El artículo 2 de la Constitución de la República Dominicana de 2010 señala que «la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes».
Sin embargo, el artículo 77.4 de la misma Carta Magna expresa que «las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas». Así mismo, el artículo 210.1 de la Constitución establece que las consultas populares mediante referéndums no podrán versar sobre «aprobación ni revocación de mandato de ninguna autoridad electa o designada».
Nada más contradictorio, ¿cómo rendirán cuentas al pueblo, si no están ligados por mandato imperativo? Es bien sabido que los candidatos reciben donaciones de los empresarios. Entonces, no existiendo el mandato imperativo, ¿a qué intereses responderá? ¿a los intereses de los donantes o a los intereses del pueblo? Está de más decir que la respuesta es que responderá a los intereses de los donantes.
Además, cuando el legislador rompe la disciplina del voto de su partido, como no está ligado por mandato imperativo, responde por sus actos ante su partido. Cuando esto sucede, en palabras de Alberto Garzón, «la soberanía efectiva se ha desplazado desde los ciudadanos hasta los partidos políticos, que son los que tienen la capacidad de fiscalizar a los representantes. Así, hemos pasado del mandato imperativo pueblo-representante al mandato imperativo partido-representante, por mediación del formalmente establecido mandato libre o representativo».
Entonces, si la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, como habíamos dicho, éste debe ser capaz de revocar el mandato a un representante electo que no goce de su confianza política. De esta manera, con mecanismos como los revocatorios se garantizaría la voluntad del pueblo, evitando que sus representantes electos se desconecten de sus bases e incumplan sus programas electorales.
Sólo con mecanismos participativos, como los referéndums y las iniciativas legislativas populares, que se encuentran pendientes de una legislación que los regule, podremos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, donde el ciudadano tenga una participación más allá de votar cada cuatro años.
Si bien los políticos tradicionales están protegidos por un pacto implícito entre el bipartidismo y por el clientelismo, no están dispuestos a correr el riesgo de que la sociedad despierte y se dé cuenta de que representan otros intereses que no son los del pueblo. Por lo tanto, hablar de revocatorios es una ilusión.