Espero que la designación del Dr. Pedro Luis Castellanos, como Superintendente de la SISALRIL, contribuya a enderezar entuertos y a impulsar las reformas establecidas en el Seguro Familiar de Salud (SFS) por la Ley 87-01. Este deseo se basa en tres razones: 1) es el primer médico epidemiólogo que ocupa esa elevada posición; 2) su perfil y su práctica profesional lo vinculan básicamente a las políticas sociales; y 3) ha demostrado capacidad persuasiva y conciliatoria.
La escogencia del Presidente Danilo Medina complementa las de la Dra. Altagracia Guzmán en el Ministerio de Salud Pública y del Lic. Chanel Rosa en el SENASA. Los tres están estrechamente vinculados al Presidente y a sus principales colaboradores. Esta tripleta podría contribuir a reducir las distorsiones y a iniciar cambios de fondo, para inclinar la balanza hacia los afiliados.
Recientemente el Dr. Severo Mercedes, cirujano plástico, ex Presidente del CMD y ex miembro titular del CNSS, propuso incluir “la reconstrucción mamaria en el Catálogo de Prestaciones del Seguro Familiar de Salud (SFS), para devolver a la mujer su estima y dignidad”. Con frecuencia, otros médicos y diversos grupos de afiliados formulan propuestas similares.
Nadie puede negar ese derecho, ni la validez de tales peticiones, ya que casi todas están orientadas a mejorar las condiciones de salud de la población. Sin embargo, lo que llama la atención es que ninguno de los reclamantes parece tener consciencia de que en las actuales condiciones, esas propuestas por sí solas, lejos de beneficiar a los afiliados, agudizarían los desequilibrios del PBS, erosionando su más preciada conquista social.
El mayor aporte del SFS ha sido garantizar el acceso de todos los afiliados, ya no como una dádiva como en el pasado, sino como un derecho, con garantía real de mayor calidad y oportunidad. Pero no siempre se está claro en que, para preservar esta conquista social, es imprescindible asegurar el necesario equilibrio entre la cápita y el costo de los servicios del PBS. Cuando éstos superan el costo, la calidad y oportunidad se reduce, el gasto de bolsillo crece y aumenta el riesgo de perder el derecho y de retroceder a la dádiva discrecional.
Insistimos en que, debido a la ausencia de las reformas previstas en la Ley 87-01, existe un creciente desequilibrio financiero que pone en peligro la sostenibilidad del PBS, con un alto costo para los afiliados en términos de copagos ilegales multimillonarios. Agregar más servicios, sin ejecutar las reformas previstas, equivaldría a “echarle agua a la leche, o más víveres al sancocho”.
¿Quiere esto decir que no se deben formular nuevas demandas?. De ninguna manera. Todo lo contrario, lo que quiero señalar es que toda demanda legítima de nuevos servicios debe estar acompañada de una firme exigencia de reformas que racionalicen los recursos disponibles, para garantizar la viabilidad, continuidad y garantía del acceso de todos los afiliados a los servicios del SFS, como un derecho real e incuestionable.
Es importante que tomemos consciencia sobre la necesidad vital de recuperar el equilibrio financiero. Urge reducir la evasión e implantar los protocolos. El nuevo Superintendente hereda la delicada tarea de preservar el acceso al cuidado de la salud como un derecho inquebrantable, aprovechando todas las formas que prevé la Ley 87-01 para elevar la eficiencia, mejorar la eficacia, reducir costos y copagos, afiliar a los grupos excluidos y evitar ganancias desproporcionadas. En ese sentido, el Dr. Castellanos tiene la oportunidad de hacer lo que nunca se ha hecho en la SISALRIL. Le deseo mucha suerte.