Tarifa Indexada
Muchas personas viven señalando que la no aplicación de la supuesta tarifa indexada es una de las principales causas del déficit financiero del sector eléctrico, llegando a insinuar que de aplicarse dicha supuesta tarifa indexada, las distribuidoras estarían en capacidad de cubrir con sus gastos operativos.
De acuerdo a las cifras publicadas por la CDEEE en el Informe de Desempeño del Sector Eléctrico para el periodo Enero-Septiembre 2014 (último informe publicado), el déficit de las distribuidoras en flujo de caja proyectado para todo el 2014 es de unos US$1,300 millones, mientras que el déficit en flujo de caja proyectado para la CDEEE para todo el 2014 se sitúa en unos US$700 millones. Estas cifras arrojan un déficit total en flujo de caja de las distribuidoras y la CDEEE (déficit en flujo de caja del sector eléctrico) proyectado para el 2014 de unos US$2,000 millones.
El déficit en flujo de caja de las distribuidoras proyectado para el 2014 en función de los datos publicados hasta Septiembre, representa alrededor del 65% del déficit total en flujo de caja del sector eléctrico.
Según cifras de la Superintendencia de Electricidad (SIE), en el 2014 el supuesto subsidio a la tarifa represento unos US$325 millones, equivalentes a un 25% del déficit proyectado en flujo de caja de las distribuidoras y a un 16.25% del déficit proyectado en flujo de caja de las distribuidoras y la CDEEE.
De haberse aplicado en el 2014 la supuesta tarifa indexada y utilizando un índice de cobranzas de 97% correspondiente al índice de cobranzas del periodo Enero-Septiembre 2014, el déficit en flujo de caja de las distribuidoras proyectado para el 2014 hubiera pasado de unos US$1,300 millones a unos US$985 millones, mientras que el déficit proyectado en flujo de caja del sector eléctrico hubiera pasado de unos US$2,000 millones a unos US$1,685 millones.
La aplicación de la supuesta tarifa indexada en el 2014 en caso de que se hubiera mantenido el mismo índice de cobranzas que presentan las distribuidoras sin la aplicación de dicha tarifa indexada, hubiera representado una disminución alrededor de un 24% en el déficit proyectado en flujo de caja de las distribuidoras y de aproximadamente una reducción de un 15.75% en el déficit en flujo de caja proyectado de las distribuidoras más la CDEEE.
La realidad evidencia, que cada vez que se produce un aumento de tarifa, las perdidas y déficit financiero de las distribuidoras aumentan, debido a la alta vulnerabilidad que presentan las redes de distribución y a la ineficiencia con que dichas empresas son gestionadas. Bajo las condiciones actuales de gestión ineficiente de las distribuidoras, alta vulnerabilidad del sistema de distribución y de la falta de alrededor de un (1) millón de contadores para medir el consumo de los usuarios que hoy utilizan el servicio y el mismo no es medido, las distribuidoras tardan entre dos (2) y tres (3) años en recuperar vía cobros, los aumentos que se producen a través de la tarifa eléctrica.
De haberse producido la aplicación de la tarifa indexada en el 2014, tomando como referencia las experiencias del pasado, el déficit en flujo de caja de las distribuidoras y del sector eléctrico (distribuidoras + CDEEE) se hubiera situado alrededor de los mismos niveles que se proyectan para el 2014 sin la aplicación de los aumentos sugeridos por la indexación de la tarifa.
La aplicación de la supuesta tarifa indexada produciría que el margen de intermediación de las distribuidoras o Valor Agregado de Distribución (VAD), se situé en el orden de los US$0.09/kwh, que representa un valor tres (3) veces mayor que el valor referencial de VAD de una distribuidora eficientemente gestionada y sin los excesivos gastos corrientes y empleados que poseen las distribuidoras dominicanas.
Lo grave de la aplicación de la supuesta tarifa indexada y el mito asociado a dicha teoría, es que aun dicha supuesta tarifa indexada entrara en efecto, las consecuencias sobre la reducción de las perdidas y del déficit financiero en flujo de caja de las distribuidoras seria cuestionable, mínimo o inexistente y en cambio, como ha sido la costumbre, el efecto real seria contrario a las intenciones, pues las perdidas y déficit financiero de las distribuidoras en lugar de disminuir aumentarían y en el mejor de los casos se mantendría en los mismos niveles que existían antes de la aplicación de la supuesta tarifa indexada.
El famoso Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) bajo el cual se pretende justificar el supuesto subsidio a la tarifa, en la realidad no se corresponde con un subsidio a los consumidores, sino que es un subsidio a las distribuidoras para cubrir parcialmente el costo de la ineficiencia, pésima gestión y exceso de gastos corrientes y empleomanía de esas empresas.
Conclusiones
1. Las bajas cifras de reducción teórica no realista del déficit en flujo de caja de las distribuidoras y del sector eléctrico que supuestamente ocurriría mediante la aplicación de la supuesta tarifa indexada, la cual no se corresponde con un esquema de tarifa técnica, demuestran sin ningún tipo de cuestionamiento, que los elevados déficits financieros de las distribuidoras y del sector eléctrico que ha obligado en los últimos tres (3) años a la erogación de subsidios directos por un monto de unos US$3,500 millones y de unos US$9,000 millones para el periodo 2005-2014, están más asociados a la ineficiencia y pésima gestión de las distribuidoras, a la baja inversión en reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en distribución y comercialización y al exceso de gastos corrientes y empleados de las distribuidoras y la CDEEE.
2. Si el Gobierno no toma la firme decisión de invertir recursos importantes en la reducción de las excesivas perdidas de las distribuidoras (no menos de US$800 millones en dos (2) años) y de reducir drásticamente los excesivos gastos corrientes de esas empresas y la CDEEE, tal y como tomo la correcta y necesaria firme decisión, pero insuficiente, de contratar la construcción de las centrales a carbón, cuyo costo total se situara en el orden de los US$3,000 millones cuando se computen los costos asociados a la línea de interconexión, escalamiento de costos e intereses durante la construcción, costos de desarrollo, etc., entre el 2014 y la fecha en que dichas centrales entren en operación (entre 4 y 5 años incluyendo el 2014), el Estado podría estar erogando una suma total que oscilaría entre los US$5 mil y US$ 6 mil millones solo en subsidio directo al sector eléctrico, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que el País sufra apagones más intensos y frecuentes a los que se reciben en la actualidad. Para el 2015, con todo y la reducción del precio del petróleo, el déficit en flujo de caja del sector eléctrico (distribuidoras + CDEEE) se situara una vez más en el orden de los US$1,700 a US$2,000 millones y para el 2016 al ritmo que van los acontecimientos, no sería extraño esperar ninguna mejoría importante en términos de reducción del subsidio eléctrico, a pesar de la caída en los precios del petróleo sobretodo tomando en cuenta que es un año electoral.
3. La inversión a realizar en la reducción de las pérdidas de las distribuidoras es menos del 30% de la inversión total a realizar en la construcción de las plantas a carbón de Las Catalinas y menos del 15% de la inversión que se requeriría para que las distribuidoras hubieran podido comprar en el 2014 toda su energía a US$0.12/kwh.
4. Esta inversión de US$800 millones, se puede realizar en un menor tiempo y con impactos positivos mayores en la reducción de las altas perdidas, del elevado déficit financiero y subsidio al sector eléctrico, cuyos resultados podrán observarse más rápidamente que los efectos de la entrada en operación de las plantas a carbón y/o de la conversión de todo el parque de generación para que solo opere a base de carbón, gas natural, hidroeléctricas y energía eólica.
5. Si el Gobierno ha podido comprometer las finanzas públicas para ejecutar un proyecto de inversión en las plantas a carbón de Las Catalinas que implica unos US$3,000 millones en por lo menos cinco (5) años, a razón de unos US$600 millones en promedio por año, más fácil resultaría hacer un compromiso serio para una inversión en distribución de unos US$800 millones en dos (2) años, a razón de unos US$400 millones por año, para atacar y resolver las altas perdidas y elevado déficit financiero que experimenta el sector eléctrico, las cuales constituyen uno de los peores cánceres que corroe y hace metástasis acelerada en las finanzas públicas.
6. La eliminación de las altas perdidas, elevados gastos corrientes y exceso de empleomanía de las distribuidoras y la CDEEE, conjuntamente con el respeto a la Ley, marco institucional e independencia del Regulador (SIE), son las correctas y claras señales que permitirían atraer nueva inversión privada al sector eléctrico, con lo cual se fomentaría la apertura del mercado eléctrico, propiciando una mayor competencia en el segmento de generación, sin necesidad de que el inversionista privado exija al Estado garantías soberanas ni financieras ni de ningún tipo, ni privilegios irritantes, para poder realizar sus inversiones.
7. Los enormes déficits financieros y subsidios asociados al sector eléctrico, los cuales ahogan las finanzas públicas, quedarían eliminados con la implementación de las medidas y acciones indicadas, lo que permitiría liberar cuantiosos recursos a favor de la salud y educación, recursos que hoy son tirados por la borda para mantener operando un sistema eléctrico caracterizado por las altas perdidas, la ineficiencia y exceso de gastos corrientes y empleomanía de las distribuidoras y la CDEEE.
8. Eliminemos de una vez y para siempre los agujeros que ocasionan que en el sistema eléctrico, independientemente del precio de compra de la energía, se pierda alrededor del 40% de la energía que las distribuidoras compran a los generadores.