Al momento de escribir esta columna la República Dominicana se encuentra viviendo uno de los tiempos de mayor miedo y terror de toda su historia. La delincuencia y el crimen organizado se han adueñado de nuestra sociedad y con la complicidad, ya sea activa o pasiva, de nuestras autoridades han logrado que no haya un solo dominicano que al salir de su casa no sienta el temor de poder ser víctima de un acto delictivo. El último de los hechos que nos ha indignado y conmovido fue la trágica muerte el pasado sábado de la joven Leslie Rosado en manos de un cabo de la Policía Nacional, quien la mató a quemarropa en el municipio de Boca Chica.
El pasado sábado fue Leslie, hace unos meses las víctimas fueron unos pastores que transitaban por Villa Altagracia, mañana podemos ser cualquiera de nosotros los que suframos las consecuencias de un país donde no hay quien controle a los delincuentes. Lo más preocupante de todo es que los que están llamados a garantizar la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, son los que nos hacen sentir más inseguros cada vez que nos los encontramos en las calles. Esa institución ha permitido que muchos de sus miembros sean igual o más delincuentes que cualquiera de los que se encuentran en nuestras cárceles. Sus acciones nos demuestran cada día más que muchos de los uniformados no son más que salvajes armados al servicio del que le garantice el pago de la cantidad de dinero que acuerden.
Mientras tanto, los que dirigen este país, no solo los del gobierno actual, ya que esto no es solo responsabilidad de los que gobiernan hace solo poco más de un año, solo se quedan en teoría: nueva ley orgánica para la Policía, reforma policial, desarme de la población, etc. En otras palabras, tenemos años buscando soluciones en mesas de dialogo, en comisiones de expertos, en propuestas de reformas, preparación de informes, es decir, en palabrerías baratas, que no conllevan acciones y no resuelven la crisis que venimos enfrentando desde hace años y que cada día se empeora.
El combate de la delincuencia, incluyendo dentro de ella al crimen organizado que se encuentra dentro de los cuerpos del orden, debe ser un tema de alta prioridad nacional. Se debe hacer todo lo que está en manos de las autoridades para combatir este flagelo. Pensemos no solamente en los daños que nos hace a nivel interno, sino también en las repercusiones a nivel internacional que esto causa. No hacemos nada invirtiendo en una marca país, si las noticias que llegan a otros países son de los asesinatos cometidos en nuestro territorio, no solo por la delincuencia común sino también por nuestros policías. Así no valdrá promoción que nos ayude a posicionarnos como un destino atractivo para visitar.
Otro aspecto que indigna y al cual me quiero referir es la irresponsabilidad con que la Policía Nacional asume los hechos cometidos por sus miembros. En el caso específico de Leslie Rosado, inmediatamente declaran que el cabo no se encontraba en servicio en el momento del hecho. Sin embargo, luego sale a la luz un video en donde no solo se muestra al cabo persiguiendo a Leslie Rosado, sino también a un camión de la Policía Nacional detrás, quienes, según testigos, no tomaron ninguna acción para impedir el horrendo crimen cometido, lo que demuestra un nivel mayor de involucramiento de miembros de la institución. Además, poco importa si el cabo estaba prestando servicio en el momento del hecho, es un miembro de la Policía Nacional que debe ser para la sociedad un ejemplo de cumplimiento de las leyes.
Por igual, recalcar el papel del Ministerio Público en este combate de la delincuencia. No podemos perder de vista que este órgano es el encargado de la investigación y que tiene un papel de liderazgo sobre la policía al momento en que se investiga un hecho delictivo. Por tanto, no logro entender cómo, en lugar de dotar al Ministerio Público de más recursos, en el proyecto general de presupuesto para el año 2022 se le pretenda reducir más de 500 millones de pesos a la partida que se le otorgará, en comparación con este año. Este tipo de acciones no son coherentes. Tenemos un Ministerio Público que actúa bajo unas condiciones precarias, con empleados que en muchas ocasiones no tienen la preparación requerida para la función que desempeñan. Mientras sigamos dándole la espalda a esas áreas tan delicadas, no podemos pretender que mejoren nuestros niveles de seguridad ciudadana.
Finalmente, desde aquí solo nos resta exigir justicia y todo el peso de la ley contra aquellos que acabaron con la vida de Leslie Rosado el pasado sábado y contra todos aquellos que con sus conductas antisociales han acabado o atentado contra las vidas de otras personas. Es hora de que como pueblo nos unamos y así como exigimos el fin de la impunidad, exijamos el fin de la delincuencia. En la República Dominicana, actualmente, no se vive, se sobrevive.