Hace aproximadamente un mes, el analista catalán Carles Castro se hizo eco de un sondeo realizado durante el año 2011, pero publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España, para conocer cuál es la percepción de la ciudadanía sobre una serie de temáticas relacionadas con el problema de cuál debe ser el principal sujeto de las decisiones sobre asuntos de interés público en una sociedad democrática.

Carles informa que, según los resultados del sondeo, en una escala de 0 a 10 donde 10 significa el mayor respaldo posible, la opción de consultar con regularidad a la ciudadanía en los asuntos de dirección del gobierno  obtuvo una puntuación de 7.2.

La opción de propiciar la participación y el debate ciudadanos obtuvieron la misma puntuación. Pero como destaca el analista, lo llamativo es que la opción contraria a la anterior: "dejar que las personas expertas tomen las decisiones" alcanza casi la misma puntuación (7.1).

La opción de si el país iría mejor permitiendo a la ciudadanía decidir directamente sin depender de los líderes políticos obtuvo una respuesta afirmativa en un 43.2% de la población encuestada, mientras que un 42% consideró que iría peor si se permitiera a la ciudadanía decidir directamente.

Un 45% teme consecuencias negativas de una mayor participación ciudadana como efecto de lo que sería mayor influencia por parte de los grupos de la sociedad civil, mientras un 40% considera que esa mayor participación sería positiva como consecuencia de lo que consideran sería el reforzamiento de los mecanismos de control ciudadano con respecto a sus líderes.

Estos resultados son interesantes pues muestran la vigencia de una tensión existente entre dos concepciones de gran tradición en la cultura occidental. La primera, sostiene que el modo más racional de evitar los conflictos y encauzar el desarrollo de la sociedad es delegando totalmente las decisiones fundamentales a un grupo de expertos. Esta tradición se remonta a Platón, quien en La república diseña un proyecto de reingeniería social en que una aristocracia intelectual y moral gobierna al resto de la sociedad sin ningún tipo de regulación ciudadana.

En las antípodas de este pensamiento se encuentra la tradición de la filosofía liberal, representada -entre otros- por filósofos como John Locke o Karl Popper. La tradición liberal se opone a una delegación absoluta del poder de decisión en una comunidad de expertos, porque entiende que éstos no están exonerados de la condición de falibilidad afín a la condición humana. Puesto que los expertos se equivocan, o pueden tomar decisiones contrarias al interés común,  es peligroso hacerlos dueños absolutos de las decisiones y exonerarlos del control de la ciudadanía.

Ambas tradiciones expresan dos aspiraciones todavía latentes en las sociedades modernas. Por una parte, el anhelo de que las decisiones fundamentales referentes al curso de una sociedad sean tomadas por los más aptos; por otra parte, la aspiración a que dichas decisiones no sean ajenas a la conquista de los espacios de participación democrática logrados a lo largo de los siglos.

En las sociedades contemporáneas con alto índice de desarrollo humano, uno de los principales obstáculos para la participación y la regulación ciudadana es la apatía generalizada sobre todo lo concerniente a la esfera pública.

En sociedades como la nuestra, el principal obstáculo para una participación activa de la ciudadanía es la enorme inequidad social, la desigualdad en el acceso a los bienes, la educación de baja calidad y las pocas experiencias vitales de calidad (condiciones inhóspitas de vida, violencia generalizada, carencia de oportunidades,  alienación, etc.) que obstaculizan el empoderamiento de la inmensa mayoría de las personas

Como consecuencia, la gente desarrolla el hábito de percibirse como ente pasivo que recibe las migajas de los beneficios que por derecho propio le pertenecen a toda la ciudadanía. Por tanto, ésta no se ve como un sujeto de derechos. Su bajo nivel educativo la hace inconsciente o indiferente a sus derechos y responsabilidades, entregada a los caprichos de cualquiera que ostente  una posición de poder.

Robert Dahl ha empleado el término de "poliarquía" para estimular la reflexión sobre la necesidad de construir sociedades donde la ciudadanía juegue un rol social más participativo. El término significa "gobierno de muchos" y alude a una descentralización de las toma de decisiones del poder político con el fin de profundizar las formas democráticas de vida. En la medida en que se concretiza una mayor distribución del poder y por tanto, de la toma de decisiones, se dificultan las prácticas autoritarias, "la distribución autoritaria de valores" y el ejercicio del control autoritario de las instituciones.

Con frecuencia, las voces críticas de la sociedad dominicana exigen a los responsables de la toma de decisiones el deber de decidir para el bien común. Pero como señala Dahl,  en una colectividad donde impera un centro unitario de poder, los agentes que operan desde este centro se convierten en los jueces de sus propias acciones con respecto al resto de la sociedad. No es de extrañar que en una sociedad con nuestra debilidad institucional, esta situación propicie en estos agentes la convicción de que pueden decidir y actuar basados en su capricho, sin temer las consecuencias de sus actos.

Esta situación no se modifica meramente por la elección de mejores representantes para el ejercicio de la toma de decisiones públicas, porque dado el contexto actual, nuestra estructuración social anula las buenas intenciones y las competencias individuales. De ahí, la importancia de aupar formas organizadas de participación ciudadana con el propósito de que nuestro modelo político de "elección periódica y dejar hacer", vaya cediendo a un modelo de participación activa y de regulación ciudadana todos los días.