La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, ha dicho que las “distracciones”, en otras palabras el hurto de recursos públicos, son de tal magnitud que equivalen a otra República Dominicana. El tamaño de una nación se mide teóricamente en función de su Producto Interno Bruto (PIB), que no es más que la suma de todos los bienes y servicios que produce. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos y si hay alguien en este país en capacidad de medir el daño que la corrupción le ha causado a esta pobre nación es ella, como líder del organismo que audita las cuentas de las distintas dependencias del Estado.
Su medición del robo y la malversación de los recursos públicos supera cuantas se habían hecho con anterioridad y dada su escandalosa magnitud sería aún más grave que esto transcurra sin ninguna acción que muestre alguna suerte de compromiso real del gobierno para encarar con coraje y decisión el más perverso y pernicioso de los vicios que aquejan la república. La administración Medina tiene la obligación moral de pedir cuentas de esta revelación y exigir informes respecto a los datos o razones que la motivaron.
Si esto se pasa por alto, si el silencio o la indiferencia lo hacen polvo, si como ha ocurrido con varios expedientes contra altas figuras políticas acusadas de lavado y corrupción es archivado por fiscales y jueces, no valdría la pena mantener el sistema político que consiente y promueve tal atrocidad contra el más elemental sentido de la decencia. Si después de tan reveladora dimensión del robo de la riqueza nacional no se estremece la república, entonces para qué ésta nos sirve.
Lo que se nos ha dicho no es tanto que se ha usado el patrimonio nacional para provecho de unos cuantos favorecidos con funciones públicas. La verdad detrás de esta dramática confesión es que la república no existe, porque se han quedado con ella.