La ilusión de bienestar que en el ámbito oficial crean las estadísticas sobre estabilidad macroeconómica, aleja al gobierno de la realidad social en que viven las mayorías nacionales. Ni siquiera la alta clase media y profesional del país la estaría pasando como los funcionarios se la imaginan. Los excesivos impuestos erosionan las posibilidades de progreso de aquellos que se afanan al frente de negocios y actividades profesionales para mejorar sus condiciones de vida. La voracidad impositiva despoja a los ciudadanos de toda perspectiva de cambio y bienestar.
Las empresas pagan impuestos cuatro veces al mes y deben cubrir nóminas quincenales. Además pagan el ITBIS y el adelanto del 1.5% por facturación, es decir por dinero que no han recibido ni saben cuándo lo tendrán. A esto se suma la obligación de los anticipos de renta, a razón de tres veces por año, sobre la base del ejercicio fiscal anterior, lo que supone presunción de utilidades o negocios que nadie puede adivinar, porque todos los años no son iguales y las ganancias de un período necesariamente no se repiten en el siguiente.
El gasto de electricidad es el doble de la facturación, porque la deficiencia del servicio obliga al uso de plantas de emergencia con alto consumo de combustible. La ley de seguridad social es otra carga, porque la asistencia hospitalaria es una ficción lo que hace necesario un gasto doble para garantizar un seguro de salud. El Estado no brinda los servicios que la Constitución asegura a los ciudadanos. Las familias y las empresas tienen que gastar enormes sumas para proveerse de energía, agua, vigilancia, educación y una extensa gama de servicios que el gobierno está obligado a ofrecer y no ofrece.
Los barrios son un verdadero desastre, con calles inservibles, sin aceras, sin agua, electricidad y escuelas. La falsa ilusión de bienestar tiene al gobierno inmerso en un mundo irreal del que no despierta.