El virus de la chikungunya ha puesto en jaque al sistema público de salud, evidenciando la incapacidad, improvisación y el desabastecimiento general de los hospitales más importantes y emblemáticos. Lo cierto es que esta no es la primera vez que una enfermedad doblega al país, ni será la última.
Antes sentimos vergüenza por la incapacidad del país de alcanzar los objetivos del Milenio en salud. Ahora, por la información suministrada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) de que, de los 61,864 casos del virus chikungunya reportados en 16 países, más de la mitad, 38,000, corresponden al país.
Sus recurrentes deficiencias, han forzado a los impotentes y avergonzados médicos a salvar su responsabilidad declarando en estado de emergencia al hospital Luis E. Aybar, señalando que allí “se hace medicina de guerra, ya que no disponemos de medios diagnósticos para verificar de qué está enferma la gente que llega”, situación que ha sido calificada de desastrosa. En cualquier otro país eso sería suficiente para disponer un cambio de rumbo.
Mientras altos funcionarios y congresistas gastan, con cualquier pretexto, el dinero del país en banalidades y politiquerías, la mayoría de los hospitales públicos carecen de los medios indispensables para atender las urgencias de la población más pobre y vulnerable.
Incumplimiento de la Ley General de Salud
Durante la década de los noventa, el país recibió prestamos por casi 120 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) “para reformary modernizar el Sector Salud”, cuyos estudios, propuestas, planes pilotos y recomendaciones fueron archivados.
Todavía, 13 años después de la promulgación de la Ley General de Salud (Ley 42-01) y de la Ley 87-01 de Seguridad Social, el sistema de salud continúa con las mismas deficiencias, sin mostrar ningún avance, ni cambio estructural, para adecuarse al nuevo orden establecido por ambas leyes.
Este estado de cosas, no sólo evidencia la incapacidad del Ministerio de Salud Pública (MSP), para establecer el orden en su propia casa, sino además, para ejercer con propiedad la función que le atribuye la Ley 42-01 en la habilitación, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Salud (PSS). ¿Con qué calidad moral va el MSP a fiscalizar a las clínicas y centros privados de salud, cuando ni siquiera es capaz de dar el ejemplo superando limitaciones, deficiencias, y evitando el continuo deterioro y el desabastecimiento de sus propias hospitales?.
Este drama sanitario recurrente revela la necesidad de asignar un 5% del PIB para el sector salud; de separar las funciones de dirección regulación y supervisión de la provisión de los servicios; y de reorganizar e integrar la red pública de salud para elevar su eficiencia. Además, de elevar la capacidad gerencial y de aplicar un sistema de remuneración que incentive la dedicación y el desempeño.
Estos objetivos trascienden la capacidad y el horizonte de las autoridades, por lo que se requiere del concurso de todos los sectores y actores, mediante un pacto social para elevar los indicadores de salud, avanzar hacia la cobertura universal y reducir el gasto de bolsillo de la población.
El al Presidente Medida ha tenido que paralizar por un día a casi toda la administración pública para contener el avance de este virus. Ojalá que esta traumática experiencia lo convenza de la urgente necesidad de impulsar las transformaciones necesarias para superar esta situación!!