El gobierno del presidente Danilo Medina ha asumido una posición justa y correcta en el conflicto migratorio con Haití, evitando un deterioro mayor del que ya existe. Por tal razón, haría bien que el resto de la administración dejara el papel de vocero a la Cancillería, que por primera vez en mucho tiempo desempeña su papel con dignidad y alto sentido de sus responsabilidades.
Como miembro de la comunidad internacional estamos obligados a aceptar las reglas que hacen posible la convivencia pacífica entre las naciones. La confrontación, que la mesura oficial dominicana inteligentemente elude, sólo traería duelo, odio y más pobreza. Todos tenemos un rol en este desafío a la nación. A los medios le corresponde ceder espacios conforme a la calidad de quienes intervienen en este debate. Se observa con desolación, la forma en que grupos ultraconservadores obtienen en algunos diarios influyentes una mayor cobertura de sus altisonantes e insensatas exhortaciones que aquellos llamados a la prudencia y a la defensa del honor nacional dentro de un espíritu de convivencia civilizada, desechando el peligroso camino de la fuerza y la ruptura.
Estamos sometidos a fuertes presiones dentro de una campaña llena de prejuicios. Pero proceder por esa senda nos llevará a un laberinto, donde solo encontraríamos más incomprensión. Ningún Estado puede negarle al país su derecho a trazar políticas migratorias conforme a su más alto interés y conveniencia. Y ese debe seguir siendo el punto focal de la posición dominicana.
Se nos juzga sin conocernos, es cierto. Les decía a unos amigos que el país descrito en varios artículos de medios extranjeros no era en el que yo nací y he vivido toda mi vida. Y como hijo de esta nación, con todos sus males y defectos, me hiere en el corazón y me indigna que se piense así de nosotros, porque hemos sido solidarios con Haití en sus peores momentos, a pesar de nuestras graves dificultades.