para la Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular (PNRE).
La sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), en violación de las constituciones dominicanas hasta la reforma del 2010, en las cuales la nacionalidad era basada en el jussoli, consideró a los hijos de extranjeros no residentes desde1929 hasta la fecha como inmigrantes irregulares que no tuvieron nunca el derecho a la nacionalidad dominicana, por lo cual la perdieron.
El impacto nacional y las repercusiones internacionales de tan inicua decisión llevaron al ejecutivo a buscar una solución humanitaria. La ley 169/14, aplaudida por líderes políticos y religiosos, frena el proceso de desnacionalización "institucional" iniciado por la Junta Central Electoral (JCE) y el TC; restaura la nacionalidad a los afectados ya registrados en las oficialías del estado civil dominicano.
Pero, la misma ley confirma la sentencia 168/13 al excluir a los nacidos en territorio dominicano no registrados. Corrobora que son inmigrantes irregulares, estimados en 100,000 personas, las cuales fueron enviadas al PNRE con la posibilidad de optar en dos años a la ciudadanía dominicana.
A un mes de lanzarse el PNRE las críticas llueven sobre el gobierno haitiano por dos motivos principales. Primero, por no estar en capacidad de dar a los inmigrantes los documentos que necesitan para regularizar su situación. Segundo, por el costo del proceso.
La OEA, hace cerca de 10 años había ofrecido asistencia al gobierno haitiano para un programa de documentación a los inmigrantes en República Dominicana. Esta oferta fue renovada al margen de la 5ª Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) en abril de 2013 en Puerto Príncipe, después de un intercambio entre los dos Jefes de Estado de la isla. Del lado dominicano había el compromiso de ceder locales públicos para dicho proyecto.
En esta ocasión, la OEA presenta un plan de acción a los dos gobiernos. No obstante, necesita su aval para lanzar una campaña de fondos y luego hacer el montaje del operativo.
Más, el organismo regional debe esclarecer cuál sería su centro de interés en el PNRE, ya que el caso envuelve a inmigrantes haitianos indocumentados y dominicanos de facto, indocumentados de origen haitiano.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe preliminar de su misión en diciembre del año pasado presentado en el Consejo Permanente, había formulado recomendaciones concretas al gobierno en cuanto a la nacionalidad que debería ser mantenida para todas las personas nacidas en República Dominicana antes de 2010, una recomendación basada en la sentencia del caso Jean-Bossico de 2005.
La inscripción al PNRE se cierra en febrero del 2015. Los funcionarios dominicanos nunca pierden la oportunidad para recordar a los que no aplican o debido a los criterios de aplicación no serían admitidos, al final del programa serían repatriados. ¿Repatriados o expulsados?
Ya se prevé que para la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana indocumentados sería imposible probar su lazo sanguíneo con Haití para obtener los documentos haitianos. Ciertamente, tienen derecho a la nacionalidad haitiana pero tienen que hacer valer este derecho.
El gobierno haitiano, al saludar la ley 169-14, no ha indicado aún cuál es el procedimiento para los nacidos en la Republica Dominicana. La OEA no se ha pronunciado tampoco al respecto.