Al no existir ninguna garantía de que el crecimiento económico por si solo hará más equitativa la sociedad dominicana, urge ejecutar políticas para reducir la brecha de las desigualdades sociales y económicas. Bajo un enfoque multidimensional planteamos el pentágono de la distribución de la riqueza, que está llamado a actuar sobre cinco ejes transversales que tocan tantos aspectos de desarrollo económico como humanos; ellos son, el presupuesto nacional, las políticas sociales, el ordenamiento territorial, la descentralización y el desarrollo del aparato productivo.
Acciones concretas sobre cada uno de estos ejes pueden contribuir a reducir las desigualdades socioeconómicas tanto individuales como colectivas. La idea es combinar los recursos económicos y financieros (el presupuesto), las capacidades y potencialidades de la gente (gasto social y desarrollo humano), la riqueza y productividad del territorio (el entorno, la tierra), la expansión de los medios (desarrollo del aparato productivo), y la equidad de la riqueza regional (descentralización).
Nos atrevemos a asegurar que muy pocos dominicanos saben cómo y para qué se estructura el presupuesto nacional. La mayoría no entiende que dicho instrumento económico-financiero se nutre de sus esfuerzos constante y por medio de los impuestos que todos, de una u otra forma, depositamos en esa gran canasta llamada fondos públicos, sin importar nuestra condición económica y social. Y que no hay ningún esfuerzo más solidario, y más parecido a una gran cooperativa que ese que todos hacemos días tras días para ayudar al Gobierno dominicano a obtener los recursos necesarios para luego distribuirlo y mantener andando al gran gigante del aparato estatal. Lamentablemente, esa falta de conocimiento es la que nos impide valorar, y mucho menos desarrollar un sentido de pertenencia con el presupuesto nacional.
A diferencia de las cooperativas, donde los miembros reciben beneficios tangibles de sus dividendos, y donde los proyectos que se llevarían a cabo con los recursos acumulados son aprobados por una asamblea, con el presupuesto nacional no sucede lo mismo. Primero, las prioridades del gasto son definidas en la mayoría de las ocasiones de manera divorciada de las necesidades y demandas de sus beneficiarios. Segundo, el sentido de equidad no impera en este. Por tal motivo, no es difícil observar cómo sectores y comunidades se pasan años reclamando la solución a algún problema que les afecta, y otros, sin reclamar nada, obtienen lo que no han pedido.
El artículo 238 de la Constitución de la República establece los criterios para la asignación del gasto público, refiriéndose a la correspondencia del Estado para la realización de una asignación equitativa del mismo en el territorio. Dentro de los elementos que resalta la Carta Magna que deben caracterizar la formulación y ejecución presupuestaria, están la eficiencia y prioridad. Lamentablemente, no siempre se cumple con ambos desde una perspectiva colectiva, ya que en muchas ocasiones las prioridades dependen de las ideas o el capricho de alguien. No obstante eso, existe una gran oportunidad para convertir cada año la ley de presupuesto general del Estado en un instrumento del desarrollo nacional.
En economías como la nuestra no será posible propiciar un desarrollo económico equitativo, sino va acompañado de un desarrollo humano. La gente es quien imprime un carácter de sostenibilidad al crecimiento económico hasta llevarlo a convertirse en desarrollo económico; como hemos visto, el crecimiento del PIB experimentado en las últimas décadas no fue distribuido de manera equitativa, porque no existían cimientos humanos que garantizaran un aprovechamiento óptimo de las oportunidades que se generaron.
La vinculación del crecimiento económico y el presupuesto nacional se hace obvia. A medida que se genera mayor riqueza aumentan las posibilidades de ingresar recursos a las arcas nacionales, y en esa misma medida se pueden llevar a cabo acciones que beneficien a todos.
Una de las formas para incrementar los recursos sería a través de eficientizar el gasto corriente, e incrementando el gasto de capital a través de inversiones productivas. De lo que se trata es de definir prioridades. Decidir si seguimos permitiendo que los subsidios improductivos sigan aumentando, o si destinamos más recursos para tener una sociedad más educada (incluye la formación técnico-vocacional) y con grados de sanidad más elevados. O decidir si elevamos el salario de una gran cantidad de dominicanos a niveles cercanos al monto de la canasta familiar, o si realizamos aumentos salariales de manera sectorial, por ejemplo a los maestros y a los médicos, fundamentalmente para aquellos que sí cumplen y ejercen su función de manera responsable. O está el dilema de si seguimos incrementando el presupuesto para la asistencia social que luce dispersa y en muchas ocasiones se torna en clientelismo improductivo; o aumentamos el gasto de capital en inversiones justas que dinamicen la economía y generen mayores empleos; o quizás dedicar mayores recursos en financiar a la pequeña y mediana empresa, que al final de cuentas, son catalizadores de la economía.
Precisamente son decisiones como las señaladas anteriormente, que deben tomarse para poder convertir el presupuesto nacional en un instrumento del desarrollo que propicie la equidad social y económica del país.