Discúlpenme quienes piensan diferente. No soy abogado, pero no alcanzo a comprender la legalidad del reparto de los recursos acumulados por la Administradora de Riesgos Laborales, del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y menos aún las justificaciones éticas de este asunto.
Se trata de recursos acumulados, según entiendo, por la no prestación, a los trabajadores afiliados en el régimen contributivo, de los servicios correspondientes a seguro ´por enfermedad y accidente laboral, así como de las pensiones por discapacidad temporal o total. Esta denegación llega al punto que, según algunos estudiosos del tema, solo alrededor del 30% (o menos) de los familiares de trabajadores fallecidos por accidentes del trabajo, logran recibir la pensión correspondiente. El nivel de accidentalidad registrado por la ARL es el más bajo del continente, lo que es atribuido a la falta de reclamo por falta de información, y a dificultades en el procesamiento de las reclamaciones de los trabajadores accidentados o enfermos por asuntos vinculados a su condición laboral.
Como consecuencia, se ha acumulado más de RD$ 10,000 millones, equivalentes al universo de prestaciones negadas o no brindadas por diversas razones. Semejante cifra ha despertado la codicia de diversos sectores representados en el CNSS.
El primer intento dispersaría estos recursos en tres porciones: Unos 2,500 millones para el Gobierno, unos 7.000 millones para el sector empleador, y un pequeño aporte para el sector sindical que sería dedicado a actividades de capacitación trabajadores para estimular la presentación de demandas y reclamos, así como para un mejor conocimiento de los procedimientos.
Este intento fue resistido ante los tribunales por el Colegio Médico Dominicano, Foro Ciudadano y otros sectores. Una decisión judicial validó este reclamo con un Recurso de Amparo y cuando todo indicaba que habría una decisión del Tribunal Administrativo declarando la ilegalidad, el CNSS decidióanular la sanción de la Resolución mediante la cual se despilfarraría tales cuantiosos recursos, y ordenó la devolución de los RD$ 2000 millones que ya había recibido el Gobierno.
Desde entonces, aun se espera infructuosamente que el Gobierno devuelva estos recursos. Los empleadores parecen haber desistido definitivamente de beneficiarse de estos fondos. Sin embargo, el IDSS, esta vez con el apoyo del sector gremial que antes demandó la nulidad, y el de los empleadores y sindicalistas, ha planteado le sean asignados 2,500 millones para la "remodelación" de los centros de atención de la Prestadora de Servicios de Salud (PSS) Salud Segura, y unos 500 milloncitos adicionales para que sean asignados a la ARS Salud Segura, para cubrir parte de sus crecientes deudas.
No hay disposición alguna en la Ley 87-01 que señale que los recursos de la ARL puedan ser utilizados para la remodelación de servicios de ninguna de las PS existentes en el país. Por el contrario existen numerosas formulaciones explícitas en las que señala que tales fondos solo deben emplearse para los fines de garantizar la prevención y la atención de salud de los trabajadores con respecto a los accidentes y enfermedades laborales, y al pago de las pensiones o subsidios por enfermedad y por discapacidad laboral temporal y permanente. No es necesario ser especialista en aspectos jurídicos de la Seguridad Social dominicana, para comprender que el despilfarro de los recursos del fondo de riesgos laborales, para subsidiar una Prestadora de Servicios de Salud y una Administradora de Riesgos de Salud, difícilmente encontrara asidero en el marco legal vigente.
Es difícil comprender cuales razones podrían justificar que en lugar de esforzarnos por mejorar la prestación de los servicios de prevención y de atención médica y rehabilitación, así como de subsidios y pensiones para los trabajadores, estos recursos sean despilfarrados según se ha descrito. Peor aún, es difícil entender porque se prefiere utilizar el recurso de fuerza, aplicando el "derecho a veto", para obligar al CNSS a favorecer dichos planteamientos.
Desde que el sector empresarial paralizo por la vía de la fuerza de su "derecho a veto", el funcionamiento del CNSS desde octubre 2005 hasta diciembre 2006, para lograr la destitución del Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, se abrió la brecha por la que ahora se cuelan quienes propugnan este nuevo reparto de recursos que deberían mejorar la atención de las enfermedades y accidentes laborales en el país.
Podría argumentarse que la PSS Salud Segura atiende a la mayoría de los trabajadores y que cualquier "remodelación" de sus centros de atención medica redundaría en beneficio del conjunto de estos. En realidad, la ARS SS apenas tiene afiliada un pequeña proporción de los más de 2 millones de afiliados al régimen contributivo, y la PSS SS ha logrado subsistir gracias a los subsidios que recibe del Gobierno cada mes, cuando debería financiarse mediante la facturación de servicios prestados a afiliados a las ARS del país.
Los proponentes de esta idea, deberían explicar ante la opinión pública sus argumentos legales y éticos que les conllevan a impulsar estas decisiones. No siempre un acuerdo entre empleadores, sindicalistas y Gobierno responde al interés ciudadano.