Nadie debe tener la menor duda de que las decisiones que tomará el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cuando sea convocado próximamente, marcará el futuro del Poder Judicial, para bien o para mal.
Tampoco existe duda de que el presidente Leonel Fernández tendrá el control del CNM, con leyes orgánicas aprobadas con la mayoría calificada de las dos terceras partes que obliga la Constitución o sin ellas. Entonces, la responsabilidad histórica de lo que ocurra debido a las decisiones del CNM corresponderá al presidente Fernández.
Recientemente el magistrado del Tribunal Constitucional español, Manuel Aragón, señaló en nuestro país que "la mayoría, por ser mayoría, no está legitimada para hacer cualquier cosa". Leonel Fernández fue elegido para ser nuestro presidente y para gobernarnos bien. Cualquier ciudadano o ciudadana que es elegido a una función pública, de manera directa a través de los votos, o de manera indirecta a través de un decreto, tiene la suprema responsabilidad de tomar sus decisiones en beneficio de la sociedad. El poder es para ejercerlo, pero para ejercerlo bien, en beneficio de la mayoría y no de un proyecto político determinado o de grupos específicos.
Cuando el CNM se reúna, quien lo controla tendrá la tentación de escoger a personas sin otro mérito que el de la servidumbre y si se dejase vencer por semejante tentación, estaría empeñando el futuro del Poder Judicial y tirando al zafacón todos los esfuerzos realizados durante los últimos catorce años.
No se trata de que el presidente Fernández nombre a sus enemigos en las altas cortes. Tampoco se puede ser tan ingenuo. Puede nombrar a sus admiradores, siempre y cuando se hayan ganado el respeto de la sociedad por sus méritos personales. Lo que no puede hacer es nombrar a mediocres que terminarían siendo los sepultureros del proceso de reforma judicial.
Se comenta que los allegados al presidente Fernández desean que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia sea renovada con cinco nuevos jueces que aseguren a unanimidad que los casos de corrupción administrativa que puedan llegar a ella no generen preocupación luego de agosto del 2011. Esos allegados admiten que jueces como Miriam Germán deben llegar en esta ocasión a la Suprema, pero llegan al absurdo de señalar que, debido a su independencia, debe ser colocada en una sala distinta de la penal.
Existe una gran dificultad para que los que trabajan solo para sus intereses personales y grupales: en este país nos conocemos todos, y les será muy difícil pasar de contrabando a personas que no han acumulado los méritos para ser designadas en las altas cortes y designaciones de esta naturaleza tendrán sus consecuencias.