La aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura por una mayoría simple, en violación de lo dispuesto por la Constitución que exige una mayoría calificada de 2/3 partes, tanto para las leyes orgánicas como para las observadas por el Poder Ejecutivo, pone al descubierto nueva vez la fragilidad de la institucionalidad democrática en el país. 

Es claro que los legisladores no han actuado sin conocimiento de causa sobre la naturaleza de esta Ley pues la denominaron "Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura". Su decisión responde al despropósito que ha venido llevando a cabo el  grupo que actúa desde el  Poder Ejecutivo de someter al conjunto de  instituciones del Estado a su control absoluto. 

Primero fue la utilización de los recursos del Estado para imponer la reelección en 2008. Luego, en las elecciones de 2010  se valieron también del patrimonio público para alzarse con el dominio absoluto del  Senado y la  mayoría en el Congreso Nacional. 

Con ello  aseguraron una mayoría absoluta para elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura, y por medio de este ultimo, el nombramiento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. 

Con la aprobación de esta Ley por la cámara de diputados se le otorga al Presidente de la República poderes casi absoluto  para adoptar decisiones en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Es decir, en los hechos, el grupo que controla el Poder Ejecutivo ha eliminado la  separación e independencia de los poderes del Estado, principio cardinal de todo orden constitucional democrático.  

La aprobación de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en violación del orden constitucional demuestra que el  grupo que controla el Poder Ejecutivo está dispuesto a aplastar hasta la tímida oposición política del PRD en la Cámara de Diputados. 

A todo lo anterior hay que añadir que ese grupo, por vía de la tarjeta de solidaridad y otros programas clientelistas, mantiene secuestrado  un segmento poblacional y lo utiliza para legitimar sus acciones y propósitos. 

Ahora se apresta a  presentar miles de  firmas obtenidas con presión y chantaje para la repostulación del  actual Presidente de la República, a pesar de que la Constitución de modo expreso prohíbe la reelección. 

No se ignore que este grupo tiene gran poder económico fruto de un proceso de acumulación por vía de la corrupción solo comparable con el realizado por la dictadura de Trujillo. 

Es pues evidente que este  grupo de poder esta dispuesto a  mantener su dominio político aun desconociendo el orden constitucional. Ante esta situación la ciudadanía y los distintos sectores sociales tienen que reaccionar y ponerse en movimiento y someter a los gobernantes y a las  autoridades al respeto de la Constitucionalidad.  En ello nos jugamos la existencia de la democracia en el país.