A pesar de su consabida brillantez, la garra de su personalidad nunca ha sido la retórica grandilocuente. Lo característico del expresidente Leonel Fernández ha sido un discurso moderado que no causa estremecimientos. Pero su reciente declaración de que no se necesita una reforma constitucional para que el Ministerio Publico sea independiente causa estupefacción. Da trabajo deducir si esa posición política obedece a una estrategia electoral o esta simplemente motivada por temores que podrían ser infundados.
De los gobiernos de Leonel Fernández sobresale como legado fundamental la Constitución del 2010. Siguiendo la trayectoria de los procesos constitucionales latinoamericanos, esa Constitución estableció el Estado social y democrático de derecho “fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.” En el Articulo 8 se especifica que la función esencial del Estado es la protección de los derechos de la persona. Por eso “la voluntad del Estado debe ser un reflejo de la soberanía popular, la cual a su vez se garantiza con la independencia de los poderes públicos.”
Es precisamente el imprescindible requisito de “la independencia de los poderes públicos” lo que la declaración del exmandatario cuestiona sin miramientos: “Con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa; y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la Ley de Leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente».”
Si no fuera por la venerable investidura de expresidente que adorna a Fernández, esa declaración podría calificarse de una insensatez rayana en el incivismo. Un Ministerio Publico independiente fue patentemente el más caro anhelo del electorado en la contienda pasada y el triunfo del actual presidente se fundamentó principalmente en su oferta de nombrar un Procurador General independiente y la promesa de consagrar esa independencia en la Constitución. Oponerse a una modificación constitucional contra ese propósito es darle una bofetada a las aspiraciones más vehementes de un pueblo hastiado de la corrupción impuesta por el partido que fue de Fernández. Lo más sensato, en consecuencia, es que su respaldo a esa aspiración fuera contundente y que se constituyera en otro paladín de esta nueva cruzada.
La independencia de los poderes públicos es uno de los más trascendentes pilares del entramado constitucional del Estado de derecho y democrático que propició el mismo expresidente Fernández. De ahí que desechar su interpretación del artículo 170 de la Carta Magna no debería molestarle: la funcionalidad del Ministerio Publico a que se refiere ese artículo no concierne a la escogencia y designación de sus máximas autoridades sino a su operatividad. Con la modificación constitucional propuesta se buscaría blindar la independencia con cabezas probas y no partidarias de esa rama del Poder Judicial y la alegada redundancia, de existir, no comportaría ningún daño. (En Perú la elección del Fiscal General de la Nación está en manos de la Junta de Fiscales Supremos, mientras aquí podría ser una prerrogativa del Consejo Nacional de la Magistratura.) Además de que la campaña electoral pasada creó en el público una resonante expectativa al respecto, fortalecer con redundancia la independencia nunca podría sobrar. En eso la frase “valga la redundancia” no podría ser más pertinente, aplicable y oportuna.
¿Entonces que podría motivar la extraviada posición del expresidente? Ya se ha visto que, al respaldar la propuesta modificación constitucional, el exgobernante no estaría perdiendo simpatías electorales. Por el contrario, al adherirse a la ola del combate a la corrupción y la impunidad Fernández estaría sintonizándose mejor con las pretensiones del electorado y, a la vez, fraguándole un futuro más seguro al país. Si la estrategia es la de desdeñar el tema con el que ganó el expresidente Abinader como contracanto electoral, el futuro candidato estaría exhibiendo un contrasentido. Es impensable que oponerse a la modificación constitucional de marras pudiera concitar simpatías. Aun si fuera cierto, el argumento jurídico es pírrico electoralmente.
En verdad, resulta extemporáneo enarbolar tan tempranamente una posición política tan importante como la comentada. Es cierto que la invitación al gran Dialogo Nacional del presidente Abinader compele a tomar posiciones acerca de las reformas que se proponen. De hecho, Fernández ha elogiado la convocatoria del Dialogo y ha garantizado la participación de la Fuerza del Pueblo. Pero contraponer un argumento tan baladí como el usado por el exmandatario para oponerse al Ministerio Publico independiente carece de asidero lógico y califica como inoportuno. Adelantar una posición en contra de esa propuesta modificación constitucional, la más trascendente, no compagina con el espíritu de búsqueda de consenso que debemos alentar en esta coyuntura.
No queda otro remedio, por tanto, que conjeturar sobre la motivación del exmandatario. Como su declaración se contrapone a la batida contra la corrupción que actualmente desarrolla la Procuraduría General se podría suponer que existe un temor subyacente del expresidente de que esa batida pudiera alcanzarlo en los años venideros. Contando con que ganaría la presidencia en el 2024, para protegerse él podría nombrar en la posición de Procurador a cualquier miembro de su partido que tenga un perfil público medianamente aceptable. Pero echar para atrás una locomotora que corre a una velocidad tan vertiginosa podría costarle la posición. Una rabieta pública de grandes proporciones podría desatar eventos que pongan en peligro hasta la estabilidad política.
De cualquier modo, los posibles delitos de que pueda ser acusado el expresidente ya no tendrían validez penal. De los 18 contratos que el gobierno firmó con Odebrecht, por ejemplo, once fueron firmados durante su gobierno, pero ya ha pasado el periodo de 10 años en que todos esos casos habrán prescrito. Sobre la prescripción de la pena, nuestro Código Procesal Penal establece lo siguiente: “La acción penal prescribe: 1. Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez años ni ser inferior a tres.” De manera que no podría ser por temor a ser imputado por complicidad en delitos anteriores que el expresidente este ahora oponiéndose a la total independencia del Ministerio Público.
Es cierto que existe el precedente de que el juez Ortega, en la instrucción del caso de Odebrecht ante la Suprema Corte, sentencio que la corrupción es imprescriptible. Su decisión se basó en que el artículo 49 del Código Procesal Penal dice que son imprescriptibles el genocidio, los crimines de guerra y los crímenes contra la humanidad, infiriendo que la corrupción es un crimen de lesa humanidad. Pero una consulta jurídica advierte que esa jurisprudencia no está bien consolidada porque hay muchos jueces que se oponen a ella.
Finalmente, un temor fantasmagórico sería el de la posibilidad de que se materialice una alianza entre el PRM y el PLD para las elecciones del 2024 basada en la rehabilitación del expresidente Danilo Medina para poder repostularse en el futuro. Sin duda esa posibilidad le cerraría el escenario electoral a la Fuerza del Pueblo, evitando que el transfuguismo del PLD hacia ella le garantice el triunfo. Pero este escenario es impensable porque las simpatías del PRM caerían por el suelo entre quienes le dieron el voto que le garantizó la victoria del pasado año. Aunque en política nada es imposible, tal contubernio ardería en las fulgurantes llamas del desprecio público.
El expresidente Fernández debe rectificar su posición respecto a la independencia del Ministerio Publico. (Hasta los más brillantes a veces cambian su pavoneo cuando cometen un desliz). Lo que más le conviene es aliarse con las fuerzas sociales que luchan contra la corrupción y la impunidad. Con el blindaje de esa independencia a través de la modificación constitucional propuesta estaría abrazando las mejores causas. Oponiéndose simplemente estaría despertando suspicacias y aliándose con las peores. Su futuro electoral está en juego y su posición actual no hace más que sugerir que su tiempo de vigencia política podría haber caducado.