Pensé que el retiro del 30% de los fondos de la AFP pasaría a retiro tan pronto se acomodara en su curul el congresista que lo tomó como mascarón de proa para su reelección. No fue así.  En vez de apoltronarse a toritostear soportó la incomodidad de una crucifixión sin clavos. El reclamo empezó a tomar más fuerza y a polarizar posiciones, nada de encontramos a mitad del puente. Estuve entre los pocos que presentó opciones viables a los duelistas: la devolución en valores, no en efectivo, a quienes lo solicitaran.  El trabajador tendría así la opción de conservar su cuenta de capitalización individual de su AFP el 70% de sus aportes y tener otra en un puesto de bolsa, donde contaría con asesoría para el manejo de su nuevo portafolio de títulos desmaterializados y custodiados por CEVALDOM.

Esa modalidad de devolución reduce sustancialmente el impacto que tendría vender en el mercado secundario el 30% de los títulos en que están invertidos los fondos.  De cualquier cosa que se salga a vender casi un tercio del inventario hay que bajar el precio, pero segregando en otra cuenta los títulos es la responsabilidad del afiliado decidir, luego de evaluar las opiniones de su asesor de valores, si es momento para vender o no.

En ese escenario algunos se van a quedar con el 100% de sus fondos en la AFP, confiando en ellas la administración hasta su edad de retiro; y otros por tener una segunda cuenta que pueden usar con libertad de acuerdo con sus preferencias subjetivas. Algunos irán a buscar un televisor de pantalla gigante con el 100% de su 30% y otros tendrán ahí una cuenta para también contribuir de forma activa en generar riqueza financiera para diversos fines. El abanico de cosas que se harán se debe, precisamente, porque lo de individual implica libre disposición en momento se pueden usar los fondos.

¿Hay tiempo para esa u otras soluciones intermedias? El mango del sartén lo tiene el gobierno. Ha logrado utilizar el 80% de los fondos de retiro para los objetivos de su política monetaria y fiscal sin necesidad de contar con una entidad estatal que haga las funciones de las AFP.  En nuestro país el modelo llegó con un pequeño porcentaje de los trabajadores afiliados al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).  Hay que agradecer a quienes tuvieron éxito en evitar que se universalizara estar encadenado a una entidad donde cada nuevo administrador inauguraba su gestión con un “hemos recuperado el crédito de los suplidores”. Recuerdo que escribí las razones por las que uno de ellos contrató la página número tres de todos los periódicos de circulación nacional para contestar la denuncia de que fue amañado un concurso para adquirir unas fotocopiadoras.  En la campaña para “limpiar su nombre” gastó tres veces lo que costaron las fotocopiadoras.

Quienes aspiran a dar un golpe de estado a las AFP consideran que ha sido una tercerización para invertir fondos de retiro en valores públicos más costosa que la ineficiencia administrativa o casos de corrupción que se pueden presentar en una entidad monopólica estatal. Como prueba apuntan a las astronómicas cifras de utilidades.

Para los colectivistas que son enemigos jurados de la actividad privada cualquier monto mayor que cero es gigantesco. En este tema, sin embargo, hay que reconocer que fue un error dejar la comisión complementaria sin modificación tan pronto los bonos del gobierno se volvieron “cadenita de oro”.  Las AFP nacen sin poder invertir en bonos del gobierno, un impedimento lógico en unos años que Hacienda estaba probando que podía pagar intereses y capital de títulos entregados en mercado primario a empresas privadas como liberación de expedientes deuda administrativa.

Cuando esa situación cambia con la introducción de un programa de subastas de bonos del gobierno, que iba a la par con incursiones cada vez más exitosas en el mercado de bonos soberanos en el exterior, esa comisión debió reducirse el primer año que marcó el camino para llegar a tener el 80% de las inversiones en valores deuda pública.  Esperar multiplicó tanto las ganancias como los resentimientos sembraban los colectivistas que promueven el sistema de reparto.

Ahora bien, los afiliados deben entender que el odio colectivista a las ganancias de las empresas privadas es comparable al desprecio a la propiedad privada individual (la del ciudadano común, por supuesto, no la de los camaradas dan las órdenes).  No quieren utilidades en empresarios ni propiedad en individuos. El objetivo es destruir las AFP y pasar todos los títulos a un fondo común.  Popularizan “No Más AFP” sin indicar que también es “No Más CCI”.  Eliminar las AFP provocará que ya no reciba los estados de cuenta donde ve el gráfico de pastel con la distribución de las inversiones, el monto de sus aportes y la rentabilidad acumulada. Ya eso no será suyo y no tendrá derecho a exigirlo porque se le promete una pensión con un porcentaje mucho más alto de retiro que lo que iba a conseguir con la CCI.

Expropiarle los fondos de su CCI se lo van a justificar porque de una pensión que alegan ronda el 20% de su último salario, financiada por sus aportes y la capitalización, pasará a recibir ahora el 75% de su último salario cortesía del fondo colectivo, nuevos aportes y una capitalización más alta al eliminar la intermediación.  Pero los colectivistas con incidencia en la administración pública saben que podrán concitar apoyo popular para esto si combinan esa idea con una devolución de un porcentaje de los fondos a sus propietarios. Buscarán “No más AFP, Toma esto de su CCI, Deja el Resto al Fondo Común, que tienes pensión garantizada con el 75% del promedio tus últimos aportes”.

Mi pronóstico es que en esto tendrán que aguantarse las ganas, ver que pasarán los meses en el eterno amagar y no dar que caracteriza el actual coqueteo con los controles de precios que ya tiene hasta una app sin sentido. No veo al gobierno suicidándose con una política generalizada de control de precios ni con la destrucción del sistema de capitalización individual. En el corto plazo veo una devolución de un porcentaje del valor ahorrado, permitir la entrada de nuevos participantes en la administración de fondos, programa de desmonte de los porcentajes en títulos públicos, esquemas más flexibles para poder usar los fondos en eventos puntuales, sepultar para siempre la antipatía de antología con los afiliados que las caracterizó por años y otras ideas para mejorar el sistema que sólo serán posible en un diálogo en libertad. Con un golpe de estado nos devuelva al reparto terminaremos en posición misionera per saecula saeculorum.