Para nadie es un secreto que, durante los últimos tres años, la economía dominicana ha estado lidiando con los efectos adversos de un entorno internacional altamente desfavorable. La crisis financiera que se originó en los Estados Unidos provocó una fuerte desaceleración de la economía mundial en el 2008 y 2009, lo cual afectó nuestra capacidad de crecimiento.

Sin embargo, las agresivas medidas contra-cíclicas adoptadas por las principales economías mundiales han permitido que poco a poco vayan mejorando las perspectivas de crecimiento.

Lamentablemente, en la medida que la demanda global se ha ido recuperando, han surgido presiones sobre los precios internacionales del petróleo y, como si esto fuese poco, las tensiones políticas en países del medio oriente han agregado aún mayores niveles de incertidumbre, generando así fuertes incrementos en los precios.

El impacto

Mientras el Presupuesto Nacional para el 2011 y la Carta de Intención (ambos elaborados a finales de 2010) utilizaron un precio del petróleo promedio para 2011 de unos US$83.50 por barril, las más recientes proyecciones de la Energy Information Administration (www.eia.doe.gov) contemplan un precio promedio en el 2011 de US$101.77.

Ante estas perspectivas, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo anunció formalmente que el monto de subsidio eléctrico que se había estimado en el Presupuesto 2011 y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser revisado y aumentado.

Luego de realizar una estimación preliminar, entiendo que, con un precio promedio de US$102 en el 2011, el subsidio eléctrico probablemente aumentaría desde US$350 millones (monto presupuestado) hasta unos US$446 millones, es decir, unos US$96 millones (RD$3,700 millones) más de lo estimado.

Las Opciones

Ante esta realidad, me parece que el Gobierno tiene varias opciones y, para simplificar el análisis, planteo dos: financiar o ajustar.

Financiar el aumento en el subsidio consistiría básicamente en negociar nuevas metas con el FMI que permitan un déficit del sector público más elevado al que originalmente se planteó. Obviamente, esta parece como la opción más fácil de implementar ya que inclusive una parte importante del aumento pudiera financiarse con recursos de Petrocaribe, los cuales estarán disponibles de manera automática debido a la forma en que fue negociado dicho acuerdo con Venezuela.

Ahora bien, tenemos que recordar que estamos en una etapa del acuerdo con el FMI donde el énfasis principal consiste justamente en disminuir gradualmente el déficit del sector público para lograr, de manera simultánea, disminuir los niveles de endeudamiento. Por tanto, una decisión de esta índole implicaría retrasar el cumplimiento de las metas fiscales establecidas.

La otra opción sería realizar un ajuste. Este ajuste pudiera tomar la forma de un incremento en la tarifa eléctrica, un aumento en el número de clientes regulados (gente a quienes se le mide la luz que consumen) o una combinación de ambos.

Debemos estar conscientes del impacto que pudieran tener sobre la estructura de costos de la economía y sobre la competitividad de nuestras empresas nuevos aumentos en la tarifa eléctrica.

Por tanto, me atrevo a sugerir que el ajuste también pudiera consistir en una disminución del gasto en otras partidas de la ejecución gubernamental (preferiblemente del gasto corriente), lo que permitiría un mayor subsidio eléctrico sin afectar el monto de déficit global.

Diga usted

La mayoría de los economistas plantean que, cuando una economía enfrenta un shock, se justifica que dicho shock sea financiado ya que se entiende como algo temporal. Sin embargo, cuando los factores subyacentes son estructurales y pudieran permanecer por largo tiempo, lo que se recomienda es la adopción de medidas de ajuste.

Desde el 2008, hemos recurrido al financiamiento para amortiguar los efectos de una de las peores crisis económicas de la historia, llegando al extremo de utilizar los recursos provenientes de la venta de la Refinería para financiar un mayor déficit del sector eléctrico en el 2010.

Tres años después del inicio de la crisis, el panorama internacional aún presenta grandes retos y se constituye en fuente de incertidumbre.

¿Seguiremos financiando los problemas o tomaremos las medidas necesarias (aunque sean dolorosas) para garantizar nuestra estabilidad a mediano y largo plazo?