Escribí un artículo con ese título en 1988, para la sección “Sábado Económico” del Listín Diario, que en ese medio publicaba la Fundación Economía y Desarrollo.  El Banco Central empezaba a regular ese producto financiero, que mostraba un crecimiento asombroso, motivado por su impacto en los medios de pago y el peligro de inducir excesos de consumo que afectaran la estabilidad de las finanzas personales y el hogar.  Sobre la evolución de este negocio y sus participantes escribía:

“Existen en la actualidad unas 20 empresas emisoras de tarjetas y otras 7 están aprobadas, pero no han empezado operaciones. El número de tarjetahabientes ascendió a 140,238 al final de 1987, los cuales realizaron compras por un valor total de RD$341 millones, más del doble del valor alcanzado el año anterior.”  La empresa líder era Credomatic, filial del Grupo Financiero Popular, con un tercio de las tarjetas emitidas y el 43.6% de la facturación, liderazgo que todavía conserva en la mayoría de las diferentes modalidades que hoy se ofrecen al público.

Un cuarto de siglo atrás, las financieras tenían importante participación en el mercado.  En conjunto, a las  tarjetas  Oro, La Monetaria y Facicard correspondía el 31.6% de la cartera y el 30% de los clientes; la Oro triplicaba los plásticos que tenía emitido Bancrédito y en facturación la relación a su favor era de dos a uno.  En el mercado ya existían tarjetas orientadas a las necesidades de las empresas, donde Bancomercio lucía ser pionero y exclusivo emisor, con un balance en cartera de RD$26 millones a diciembre de 1987, cuando la tasa de cambio a esa fecha rondaba los RD$5.00 por dólar en el mercado paralelo.  Esto de acuerdo a lo que infiero de la gráfica en el Sábado Económico No.16 “La Prima y el Fondo”, artículo de Andy Dauhajre que complementa “Las primas del Presidente, del Gobernador y de la AID”, también de su autoría y con el cual estrenó esa controversial sección.  Con respecto a las regulaciones recientemente introducidas ese año para las tarjetas comentaba:

“Algunas de las medidas adoptadas hacen más restrictiva la entrada de nuevos emisores al mercado (prohibición de nuevas licencias por dos años y el aumento del capital inicial). Otras regulaciones restringen el margen de sus operaciones activas y pasivas (límites de inversión en activos fijos y prohibición de captación de depósitos para obtener recursos). Otras medidas quizás se orientaron a evitar la competencia de los emisores en los intereses y comisiones que se cargan a los tarjetahabientes y negocios afiliados (establecimiento de topes o cargos máximos a los intereses, las comisiones, los cargos por mora, las comisiones a los negocios afiliados y a los cargos por expedición y reposición de tarjetas). Finalmente, se establecieron procedimientos para reportar las informaciones que permitan a las autoridades evaluar la situación financiera de las empresas emisoras.”  Con respecto al congelamiento temporal de la entrada de nuevos emisores, en el artículo citaba que el gobernador del Banco Central la veía como forma de “evitar que siga expandiéndose esta modalidad de dinero plástico que provoca un incremento desmedido del poder adquisitivo, básicamente para bienes de consumo pero de manera ficticia”.

A esa buena intención de la autoridad monetaria respondí de esta manera:

“El Banco Central tiene una legítima preocupación sobre el desarrollo de este sector, ya que los emisores realizan una labor de intermediación financiera y varios son entidades bancarias.  Otra razón importante es que ante un eventual fracaso de una de estas empresas, la opinión pública tiende a señalar falta de vigilancia de las autoridades y a abogar por indemnización de partes afectadas.  De ahí su interés de participar en el ordenamiento de la actividad.

Las compañías emisoras comparten la preocupación del Banco Central sobre el uso del crédito por encima de las posibilidades de ingreso de los tarjetahabientes.  Más aún, estos pueden introducir correctivos a esta situación con más efectividad y rapidez que las mismas autoridades ya que está en juego la rentabilidad del negocio.  De hecho, esta preocupación es lo que lleva a exigir un salario mínimo a quienes aplican y otorgar límites de crédito  de acuerdo a los niveles de ingreso.

Es muy probable que los emisores tengan apreciaciones no muy divergentes sobre lo que pueden aprobar a un individuo.  Por una razón, la compañía emisora que trate de ganar clientes sobrepasando los niveles de crédito que ofrecen los competidores podría verse en el problema que se conoce como de “selección adversa”.  Este consiste en que dicha política atraerá junto con clientes buenos un grupo apreciable de clientes potencialmente problemáticos en sus pagos.

El peligro de que un individuo logre acceso a una línea de crédito desproporcionada con sus ingresos obteniendo tarjetas de diferentes emisores no es muy grave de corregir.  El avance tecnológico en la transmisión de información ha colocado nuestra reputación crediticia al alcance de nuestros potenciales acreedores.  Por ejemplo, un emisor requiere de quien aplica informaciones sobre el uso actual de otras tarjetas de crédito, lo que le permite hacer una mejor evaluación del crédito a conceder.  Previendo que  no se provea esa información, la asociación de emisores puede organizar una base de datos para uso común que permitan detectar este tipo de cliente.  En todo caso, el individuo tiene una limitación temporal en su uso excesivo del crédito, ya que por una mala experiencia de pago le pueden negar la renovación de la tarjeta.

La preocupación de los emisores por hacer una buena selección de clientes trata de prevenir problemas con los negocios afiliados. Aquellos con un alto porcentaje de clientes morosos se verán en problemas para honrar el pago de los vouchers que le presenten  los negocios.  Esto les impedirá generar comisiones y contribuirá a arruinar su reputación, la cual es muy importante en una empresa de servicios que opera en un mercado bastante concurrido. Como se ve, el interés de hacer el mecanismo de tarjetas de crédito más eficiente lleva a los mismos emisores a autoregularse y a disminuir en parte las tensiones con los organismos reguladores.

El mercado de tarjetas de crédito puede operar de tal manera que evite seleccionar al consumidor compulsivo que parece preocupar a las autoridades.  Creo que hay más consumidores racionales que compulsivos o irracionales.  El consumidor racional elige niveles de endeudamientos adecuados a su generación de ingresos y sus preferencias de consumo en el tiempo.  El uso de las tarjetas de crédito no los vuelve por arte de magia plástica en consumidores compulsivos, ya que el crédito existía antes bajo otras modalidades aunque mucho menos eficientes.  Por otro lado, el consumidor irracional antes de tener acceso a las tarjetas utilizaba otros mecanismos para endeudarse; hipotecaba en varios rangos sus propiedades inmobiliarias, tomaba prestado con garantía del vehículo, le cogía prestado al prestamista a altas tasas de interés, al amigo o familiar sin interés, empeñaba prendas y muebles del hogar o vendía a descuento sus cheques.  Este tipo de personas antecede al uso de la tarjeta y a todas las formas de crédito formal o informal conocidas.”

Actualmente, las tarjetas de crédito es una actividad donde predominan como emisores los bancos múltiples que ofertan una amplia gama de tipos para acomodar los niveles de ingresos de los individuos o las demandas particulares de empresas tales como consumo combustibles o reposición de inventarios.  Amplia información sobre los productos, tasas y comisiones están disponibles en el portal de la Superintendencia de Bancos, de los cuales he creado reportes disponibles al público en www.scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB.  Recientemente las tarjetas han estado en la mira de reguladores, legisladores, entidades por la defensa del consumidor y analistas económicos en aspectos que comentaremos más adelante.