Hace pocos días se cumplieron dos años de la promulgación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre Seguridad Vial. Su objetivo fundamental era y es tratar de ordenar el creciente y cada vez más peligros y costoso caos en que fluye el tránsito vehicular tanto en el área urbana como en las carreteras y autopistas del país, reducir la cantidad de accidentes, y por consiguiente el número de víctimas fatales que provoca y constituye la principal causa de muertes violentas en el país.
La creación de este organismo generó grandes expectativas, vale decir que exageradas. Siempre guiados por el afán inmediatista, muchos pensaron que vendría a resultar como la clásica varita mágica que iba a resolver los complejos problemas del tránsito vehicular de la noche a la mañana.
Son precisamente los que ahora al chocar con la realidad, se quejan y reprochan de que el INTRANT ha ido a paso de tortuga, que apenas ha cumplido una reducida parte del amplio programa que implica poner un mínimo de orden y organización donde, por el contrario, imperan el desorden y la desorganización.
Si parece que hay bastante de razón en el hecho que hasta ahora el organismo da la impresión de que se han estado tomando medidas esporádicas y aisladas, en vez de llevar a la práctica un plan amplio y coordinado que abarque de manera integral todos los diferentes aspectos que comprende la solución del grave problema del tránsito vehicular.
Esto así, salvo que esas medidas formen parte de ese plan estratégico y los técnicos que lo hayan elaborado entiendan que el mismo deba aplicarse en forma dosificada para que pueda ser asimilado y no de golpe y porrazo.
Hay, sin embargo, temas pendientes de suma importancia por regular, sobre todo en lo tocante al transporte público, donde confluyen tantos intereses de sindicatos y federaciones cuya rivalidad en más de una ocasión, ha provocado enfrentamientos violentos con resultados trágicos.
Entre estos temas pendientes resaltan el retiro de las contaminantes y peligrosas chatarras de las vías públicas; el transporte de carga y el escolar; el régimen de tarifas; el establecimiento de las rutas y el uso del carril derecho para los vehículos pesados, que aunque ya dispuesto sigue sin cumplirse.
Obviamente, darle sentido de organización al tránsito vehicular en el país es mucho mas que establecer las regulaciones, si no hay quien vele por su cumplimiento. Es una tarea compartida, donde tendrán que entrar en juego el sentido de responsabilidad de los conductores y el compromiso de no violar las normas por un lado, y por otro, el celo de las autoridades, en este caso la DIGESETT y los tribunales, para velar por el cumplimiento de las medidas y someter y aplicar ejemplares sanciones penales a los infractores.
Porque la ley que creó el INTRANT le facultó para establecer las regulaciones a fin de tratar de ordenar el tránsito, pero no para dar seguimiento a su cumplimiento por parte de los conductores ni someter y sancionar a los infractores.
La solución a los cada vez más graves desafíos que representa tratar de ordenar el tránsito, al que hasta ahora inexplicablemente no se le había prestado la importancia que amerita en razón de la pérdida de vidas y los cuantiosos daños materiales que provoca, tiene por tanto que ser asumido como un compromiso colectivo.
De lo contrario, seguiremos figurando como hasta ahora en la fúnebre lista de ser uno de los países de cabecera entre los que presentan mayor tasa de muertes en proporción a la cantidad de accidentes vehiculares, y la poco envidiable fama de ser los dominicanos los peores conductores de la bolita del mundo.