En apenas un mes y días a cargo del MIREX, el flamante Canciller, Andrés Navarro, ha logrado proyectar un nuevo y acertado enfoque general a la política internacional de R.D., aunque todavía con serias deficiencias a nivel de transparencia.
Entre los principales giros de la “nueva” política exterior dominicana destaco tres: primero, el elevar el tema de los derechos humanos como uno de sus objetivos centrales; segundo, el colocar las relaciones bilaterales con Haití en un “lugar estelar”, tema al cual promete dedicarle atención personal; y tercero, el rescatar la imagen del servicio exterior.
Para enfatizar los primeros dos temas, el ministro correctamente ha decidido crear nuevas estructuras, llevando, de acuerdo a sus pronunciamientos, lo que son “departamentos” al nivel superior de dirección general (ojo, en el organigrama de Cancillería, las relaciones con Haití y derechos humanos aparecen a niveles de estructuras aun inferiores a departamentos: división y sección, respectivamente).
Para resaltar la importancia del tema haitiano, Navarro invitó a su par, el Canciller Duly Brutus, a visitar R.D., ocasión que aprovechó para manifestar que “delineará un nuevo enfoque en las relaciones bilaterales…con una visión más abarcadora, humana e integracionista”. Buen tono, a ver de qué se trata. También anunció que visitaría Haití en los próximos días. Buen inicio.
En cuanto a derechos humanos se refiere, el acercamiento que propone el Canciller con los principales órganos internacionales de protección, en particular con los del Sistema Interamericano, es grato escucharlo. Como firme creyente de la importancia de estas instituciones como coadyuvantes esenciales en la salvaguarda de los derechos fundamentales, le sugiero reflexione sobre la manera en que hasta ahora diversos gobiernos dominicanos han manejado los casos que han llegado ante las instancias regionales o universales.
En una entrevista realizada por el periódico Hoy (15 octubre), se le cita expresando que a su entender “el país ha sido objeto de acusaciones injustas sobre alegadas violaciones de derechos humanos en perjuicio de de extranjeros instalados aquí”. Valdría la pena que el Canciller informara cuales casos o situaciones tenía en mente cuando hizo tal afirmación.
Es lógico suponer que el Canciller Navarro se refería primordialmente a audiencias o casos llevados ante la Comisión o la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Es oportuno aclarar que una audiencia temática ante la Comisión, como la que se celebrará el próximo 31 de octubre para “tratar sobre los avances y desafíos en la aplicación de la Ley 169-14”, no es un caso o denuncia de violación de derechos humanos, sino un mecanismo que el órgano regional utiliza para lograr un mejor entendimiento sobre temas que son de su competencia. No hay motivo alguno para temer dichas audiencias; todo lo contrario, es una excelente oportunidad para el gobierno dar a conocer su punto de vista sobre el éxito o progreso de las medidas o temas en cuestión. Claro está, salvo que se prefiera evitar un examen crítico.
En cuanto a los casos que han pasado de la Comisión a la Corte el error de todos nuestros gobiernos ha sido permitir que dichos casos llegaran a la Corte, en vez de resolverlos a través del mecanismo de solución amistosa ante la Comisión. Los gobiernos no han querido entender (por más que se les haya explicado, incluyendo quien escribe cuando desempeñó el cargo de representante permanente de R.D. ante la OEA) que, por lo general, cuando un caso llega hasta la Corte Interamericana, el Estado acusado lleva las de perder.
Canciller Navarro, hasta el momento hay tres sentencias de fondo de la Corte Interamericana en relación a R.D., cuyos fallos deberían ser cumplidos a cabalidad por el gobierno a la mayor brevedad posible. Obtendría usted el mérito si así lo hiciera y colocaría al gobierno del presidente Medina en excelente camino para convertir la protección de los derechos humanos en un tema emblemático de sus dos últimos años de gobierno.
Por eso, mensaje urgente al Canciller, ordene ya una revisión a fondo de todos los casos pendientes ante la Comisión y en la medida de lo posible inicie y llegue a soluciones amistosas con los peticionarios; le aseguro que ese costo será infinitamente menor del que sobrevendrá si llegan a la Corte.
En cuanto a la imagen del servicio exterior, mientras se mantenga el número de funcionarios supernumerarios en embajadas y consulados, muy poco podrá lograr el Canciller para sanear la malograda imagen diplomática del país. Se necesita reducir el número de funcionarios considerablemente y -para readquirir la confianza de la ciudadanía- transparentar el proceso. Hoy, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta cuantos funcionarios fueron realmente cancelados y cuanto se ha ahorrado el gobierno ya que se han dado cifras diversas.
Por su parte, el Contralor General de la República dijo que “en el mes de abril la Contraloría intervino el pago de la Cancillería, lo que ha permitido excluir de la nómina a más de 1,000 personas, como lo revelara recientemente el presidente Danilo Medina”, ahorrándole al Estado “millones de pesos”, sin precisar el monto. El Canciller Navarro dijo hace pocos días atrás que el proceso de saneamiento implicó “la salida de unas 800 personas”, con “una disminución de RD$15 millones al monto de la nómina, que ahora es de RD$35 millones (sin el costo del servicio exterior)”.
En un reportaje del 20 de septiembre, se informa que “una fuente de entero crédito de la Cancillería” le reveló al Listín Diario el dato de que “el gobierno se ahorra mensualmente 2.5 millones de dólares (RD$115 millones mensuales) producto de las cancelaciones, de al menos 1,500 empleados y funcionarios en el Ministerio…previo a la designación del nuevo ministro”.
Como podemos notar, las cifras de los despidos van de 800 (Canciller), a más de 1,000 (Presidente y Contralor), hasta al menos 1,500 empleados (fuente interna de Cancillería), con un ahorro que oscila entre RD$15 millones, “millones de pesos” y RD$115 millones mensuales.
Estas discrepancias son demasiado grandes para generar confianza en la ciudadanía en relación al proceso de saneamiento de la nómina de Cancillería, sobre todo cuando no se ha dado a conocer la más mínima información de si se investiga -o se ha investigado- a algún ex funcionario del Ministerio por enriquecimiento ilícito.
Se precisa más exactitud y transparencia Canciller, mucho más.