El debate es difícil, pero necesario. Difícil porque no nos hemos acostumbrado a él y sus reglas. A escuchar y rebatir argumentos con argumentos. Es la expresión del parto de una sociedad democrática.
El que nos ocupa lo arrastramos hace meses, desde que fuera presentada la propuesta de las más importantes asociaciones empresariales del país para reformar el código laboral. Su última expresión la vimos en el debate entre el CONEP y el Banco Central sobre la informalidad.
Los argumentos del Banco Central, aunque con puntos fuertes, tienen limitaciones. El BC aborda el tema de los ingresos, no del salario bruto o costo laboral, que es al que se refieren los empresarios. La tesis de la informalidad voluntaria, como señaló el economista Pável Isa Contreras, es dudosa. Puede aplicar para algunas pequeñas empresas o para profesionales liberales, pero éstos no conforman la mayor parte del sector informal.
El segundo argumento, sobre el aumento de la productividad del trabajo es importante, pero debe elaborarse. ¿Cómo se ha distribuido el aumento de la productividad? Es decir, ¿qué empresas se han beneficiado de una mayor productividad?
La reforma es necesaria, pero en términos equilibrados. Para ello, la sociedad como conjunto debe aprovechar la coyuntura para adaptarse a la coyuntura de manera realista, buscando siempre mejorar la calidad de vida de quienes la conforman y en especial de los más vulnerables
Dani Rodrik ha escrito sobre el tema, la creciente dualidad en la economía –una economía a dos velocidades-, es una problemática común en países en desarrollo. Se observa que algunas empresas se adaptan a la economía moderna y globalizada, integran personal capacitado e innovaciones en procesos productivos. Otras, sin embargo, quedan rezagadas a sus procesos rudimentarios. Nuestra realidad económica es cada vez más desigual y dual.
Así, quienes más se han beneficiado del aumento de productividad de los trabajadores han sido, sin duda, las empresas formales y organizadas. Aquellas que poseen el capital con qué hacerlo. El reto está en pensar cómo enfrentar esta dualidad.
La reforma laboral es en sí mismo un desafío que se nos plantea a todos. Claramente, la propuesta empresarial ha encontrado un fracaso lamentable en el campo mediático. Manuel Díez Cabral planteó el debate en términos provocadores. “Es un código de minorías”. Lo es. Pero es la minoría que más se hace escuchar en los medios y redes sociales. La minoría que vería sus intereses afectados es aquella que ha aumentado progresivamente su participación en temas de interés nacional. Pero que conste, la mayor parte de la población del país es, lamentablemente, excluida del debate por sus tecnicismos.
La clase media rechaza -con razón- aceptar que la reforma se haga en los términos del CONEP,y así los empresarios van perdiendo la batalla en los medios. La percepción que existe de la posición del CONEP, a pesar de su supuesta visión “integral”, es que busca proteger sus beneficios. Se ve a un empresariado que busca transferir al empleado los costos de mayor competencia. Su insistencia el factor del costo del trabajo, sin contrapartida, muestra (nuevamente) una visión de corto alcance.
El costo laboral es un factor, pero no el más importante. Otros muchos, como la educación, el costo eléctrico, las deficiencias administrativas de las empresas, la falta de información oportuna y confiable sobre la economía, la dificultad para insertarse favorablemente en cadena de valor internacional, la falta de crédito a tasas favorables, en especial para las PYMES yla distribución de la carga fiscal,son otros tantos factores decisivos al hablar de competitividad.
Durante décadas se ha dicho y repetido que la flexibilidad promueve la creación de empleos formales. En realidad, lo que crea empleos es la demanda agregada. La virtud de la flexibilidad no es la creación de empleos, sino más bien que permite a las empresas adaptarse a las coyunturas económicas. Es decir, que la tasa de desempleo se hace más sensible a la coyuntura. La flexibilidad tiene además un costo social y un impacto en la calidad de vida del trabajador. Esto no quiere decir que no haya algo de verdad y algo que escuchar en lo que solicitan los empresarios.
Lo que ha mostrado este debate, en términos más amplios, es la necesidad de repensarnos y replantearnos como sociedad. Él ha puesto en evidencia –nueva vez- la pérdida de confianza tanto en las élites políticas como económicas. República Dominicana necesita renovarse. Necesitamos un nuevo pacto social que facilite el diálogo, que lo invite, y que sobre esa base podamos encontrar soluciones a nuestros conflictos y problemas.
La debate entre flexibilidad para las empresas y seguridad para los empleados está algo desfasado en las economías modernas. Luego de entrar en crisis a principios de los noventa, los países nórdicos se reformaron para volver a ser competitivos. En Dinamarca nace la flexiguridad, sistema en el que se busca conciliar ambas demandas. A esto se refería Guarocuya Félix en sus recientes visitas a los mediosal dar su parecer sobre en qué sentido debemos trabajar.
La flexiguridad, como sistema, tiene sus ventajas y desventajas. Más que un sistema, son múltiples sistemas, pues cada país que lo ha implementado se ha dado su propio diseño. Lo que tienen en común son el diálogo y la búsqueda del beneficio mutuo. La flexiguridad es el nuevo estándar internacional que se promueve desde la OCDE a las economías desarrolladas.
Este sistema permitió reducir sustancialmente el desempleo estructural en los países nórdicos-preservando los derechos laborales- y redinamizar la economía. Este tipo de diseño requiere, sin embargo, varios elementos que nuestro mercado laboral no tiene hoy, como un seguro de desempleo funcional y una alta tasa de participación en el mercado laboral para hacerlo sostenible.
Algunos afirman que el seguro de desempleo incentiva la inactividad. Es cierto que tiende a alargar el desempleo. Pero le sirve también al empleado para negociar mejores salarios y tener la paz necesaria para buscar un trabajo conforme a sus competencias. Lo que hace esencialmente es proteger la dignidad y la calidad de vida del (des)empleado. Además, con el diseño apropiado (condicionado alabúsqueda de empleo y formación, con una disminución progresiva de beneficios) incentiva la búsqueda activa de empleo. Es indispensable establecer políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad de los excluidos del mercado laboral.
En Dinamarca, despedir un empleado es fácil, pero todos sienten confianza en que encontrarán un nuevo empleo. Al perder su empleo, el 60% de las personas encuentran trabajo en menos de tres meses; 85% en menos de seis.
La flexibilidad que sí es necesaria es la flexibilidad de nuestros esquemas de pensamiento.
Los empleadores plantearon los derechos como problemas. No condujeron el debate hacia el diálogo productivo y mutuamente beneficioso. La sociedad y el Estado han cambiado. La coyuntura no se presta para que la reforma se dé bajo el esquema propuesto por los empresarios. Mientras más temprano lo entiendan, mejor.
Como dijo Pavel Isa, debemos competir agregando valor, no precarizando la calidad de vida del trabajador. Pero esto quiere decir que nosotros también debemos escuchar lo que piden. Porque para avanzar, los empleados y las empresas se necesitan mutuamente.
El debate sobre la reforma del mercado laboral es también la oportunidad para hacer otras correcciones. Por ejemplo, eliminar o reducir a su mínima expresión los salarios mínimos sectorizados, que sólo sirven para desinformar.
Es difícil no coincidir con Pavel Isa cuando habla de la necesidad de medidas transitorias específicas MIPYMES en materia laboral, cuya realidad es muy distinta a la de las grandes empresas. Los grandes capitales consolidados han visto aumentar sus beneficios de forma sistemática gracias a la optimización fiscal, que les permite pagar menos impuestos, mientras sus empresas, como vimos, se hacen más productivas y con frecuencia se benefician además de economías de escala. Al contrario, en ciertas situaciones, ciertos costos laborales pueden precipitar la quiebra a una MIPYME (necesidad de reducir personal por falta de demanda que lleva al pago de cesantía). Esas son situaciones legítimas que hay que considerar.
Como muchos lo han hecho notar, el debate en fondo es mucho más amplio. Porta sobre todo nuestro modelo productivo: motores del crecimiento económico, mercado laboral, política industrial, fiscal y social. Su reorganización supone ganadores y perdedores. Previsible es que el debate se torne visceral. El bienestar colectivo depende de que podamos encontrar salidas viendo más allá de nuestro ombligo.
La reforma es necesaria, pero en términos equilibrados. Para ello, la sociedad como conjunto debe aprovechar la coyuntura para adaptarse a la coyuntura de manera realista, buscando siempre mejorar la calidad de vida de quienes la conforman y en especial de los más vulnerables.
Los empresarios deben revisar su actitud. También debe hacerlo el resto de la sociedad.