Los partidos políticos no son entidades benéficas, ni organizaciones filantrópicas; son grupos organizados para llegar al poder y aunque teóricamente se supone que promueven la participación ciudadana en la vida democrática, tradicionalmente se han beneficiado de la administración del Estado, enriqueciendo descaradamente a muchos de sus integrantes.
Por esa razón, nunca he estado de acuerdo con la financiación pública de las actividades políticas partidarias; me parece un desatino utilizar recursos aportados por los ciudadanos con sus impuestos para solventar gestiones que deberían ser cubiertas con los fondos que generen y reciban esas organizaciones de sus militantes y simpatizantes.
Se esgrimen una serie de razones para justificar ese financiamiento, entre las cuales las más socorridas son: protegerlos de las presiones de los grandes capitales y garantizar el principio de igualdad entre las organizaciones políticas. En la República Dominicana, la práctica ha demostrado que el dinero es y seguirá siendo, con o sin financiamiento estatal, una fuente de presión con importante incidencia en las decisiones políticas y que el sistema de reparto existente no propicia la proclamada igualdad.
Cuando el Presidente Abinader propuso y justificó las razones para disminuir de manera importante la asignación anual a los partidos políticos, lo vimos como un hecho positivo; creí que podría ser un primer paso para terminar con el sistema existente. Cuando la aprobación del Presupuesto para el 2021 convirtió en realidad esa medida, aplaudimos el hecho por lo justificado de la acción.
Luego se inició el proceso de protestas y "cabildeo" de los partidos, la solicitud de la JCE por más dinero, la respuesta del Director de Presupuesto y por último las sorprendentes declaraciones del Ministro Paliza; dejando mal parado a quien dirige la oficina de presupuesto, contradiciendo una decisión del Congreso, expresada en la Ley de Gastos Públicos, y lo que es peor, poniendo en aprietos al Presidente de la Republica y líder de su partido, quien deberá contradecir a su Ministro, o nuevamente dar marcha atrás en una decisión que fue aplaudida por la mayoría.
Conveniencias políticas momentáneas, o exceso de complacencia para con el partido que se dirige, no deberían provocar un cambio de rumbo tan radical, como el anunciado por el mencionado Ministro. En un gobierno que pretende cambiar la forma usual de hacer política, la coherencia y la consistencia son necesarias, para no provocar reacciones adversas.