La Junta Central Electoral (JCE) se embarcó el año pasado en el cambio del plástico de la Cédula de Identidad y Electoral y recientemente, en forma sorpresiva, con poco tiempo de antelación, informó que la cédula vigente hasta ese momento (cédula amarilla) caducaría a partir del 10 de enero de 2015, en una medida poco razonable que crea innumerables contratiempos no solo a la ciudadanía sino a los sectores público y privado.
Recordemos que luego de un cuestionado proceso de licitación, la JCE inició el proceso de expedición de la nueva cédula en el mes de abril del 2014, sin especificar la fecha en que dicho proceso culminaría y sobre todo sin informar cuándo caducaría la cédula amarilla.
Era obvio que el proceso debía ser completado durante el año 2015 para que no generara dificultades en las elecciones programadas para mayo del 2016 tomando en cuenta que la cédula es el documento de identificación electoral que permite el derecho al voto.
El proceso de expedición de la nueva cédula marchó muy bien, con una respuesta positiva de la ciudadanía y las cifras así lo señalan. Al 10 de enero de 2015 han obtenido la nueva cédula 5,255,130 personas, pero otras 460,169 habían acudido a solicitarla y por diversas razones no pudieron obtenerla. Es decir, que 5,715,299 personas acudieron a la JCE en un período de ocho meses para un promedio mensual de 714,412 personas. A esta fecha, aun falta por obtener su nueva cédula 2,118,438 personas.
Fue apenas el 15 de diciembre de 2014, con apenas 25 días de preaviso, que la JCE informó a la ciudadanía que a partir del 10 de enero de 2014 la cédula amarilla dejaría de tener vigencia. Eso ocurrió cuando alrededor de 2.5 millones de personas aún no tenían la nueva cédula y en plena época navideña.
Y si la cédula solo sirviera para votar no habría problemas, pues estamos a más de diez y seis meses de las elecciones, tiempo mucho más que suficiente para que todo el mundo cambie su plástico. Pero ocurre que la cédula es el único documento válido legalmente para identificar a una persona en suelo dominicano, indispensable para realizar una serie de operaciones y transacciones. Si usted no tiene cédula, no puede abrir cuentas bancarias, certificados de depósitos, sacar tarjetas de crédito, tomar dinero prestado, cambiar cheques, casarse, declarar a sus hijos, divorciarse, firmar contratos y actos legalizados por notarios y por lo tanto no puede comprar inmuebles, sacar pasaporte, obtener visas, obtener la licencia de conducir, ser accionista de una empresa y un larguísimo etcétera. Sin cédula usted no puede probar su identidad, que es un derecho humano.
A pesar de todo esto la JCE decidió que este pueblo necesita disciplina, que es muy indolente, que todo lo deja para última hora, y que la forma de disciplinarlo es a la mala, sin tomar en cuenta que los principales responsables de esta indolencia son los que trazan las políticas públicas, que han acostumbrado al país a las prórrogas de casi todos los plazos y que la forma de cambiar esta cultura negativa no es creando un caos y afectando hasta a terceros que no son responsables, como un niño que no puede ser declarado porque sus padres no tienen un cédula vigente.
Estoy completamente de acuerdo que en el país las prórrogas de los plazos sean la excepción y no la regla, como es actualmente, pero deben diseñarse políticas públicas que ayuden a cambiar esta cultura y no someter al país a un cambio abrupto en un tema tan sensitivo como es la cédula, y además sin un razón de tiempo que justifique el abrupto anuncio de la JCE.
Pero lo peor de todo es que esta decisión de la JCE viola la Ley No. 8-92, modificada por la Ley 26-01, que claramente establece que la Cédula de Identidad y Electoral tiene una vigencia de diez años a partir de su expedición. Es decir, que si usted obtuvo su cédula amarilla en el 2012, su vencimiento, por ley, es en su fecha de nacimiento del 2022, y la JCE no puede, por resolución, modificar una ley.
Esto genera más incertidumbre pues legalmente hablando a nadie se le debería impedir realizar una operación de cualquier naturaleza, incluso votar, con su cédula amarilla si la fecha de vencimiento que contiene su plástico aún no ha llegado. ¿Cuál usted cree que debe ser la norma a respetar por cualquier entidad pública o privada que requiera la cédula para realizar una operación: una ley vigente que establece en diez años la vigencia de la cédula o la resolución de la JCE que establece la caducidad de todas las cédulas amarillas a partir del 10 de enero del 2014 sin importar si ha llegado o no su fecha de vencimiento?
La realidad es que debe llegar el tiempo en que las cédulas no tengan fecha de vencimiento y solo haya que obtener un nuevo plástico cuando se pierda el que usted tiene o se le deteriore, y de esa manera impedir que la renovación del plástico sea una fuente de corrupción, que además genera molestias muchas veces innecesarias.
En un futuro no muy lejano una nueva JCE informará al país que será necesario otra renovación masiva de la cédula para dotar al país de un documento de identidad y electoral realmente biométrico que facilite el gobierno y la vida electrónica. Y vendrá una nueva licitación y repetiremos la experiencia actual, y la de Datocentro y Somos.