En cualquier país del mundo, las leyes cumplen con el objetivo de codificar las actividades que realizan sus habitantes. El sistema legal moldea especialmente las actividades económicas, creando las condiciones propicias para la creación de beneficios, su acumulación y, al mismo tiempo, crea la desigualdad social (Pistor, 2019). La organización legal de las naciones garantiza derechos y libertades en sociedades democráticas; no obstante, los indicadores del grado de respeto a las libertades parecen estar en relación directa con el nivel de desarrollo, tal y como argumenta Amartya Sen (1999) en su obra Desarrollo como Libertad.
En las sociedades que organizan sus economías siguiendo las directrices del mercado, las leyes persiguen garantizar una competencia justa entre las firmas. Es decir que ninguna firma tendrá la capacidad de manipular los precios relativos a través de la participación de su producción en el mercado. No obstante, la práctica señala que pese al libre comportamiento individual en los mercados no se ha producido el bienestar social; por el contrario, la concentración del ingreso ha sido destacada recientemente por varios autores, Piketty (2014), Milanovic (2016). Han transcurrido casi cuatro siglos desde la publicación de la Riqueza de las Naciones en 1776, y todavía no se ha alcanzado el bienestar social y simultáneo.
La realidad es que los resultados que científicamente anunciaba la teoría económica neoclásica han sido parciales en los países desarrollados, aunque con una tendencia a la concentración del ingreso y la desigualdad; mientras que para los países de menor desarrollo, la desigualdad y la pobreza han sido la norma. Durante ese lapso, algunos economistas educados en la tradición neoclásica, escribieron importantes trabajos que reconocen que los mercados por sí solos enfrentan dificultades para producir el equilibrio (bienestar social) en el largo plazo.
El profesor George J. Stigler, quien obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Chicago, publicó en 1971 un artículo titulado “La Teoría de la Economía de la Regulación”; un título que resulta contrario a la tradición neoclásica de que los mercados se auto-regulan. Lo interesante de este trabajo es que muestra su desacuerdo con la magia de la auto-regulación y la automaticidad en la solución de las crisis económicas que sugiere Robert Lucas en sus Prioridades Macroeconómicas (2003). Las crisis económicas continúan ocurriendo a pesar de la perfección que se le asigna al mercado y, por el contrario, nuevamente se ha colocado sobre el tapete la necesidad creciente de la intervención del gobierno a través de sus instituciones reguladoras.
Esta teoría de la regulación de los mercados de Stigler resulta incompatible con la caracterización del equilibrio de largo plazo que propone la teoría neoclásica. Keynes no tuvo la fortuna de vivir lo suficiente para enjuiciar ese resultado ya que tal y como lo había predicho, “en el largo plazo todos estaremos muertos”. Pero muchos de sus seguidores tampoco han tenido la suerte de estudiar el resultante estado de bienestar social que se alcanza en el equilibrio de largo plazo.
Otros obstáculos dificultan la evaluación de estos resultados. La intervención del gobierno a través de sus organismos reguladores tampoco constituye una panacea para resolver los desequilibrios del mercado y evitar las crisis. En general, los sistemas políticos han sido sensiblemente vulnerados por los intereses privados, con lo cual las decisiones de políticas públicas no obedecen sólo al análisis de las condiciones del mercado y al interés de resolver los problemas que afectan a la población. Además, esas decisiones de política se relacionan con el tamaño del sector privado que resulte afectado y de las posiciones políticas capturadas por el sector privado en el gabinete.
Actualmente, es común en las democracias occidentales que las campañas electorales sean financiadas por firmas privadas. Por otro lado, se producen acuerdos políticos para lograr coalición de fuerzas que aseguren el triunfo electoral. Bajo estas circunstancias, se debilitan las decisiones presidenciales dependiendo del grado de autonomía del ejecutivo. Las agencias reguladoras del Estado enfrentan una suerte similar en las economías de mercado, al intentar proteger a la población de los efectos perniciosos de las crisis económicas y de las acciones del sector privado en su afán de proteger su tasa de beneficios. De las primeras no escapó Lucas, ya que, cinco años más tarde de anuncio sobre el fin de las crisis económicas le sobrevino la crisis financiera del 2008.
Las influencias del sector privado en las decisiones de políticas públicas dependen en buena medida de la fortaleza institucional. En el país, el cumplimiento de la ley es precario y depende de la correlación de fuerzas económicas y políticas, un ejemplo de esto es el caso de la firma Planeta Azul. La diferencia en la correlación de fuerzas tiene que ver con la estructura del sistema político-electoral. Es conocido que los grupos empresariales dominicanos tradicionalmente aportan fondos a las campañas electorales de los partidos; de manera que los presidentes quedan comprometidos con los intereses privados.
Igualmente, en un sistema partidario atomizado como el nuestro, en el que ningún partido político tiene la probabilidad de ganar unas elecciones contando sólo con sus propias fuerzas, la independencia de las decisiones de políticas públicas queda comprometida. Un ejemplo de esto es el combate a la corrupción, sin excepciones.
Los organismos reguladores del Estado están dirigidos por representantes del sector privado o forman parte de sus consejos directivos, por tanto, la regulación no es efectiva en los mercados dominicanos. Por esta razón, los bancos comerciales son omnipotentes frente a sus clientes, como lo son también las empresas de seguros, los seguros de salud y de pensión. El regulador del sector eléctrico no es independiente y lo mismo ocurre en el sector de educación, en el que las directrices de las políticas de educación pública se deciden en un consejo compuesto por dueños de colegios privados.
Por todo lo anterior, resulta imposible caracterizar los mercados domésticos como perfectos, lo que convierte en inaplicable las recetas de políticas de la economía convencional. En nuestros mercados están presentes todos elementos que tipifican su imperfección y, por lo tanto, plantean que las políticas económicas no se encuentran en los manuales de la economía convencional y que la crisis económica que hoy enfrenta el país no admite ideologización de las políticas públicas.
Además, el sector privado tiene como objetivo central su tasa de beneficios, claro no en el marco de la competencia, sino en el dominio absoluto del poder político y económico; convirtiendo a los mercados competitivos en una pieza de museo virtual. De esta manera, nuestro país jamás llegaría a un estado de bienestar social óptimo como el que pregona la teoría económica clásica; por el contrario, colocaría a los dominicanos frente a otra encrucijada política difícil y a un mayor deterioro de las condiciones de vida de la gente.