El penoso espectáculo que ofrecen los dirigentes de la isla en torno al cierre del Plan Nacional de regularización de Extranjeros (PNRE) de cuyos resultados ninguna de las partes pueda sentirse orgullosa, pone de relieve un creciente deterioro de las relaciones dominico-haitianas, que indica, además, que se entra en una nueva etapa por la súbita destitución del embajador Daniel Supplice.
Detrás de una decisión que pudiera parecer de desaprobación del diplomático por imprudentes declaraciones que proporcionaron a la parte dominicana argumentos en la actual crisis bilateral, se esconde una reacción del gobierno haitiano ante lo que muchos califican en Puerto Príncipe de “inaceptable arrogancia” de la parte dominicana por la “exigencia” de excusas de Haití para volver al dialogo.
Quizás sea importante tratar de entender el origen de esta crisis para manejarla. Varios elementos parecen indicar que Haití es la primera parte en sentirse ofendida o engañada por el incumpliendo de un supuesto compromiso de la República Dominicana de otorgar una moratoria de 45 días antes de iniciarse las repatriaciones.
Al menos, es lo que informó el canciller ad interim haitiano Lener Renaud, como un logro de sus negociaciones con su homologo Andrés Navarro entre mayo y junio de este año. El gobierno haitiano que bajo ese entendimiento reconoció el derecho dominicano de regularizar la migración, incluso deportar a los transgresores de la ley migratoria, se planificó para esa eventualidad a partir de principio del mes de agosto.
Asimismo, la cancillería haitiana reprocha a su contraparte el desplante por una reunión prevista en Santo Domingo donde se discutiría de los cambios propuestos por ella en el protocolo sobre las repatriaciones de 1999. Fue a su llegada que se le informó a la delegación haitiana que la parte dominicana no está lista para discutir de este tópico.
Además de cancelar sine die la reunión, República Dominicana mostró un desinterés que preocupa a Haití ante la necesidad de acordar las condiciones en las cuales se harían las deportaciones que por el número de personas afectadas pudieran crear eventualmente una crisis humanitaria.
Al respecto, las proyecciones eran más de 250,000 personas que incluían a tres grupos, los no inscritos en el PNRE, los inscritos que no calificarían y los desnacionalizados. En cualquier país de la región un número tan elevado de deportados tendría el potencial de crear trastornos sociales y económicos que empujaría su gobierno a negociar un plan de recibimiento lo menos traumático posible.
Es en ese contexto que se inician masivamente a mitad de junio los “retornos voluntarios” con testimonios de violaciones de derechos humanos, sin coordinación entre las partes, y uno que otro caso de apatridia, momento que fue aprovechado por el gobierno haitiano para denunciar en foros internacionales la actitud dominicana de cerrarse a acordar nuevas condiciones para las repatriaciones o deportaciones.
Del lado dominicano las quejas fundamentales parecen dos. La primera es la violación por Haití del compromiso de dirimir las diferencias en el plano bilateral. La segunda es la acusación puntual de usar la situación, en base a supuestas mentiras para fines políticos en la coyuntura pre-electoral.
Por lo visto, hay dos aspectos sobre los cuales se debería arrojar luz. Por un lado si nunca existió el compromiso del moratorio, es posible que hubiese una tremenda confusión idiomática. En el peor de los casos, una incompetencia diplomática haitiana por desconocimiento del marco legal de la implementación del PNRE, donde está previsto los 45 días como lapso de tiempo de análisis del expediente depositado para ofrecer una repuesta al solicitante.
Por otro lado, compete a República Dominicana explicar de manera convincente porque rechaza discutir con Haití un nuevo convenio sobre las repatriaciones que, además de permitir la adecuada asistencia consular, reduciría a su mínima expresión las quejas por la eventualidad de una crisis humanitaria resultante de las deportaciones que oficialmente deberían comenzar pronto.
En cualquier caso no hay elementos de peso que justifique el evidente deterioro de las relaciones entre los dos Estados. Lo que está pasando es una vergüenza bilateral que debe ser remediada urgentemente a través de un dialogo amplio y transparente con la participación de todas las fuerzas vivas de las dos naciones.