Después de un prolongado proceso de más de dos años de discusión, de búsqueda de consenso y de espera, la sorpresiva convocatoria para la firma del Pacto Eléctrico en el Palacio Nacional originó la expectativa de que al fin se dispondría de un mecanismo que permitiría introducir significativos avances en la ansiada solución de los ancianos problemas energéticos que arrastramos desde hace más de siete décadas.
Se entendía que a través del Pacto, el Estado se iría liberando de la pesada carga del subsidio eléctrico que en los últimos seis años, no obstante el desplome de los precios del petróleo, ha drenado los fondos públicos con más de cinco mil millones de dólares. Al cambio actual, más de 250 mil millones de pesos que darían para construir más hospitales, escuelas, carreteras, caminos vecinales, presas y acueductos, mejorar la seguridad ciudadana y reorganizar el caótico servicio de transporte público, entre otras obras y servicios de prioritario interés.
Para el sector industrial, la ansiada posibilidad de reducir sus costos operativos y mejorar sus niveles de competitividad en el mercado local tanto como para ampliar su oferta exportable.
En el sector eléctrico, promover y facilitar la conversión de plantas a gas natural, con la consiguiente reducción del costo de producción a más de disponer de energía limpia. En tanto las EDES quedarían obligadas a eficientizarse reduciendo progresivamente sus gastos que al presente absorben el 25 por ciento de sus ingresos hasta un máximo de un diez por ciento.
Para los usuarios dejar sepultado en el pasado el amargo recuerdo de los apagones, mas en el tiempo la eventual posibilidad de disponer del servicio a tarifas más razonables.
Lamentablemente la ilusión duró unas pocas horas. Tan sorpresiva como la convocatoria, fue la suspensión de la firma sin fijación de nueva fecha. Aunque oficialmente no se ofrecido la razón de la suspensión, el PRM se encargó de asumirla con la divulgación de los puntos que explican su negativa a firmar el Pacto.
Al margen de la mayor o menor razón que avalen los motivos de la suspensión, lo cierto es que se incurrió en un error de origen cuando se incluyó una cantidad tan numerosa de participantes en la discusión del Pacto lo que ya de por sí presagiaba la imposibilidad de lograr un consenso unánime. Así, de nuevo las razones políticas y los intereses sectoriales relegan los del país.
La conclusión ahora es que cualquiera que sea la salida que se le busque al tranque el alumbramiento del tan necesario y esperado Pacto Eléctrico seguirá dilatándose, y distará de resultar un parto natural ya que solo podrá cobrar vida por vía de cesárea.
Esperemos que no fallezca en el proceso.