En estricto cumplimiento de una ley aprobada en el 2009, el gobierno español publicó en el boletín oficial del Estado de octubre de ese año, el patrimonio de todos sus ministros y altos funcionarios. Aquí existe una vieja legislación similar que muy pocos acatan porque a diferencia de España un cargo público en este país es una patente de corso; una licencia para hacer de las influencias y poderes derivadas de las funciones en el gabinete o en altas funciones del Estado cualquier cosa.
Y cuando digo esto último todos saben a qué me refiero: a la capacidad de actuar como si se tratara de una propiedad privada o un feudo personal. El patrimonio de los altos cargos españoles nos proporciona una idea fiel de la tétrica situación en que nos encontramos en materia de transparencia y pulcritud. Tenemos, por ejemplo, que el más rico de todos los miembros del gabinete español era entonces la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, con un patrimonio de 7.4 millones de dólares (cinco millones de euros), fortuna probablemente inferior a la de cualquier funcionario nuestro de bajo nivel llegado al puesto en condiciones de estrechez extrema, tradición de la política nacional que todos los gobiernos han respetado bajo la añeja máxima de “hoy por ti, mañana por mí”.
El menos afortunado del gabinete español era la ministra de Igualdad, y esto es pura coincidencia, Bibiana Aído, con un patrimonio de sólo 57.8 mil dólares, lo que haría llorar a cualquiera de sus colegas dominicanos, con la posibilidad, empero, no dada a sus pares españoles, de resolver esa situación en pocas semanas de ejercicio.
España será más rica y próspera que República Dominicana, pero el jefe del gobierno allí en el 2009, Rodríguez Zapatero, era un “pobre infeliz” con un patrimonio de sólo 310 mil dólares, por lo que tal vez necesite asesorarse de algún colega dominicano.