Llega el final de otra campaña electoral por la conquista de la presidencia de la República, y nueva vez se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de replantear los esquemas prácticos y legales que determinan el curso y desarrollo de esas campañas, si es que como sociedad pretendemos afianzar nuestro sistema democrático.

Habiendo transitado, como país, nuestros primeros 50 años de vida democrática formal, es necesario reconocer las grandes debilidades e incongruencias de nuestro sistema democrático. Este preciso momento de la vida nacional, ha dejado al descubierto una de esas notorias inconsistencias de la que muchos prefieren llamar la "pseudo-democracia" en que vivimos, esto es: lo injusto de la competencia para ocupar los cargos de elección popular. La que concluye ha sido otra campaña electoral caracterizada por un colosal despilfarro del dinero, por el lanzamiento de denuncias irresponsables, insultos, una excesiva duración, y sobre todo, por una abismal inequidad de condiciones entre los participantes.

Se trata de una situación que no es exclusiva de la presente coyuntura electoral, sino que se repite en cada torneo para ocupar cargos electivos debido a la ausencia total de regulación que exhiben las campañas políticas en la República Dominicana. Esto sucede por la deliberada omisión de una Junta Central Electoral que no parece aún haber descubierto la responsabilidad que le asigna el párrafo IV, del artículo 212 de la Constitución dominicana, según el cual dicho organismo "velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas".

¿Qué ha hecho la JCE para propiciar y/o asegurar un clima de equidad entre todos los candidatos de esta campaña electoral? Ese debiera ser un rol protagónico de un verdadero árbitro en un país más democrático, con mayor sentido de justicia y apego a la institucionalidad; y es sin duda uno de los retos que tienen por delante nuestro sistema electoral y la futura JCE (ya que la actual se ha declarado incompetente).

En países con democracias más avanzadas como Francia (cuna del ordenamiento jurídico dominicano), por tomar un ejemplo, se establecen medidas concretas en aras de preservar el mismo derecho que tienen todos los aspirantes a la presidencia a realizar una campaña justa en igualdad de condiciones. Son medidas creativas, que requieren valentía y voluntad política (más aún, cuando en la contienda compite el propio Presidente de la República), y que persiguen revestir de imparcialidad, transparencia, pulcritud, equidad, justicia e igualdad el curso del proceso electoral, y que con ello consiguen democratizarlo. Por ejemplo:

Está prohibida la colocación de afiches, carteles y vayas publicitarias. La publicidad puede ser únicamente colocada en los paneles que instalan las alcaldías para esos fines, y en los cuales cada candidato disfruta del mismo espacio.En televisión, todos los candidatos tienen una cantidad limitada de spots o cuñas políticas que se encarga de reproducir el Estado asegurando que cada candidato figure el mismo tiempo que los demás. Las apariciones en radio y/o televisión de cada candidato, aún sea en la prensa, son medidas de modo que ninguno pueda beneficiarse de mayor tiempo o espacio de cobertura que el resto de los candidatos.Más allá de la difundida por el Estado de manera equitativa, se prohibe cualquier otra propaganda política en prensa escrita o audiovisual.Se fijan por ley las sumas máximas que podrá invertir cada aspirante en su campaña, de acuerdo al cargo electivo a que se postula. Para controlar el cumplimiento de esta medida, cada candidato debe crear una cuenta de campaña en la que describa el origen de cada ingreso recibido y la naturaleza de los gastos realizados. La misma es fiscalizada por una comisión de autoridades independientes. Existe un Código Electoral que regula estrictamente las donaciones y aportes de particulares a las campañas electorales en el entendido de que estas generan conflicto de intereses. Esa regulación incluye la prohibición expresa de distintas personas jurídicas a servir de donantes, y el establecimiento de topes claros a los aportes, todo en un marco de amplia transparencia.

Tan simple como eso. Reglas claras que permitan transparentar las cuentas y limitar los gastos, el tiempo y los aportes (hoy discretos y que más tarde se convierten en tráfico de influencias) a las campañas. En Francia se ha diseñado una fuerte regulación en el entendido de que es la única forma de garantizar una mayor independencia de los funcionarios públicos electos y de crear un clima de equidad y paridad en el escenario político nacional.

¿Qué esperamos nosotros para hacer lo propio y comenzar a controlar y fiscalizar las campañas políticas del país? ¿Hasta cuándo permitiremos la permanencia del actual modelo de campañas electorales caracterizado por una ausencia total de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y privados? ¿Hasta cuándo permitiremos una contienda marcada por el clientelismo, los "bandereos", las caravanas y las miles de vallas innecesarias y apabullantes?

Es momento de exigir y demandar como ciudadanos campañas más justas para que los elegidos representen y defiendan los intereses de la mayoría que les eligió, en lugar de los de aquellos grupos económicos que los financiaron para llegar al poder. Con ello daremos sin duda un paso adelante en nuestra historia democrática como Nación.