Resolver los problemas del sector eléctrico de la República Dominicana que llevan más de cincuenta años, es un reto que no es fácil para los actores que intervendrán en las discusiones del Pacto Eléctrico, quizás el más complicado de los pactos previstos en la Ley de Estrategia Nacional para el Desarrollo por la amplia gama de intereses de todo tipo que involucra.
Un punto de partida para entender el problema, es el párrafo que trata de definir la situación del parque eléctrico dominicano, el cual está en la propuesta gubernamental para los debates del Pacto Eléctrico que dice de la siguiente manera: “El desempeño del sector eléctrico dominicano es cosa conocida: en general, un suministro poco confiable, deficiente y caro, cuyas manifestaciones más visibles son apagones recurrentes, pérdidas técnicas y no técnicas, insostenibilidad financiera y ambiental, y fuerte dependencia de las transferencias del Gobierno con alto impacto en términos fiscales”.
Esta definición abarca una parte del problema, es incompleta, pero sí podemos considerar que el problema medular del sector eléctrico es la consecuencia del mal manejo expresado en las distorsiones y disfunciones que provoca la intrusión del modelo político gobernante de turno, populista, clientelar y corrupto, junto a negociantes rentistas, con vocación monopólica.
Creemos que a partir de esa premisa se puede iniciar una discusión interesante, que puede versar sobre la sostenibilidad financiera del sector desde un punto de vista integral, no en soluciones costosas pero que favorecen a una empresa, o grupo para acrecentar sus ganancias económicas.
Se debe considerar el sector eléctrico como clave para una estrategia de desarrollo de alto impacto. Hoy día lo que tenemos es un montón de plantas auxiliares en un parque eléctrico lleno de vulnerabilidades y con un esquema ilógico de funcionamiento.
Mientras no resolvamos el problema del rentismo basado en negocios particulares y adecuados a grupos económicos adláteres a gobiernos de turno, nunca podremos resolver el problema. Es preciso reformular el tipo de sociedad público-privada sobre otros parámetros legales y económicos distintos a los actuales.
Todos los agentes que participarán en el Pacto deben considerar primero el por qué hemos fracasado en los últimos cincuenta años. También analizar realidades económicas negativas actuales como por ejemplo la gestión poco eficiente del cobro de las empresas distribuidoras, la falta de transparencia en el cobro a usuarios, los defectos de la telemedición.
El Pacto Eléctrico sin lugar a dudas será una prueba dura que requerirá un gran esfuerzo de sinceridad de todos los sectores sociales: Estado, empresarios, consumidores, para poder tener reglas claras y así garantizar energía eficiente, segura y confiable.