En días recientes fue noticia en las redes sociales la socialización de una cláusula de una telefónica local, en la cual se establecía el límite de consumo aceptable para una residencia, o negocio, en 200GB de data al mes (o 2.6 horas de películas o videos al día, dos actualizaciones de juegos de consola al mes o 7 horas de clases por video llamada al día). Ante el clamor que se desató en las redes, la telefónica en cuestión aclaró que este límite en realidad era de 2,000GB y aclaraban que no cancelarían ni suspenderían el servicio de ningún cliente, siempre que su uso fuese adecuado y autorizado. Para los conocedores del tema resultaba evidente que la medida de limitación de la data iba dirigida a la reventa informal de acceso a los servicios de data que se puede dar en algunas comunidades. Pero es también evidente que este tema ha sido manejado de manera muy pobre y puede generar malentendidos ante posibles inversionistas extranjeros.
Independientemente del manejo mercadológico que haya tenido, o pueda tener, esta o cualquier otra telefónica, la pregunta que queda pendiente es, ¿cuenta la República Dominicana con la estructura tecnológica para ser competitiva en el siglo XXI?
En resumen, la respuesta es un rotundo no.
Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), República Dominicana cuenta con importantes restricciones en el acceso al internet debido a la limitada asignación de espectro y del despliegue de infraestructura digital, además de contar con un bajo nivel de habilidades digitales en el país y una importante brecha de género.
Estas restricciones se hacen más evidentes al analizar las estadísticas de alcance de cobertura. Según el INDOTEL, en la actualidad el 95% del país no tiene cobertura fija o es de poca capacidad, y la penetración de banda ancha solo alcanza a un 7% de la población. Estos datos nos presentan de manera clara el estado abismal en el cual se encuentra la República Dominicana en lo relativo a la competitividad digital.
En una sociedad global que cada día más se desarrolla sobre la base del acceso al internet, la rapidez y seguridad de las comunicaciones, nuestro país se encuentra muy limitado. Muestra clara de esto fue lo traumático que fue para muchas familias la transición al teletrabajo, o a la teleeducación, durante este último año de confinamiento. Luego de casi dos décadas de inversión en la “digitalización del país”, la pasada administración demostró su poca preparación para poder desplegar de manera exitosa una estrategia que facilitara la transición para millones de dominicanos que se vieron, de la noche a la mañana, confinados y sin las habilidades ni herramientas para poder transferir su quehacer económico o académico al mundo digital.
Para poder aumentar la competitividad de la República Dominicana, tanto a nivel exterior como a nivel local, se deben de tomar una serie de medidas que en estos momentos limitan la capacidad de todo el sector.
Para empezar, se debe iniciar un desmonte del 30% de impuestos que acompañan a unos servicios que en la actualidad deben de ser considerados esenciales. Estos impuestos, más otros que son aplicados a las compañías que participan en el manejo, almacenamiento y transmisión de data, limitan la capacidad de adquisición de servicios de alta velocidad para la mayoría de los dominicanos. Estos impuestos encarecen de manera directa el acceso a los servicios, y se convierten en un obstáculo directo para muchas familias y negocios.
En una sociedad donde el 90% de los asalariados devenga menos de 30 mil pesos mensuales, dedicar el 10% del salario para poder tener acceso a internet de banda ancha representa una carga insostenible para muchas familias, y es devastador para muchos micro y pequeños negocios (MiPes). Y es específicamente en el sector de las MiPes donde se nota mayormente el impacto, ya que estos se ven sin la capacidad de ingresar a una economía digital formal que les abre las puertas de un mercado de distribución que se extiende más allá de las fronteras de su pequeña localidad, potencializando las posibilidades de desarrollo y crecimiento de estos negocios.
El mercado debe de ser abierto a la inversión local y extranjera. Se deben de establecer regímenes especiales de inversión y comercialización de los productos y servicios relacionados a las telecomunicaciones y la transmisión de data, para poder estimular un rápido desarrollo de la infraestructura que pueda sostener la misión de convertir a nuestro país en un hub logístico no solo de mercancías físicas, sino también de mercancías digitales. Se tiene que estimular y promover la diversificación de la oferta, la competitividad del mercado y la mejora de la infraestructura para romper con el duopolio existente y con el estancamiento que la falta de competencia promueve.
Los periodos de crisis son oportunidades de mejora y crecimiento. Es a partir de estos donde se evidencian las mayores carencias y donde se toman las medidas para corregirlas y construir sobre estas. La República Dominicana se encuentra abocada a un proceso de cambio paradigmático sustancial. Es necesario que se tomen las medidas pertinentes de desmonte impositivo, desregulación, promoción y establecimiento de regímenes especiales, para todo lo concerniente a la transformación de la infraestructura digital de nuestro país. Esto como parte de ese cambio de visión que ha traído la nueva administración y como contraparte de apoyo y sostén a las políticas que hemos ido implementando de promoción del desarrollo de la industria, las zonas francas y las Mipymes.
Es por medio de la inversión y la diversificación de opciones laborales y del desarrollo técnico, que se garantizará una República Dominicana resiliente y próspera.
Esto es un compromiso pendiente que tenemos con las generaciones actuales, y con las que vienen. Uno que, al igual que las otras áreas de desarrollo sostenible que se están desplegando, generará empleos con una remuneración digna. Un compromiso que tiene un impacto directo en el aumento de la calidad de los productos y servicios de consumo local, y para exportación; pero mucho más importante es el impacto directo que esto tendrá en un aumento significativo de la calidad de vida de los dominicanos. Y al final, esta es nuestra única misión.