Ius Politicum

El obsceno encanto de la tortura

Por Eduardo Jorge Prats

Recientemente, el Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, informó al gobierno de Rusia, país donde se encuentra el ex espía de los cuerpos de inteligencia estadounidenses, Edward Snowden, que la justicia de su país no tiene la intención de someterlo a torturas, en caso de este ser repatriado. ¿Cuál es el significado de esta solemne promesa de la más alta autoridad judicial de la mayor potencia planetaria?

El significado es obvio: la tortura ha regresado, no como práctica –pues nunca ha estado ausente de la realidad de los regímenes autoritarios o democráticos- sino como discurso. Si hay que prometer que no se torturará, ello evidencia que ya es perfectamente legítimo hablar públicamente de la tortura, no para condenarla, sino para implícita e indirectamente sugerir que sería válido, en ausencia de la promesa, acudir a ella. Como afirma Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales, “es triste que Estados Unidos deba prometer que no va a torturar ni matar a alguien”.

¿Por qué hoy se habla sin rubor alguno de la tortura y hay quienes incluso la legitiman abiertamente? ¿En cuál lejano rincón de nuestra conciencia ha quedado relegada la memoria colectiva de las atrocidades de los regímenes que utilizaron la tortura como instrumento de gobierno? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha podido perder la memoria de los atropellos que desde la Inquisición hasta Hitler, desde Trujillo hasta Pinochet, han justificado la prohibición absoluta de la tortura?

La respuesta más lúcida a estas preguntas nos la da el filósofo  Slavoj Zizek: “La moralidad no es nunca una cuestión exclusiva de la conciencia individual; sólo puede florecer si se apoya sobre lo que Hegel llamaba ‘el espíritu objetivo’ o la ‘sustancia de las costumbres’, la serie de normas no escritas que constituyen el trasfondo de la actividad de cada individuo y nos dicen lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Por ejemplo, una señal de progreso en nuestras sociedades es que no es necesario presentar argumentos contra la violación: todo el mundo tiene claro que la violación es algo malo, y todos sentimos que es excesivo incluso razonar en su contra. Si alguno pretendiera defender la legitimidad de la violación, sería triste que otro tuviera que argumentar en su contra; se descalificaría a sí mismo. Y lo mismo debería ocurrir con la tortura. Por ese motivo, las mayores víctimas de la tortura reconocida públicamente somos todos nosotros, los ciudadanos a los que se nos informa. Aunque en nuestra mayoría sigamos oponiéndonos a ella, somos conscientes de que hemos perdido de forma irremediable una parte muy valiosa de nuestra identidad colectiva. Nos encontramos en medio de un proceso de corrupción moral: quienes están en el poder están tratando de romper una parte de nuestra columna vertebral ética, sofocar y deshacer lo que es seguramente el mayor triunfo de la civilización: el desarrollo de nuestra sensibilidad moral espontánea”.

La tortura es un tema válido de discusión hasta para los juristas, a quienes se supone celosos guardianes de los valores morales y jurídicos que inspiran el Estado de Derecho, y que hoy hacen malabares argumentativos con tal de justificar lo injustificable. Afirman que se puede torturar, para defender la vida de inocentes (Luhmann), a terroristas considerados “no-personas” (Jakobs); que es justificable la tortura siempre y cuando se cuente con autorización judicial (Dershowitz); y que se trata simplemente de un “mal menor”  (Ignatieff).

Lo interesante es que nadie critica a los abogados que justifican la tortura, a pesar de su prohibición expresa a nivel nacional y supranacional. ¿Ocurriría lo mismo si un médico aboga en la actualidad por la eliminación de los miembros de razas inferiores? ¿O si un sacerdote católico defendiese abiertamente la pedofilia? Y es que todo el mundo sabe que el genocidio y el abuso  sexual de los niños están mal y que bajo ninguna circunstancia –aún excepcional- se puede justificar tales crímenes.

Ya la tortura no es el secreto obsceno de los “poderes invisibles” de otrora, eso que se lleva a cabo de modo velado porque es efectivo, pero que nunca se admite en público. Se trata de algo absolutamente normalizado, que se practica abiertamente y sin tapujos y que se admite incluso de modo público al más alto nivel. Peor aún, ya no solo se habla de la tortura sino que se ha pasado a su defensa pura y simple.  No hay dudas que, con la defensa abierta de la tortura y con su legitimación, el poder quiere romper nuestra escala ética y anular nuestra sensibilidad moral intuitiva, forjada en un paulatino desarrollo de la civilización desde las cavernas hasta los rascacielos.  Hablar sin rubor de la tortura nos conduce a perder una parte esencial de nuestra identidad colectiva y de nuestra dignidad.

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