El esfuerzo que se realiza en nuestro país por problematizar soluciones, resistir los cambios aun ante un status quo que no logra brindar satisfacción a las necesidades más básicas, no deja de sorprenderme.
La reciente campaña desplegada en los medios de comunicación en el que se alerta sobre la competencia desleal que presentan las compras por Internet al no pagar ITBIS revela que las estrategias empresariales nacionales no están enfocándose en las oportunidades por descubrir sino en conservar algunos privilegios de mercado cautivo que no resiste la menor posibilidad de éxito en este siglo XXI de tecnologías de la información, transporte y comunicaciones.
Aunque podemos abordar la discusión desde distintos ángulos, el fiscal, el legal y el empresarial, quisiera partir desde el menos enjundioso y sofisticado, el de la elección personal.
Hoy en día gracias al avance de las tecnologías de la comunicación tenemos el privilegio de conocer personas, productos y procesos socio-económicos y políticos a través de una computadora y hasta un teléfono móvil. Esto nos ha permitido estar mejor informados como individuos y como consumidores.
Gracias al Internet comparamos ofertas de productos, destinos turísticos, hacemos consultas y entramos en contacto con otros consumidores. Los sistemas de pago por tarjeta de crédito y pay-pal en se han expandido para permitir que podamos adquirir por esa vía bienes y servicios.
Establecimientos comerciales, que tal vez no podrían abrir sucursales en otra geografía, ahora interactúan con consumidores globales desde su propio territorio. Los sistemas de transporte de mercancía, ayudan a que esas compras lleguen a su destino de manera segura y rápida.
Cualquiera pensaría que en países pequeños, de mercados limitados y con necesidad de promover economías de escala, el Internet brindaría un vehículo de expansión de los negocios con un costo de inversión relativamente menor a la apertura de nuevos locales nacionales e internacionales. Que nuestro país, que siempre ha hecho gala de tener una excelente plataforma de telecomunicaciones, habría aprovechado esta estructura privilegiada, para desde sus portales web promover sus productos y permitir pagos en línea y envíos expresos. Pero resulta que la tendencia es a la inversa.
Mientras los expertos en estrategia de comercio hablan que exportar no es una opción sino un requerimiento de todo negocio, y que una de las estrategias mas efectivas de internacionalización de PYMES consiste en usar las tecnologías de la información; en RD grupos demandan que a toda costa se les permita márgenes de beneficio sirviendo a una población pequeña y de limitado poder adquisitivo.
Como verbalizar una prohibición sobre las compras por Internet es evidentemente anacrónica y violatoria no sólo de los acuerdos de libre comercio, sino de la libertad individual, utilizan el sofisma de que se le apliquen impuestos.
En primer lugar, esas compras han pagado impuestos ya. El servicio de transporte expreso también grava cada paquete con tasas de combustible y servicio aduanero. Por una disposición de las aduanas, que constituye una práctica internacional reconocida, para agilizar los trámites y permitir el despacho expreso, se consideran mercancías de menor valor aquellas que cuestan menos de 200 dólares y son sometidas a un sistema de despacho rápido que los libera de ITBIS. Es la mitad del valor que, por compras personales, se admite al pasajero en los puertos y aeropuertos cuando en el formulario de aduanas debe declarar las mercancías adquiridas de más de 400 dólares.
La discusión y la reflexión de los comercios dominicanos debe ser como usar mejor el Internet, ganarse compradores en línea no sólo dominicanos sino del mundo, y como brindar garantías y servicios para que los compradores dominicanos se sientan más tranquilos con un proveedor cercano que puede atender cualquier reclamo sobre el producto.
Sería un flaco servicio que le rendirían nuestras autoridades a la necesaria innovación y modernización de nuestros proveedores locales, atendiendo un canto de sirena de recaudación pírrica. Solo afectaría al consumidor dominicano, y brindaría una ilusión de protección y buen resguardo a la ineficiencia. Y ese subsidio nos ha salido muy caro.