En esta semana se ha llevado a cabo la reunión Bienal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en San Salvador con un llamado a todos los países latinoamericanos a que tomen un rol más activo dentro de sus respectivos países y a la promoción de políticas de integración regional más efectivas.

En principio estas propuestas aparentan ser consistentes con los planteamientos de la generalidad de la ortodoxia pasada y reciente del mundo Keynesiano o los estructuralistas del pasado. Cuando la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena dice, "La propuesta de la CEPAL requiere una actuación equilibrada entre el Estado, el mercado y la sociedad”, tenemos que sentirnos cómodos y hasta dubitativo de cuando (por lo menos en el papel) no han sido esas las relaciones que siempre se han deseado entre esos actores.

Sin embargo rápidamente afloran las contradicciones, por lo menos en la retórica entre los países que claman por la integración y políticas conjuntas de reducción de pobreza. Solo hay que escuchar al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Rafael Roncagliolo cuando expresa que es necesario "que los Estados entiendan que su tarea no es servir a los más ricos, sino a los más pobres".

Indudablemente que el escenario estaba preparado para el ataque frontal a las practicas del pasado, cuando el Presidente Salvadoreño Mauricio Funes dio apertura al seminario abogando por que el Estado recupere "el rol activo que perdió a partir de los años ochenta en virtud de los modelos neoliberales", que dan preeminencia al libre mercado.

Aquí es donde radica históricamente parte de la debilidad del debate económico en Latinoamérica y donde debemos de fortalecer nuestro involucramiento, empoderamiento social si queremos convertir al Estado en un ente eficiente de cambio para las mayorías. Nuestra Región clama por la integración regional, y para lograrlo apuesta al libre mercado para garantizar un trato igualitario con el coloso del norte y con Europa. Sin embargo una vez quebradas las barreras, nos concentramos en el norte y nunca miramos a aquellos con los que originalmente nos queríamos integrar para competir en calidad de bloque regional.

La pobreza que vive nuestra región se debe en mayor medida al mal manejo, dispendio, concentración del poder y corrupción promovida por el Estado que a las leyes del mercado. Solo tenemos que mirar el caso del Sector Eléctrico en nuestro país o el petrolero en Venezuela para entender que la receta no es tan sencilla como que lo que requerimos es de tapar "el vacío" de participación del Estado.

Nadie puede negar que adolecemos de una inversión suficiente y efectiva en políticas sociales (educación, vivienda, salud, transporte, seguridad, etc). Pero no es menos cierto que en la mayoría de los casos de Latinoamérica, esto no es producto de un avasallamiento por parte de las economías o multinacionales del Norte o Europa, sino de la falta de visión, intencionalidad e integridad de nuestros gobernantes.

En el caso dominicano resulta bastante irónico, que sea el Ex-Presidente Fernández, el mismo que nos deja con un déficit fiscal de más de un 6% del PIB al cerrar este año, el que esté haciendo un llamado al intervencionismo Estatal de carácter social. Si con los fondos que provocaron dicho déficit nunca se promovió la Educación (la más baja inversión de toda Latinoamérica, exceptuando Haití), nunca se aprovechó el DR.-CAFTA para aumentar nuestras exportaciones hacia los países miembros, no se mejoró la inversión en infraestructura que garantice bienestar (sino por el contrario, se promovió el asistencialismo), si de cada 3 empleos "creados" en los últimos 10 años 2 han sido en el Sector Publico como clamar por un Estado aun mas grande.

Indudablemente tenemos que promover un equilibrio y políticas que garanticen eliminar, como quiere Barcena, 75 millones de pobres en Latinoamérica, pero tenemos que comenzar haciendo una profilaxis profunda dentro del propio Estado. Para garantizar una clase dirigente distinta, en intencionalidad y en ejecutorias.