Se ha abierto un nuevo capítulo en el libro de la crisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una crisis que se perpetúa, porque no es ajena a las características de la sociedad en la que se inserta la principal institución de educación pública de la nación. La primera Universidad del Nuevo Mundo se inscribe en el contexto de un estado cuya dinámica de funcionamiento es la crisis.
La UASD sigue sufriendo los costos de una deuda social acumulada, como resultado de las precariedades de un país con bajo índice de desarrollo humano. Pero también, su crisis es producto de las irracionalidades en la planificación económica del Estado Dominicano y de su dinámica de contención con respecto a los focos de rebeldía política y de exclusión económica.
Al inicio de la transición democrática, en las primeras dos décadas tras la caída de la dictadura, la contención se efectuó con respectoa los focos de rebeldía política izquierdista. Más recientemente, la UASD ha funcionado como un mecanismo fundamental de contención social, aglutinador de las capas sociales más desposeídas, evitando que puedan convertirse en fuerzas de choque para el gobierno de turno.
Como consecuencia, no existe una auténtica política académica del Estado Dominicano para que la universidad funcione como un centro de educación superior moderno, dirigido al cultivo de la investigación de alta cualificación, a la formación de una comunidad experta en la resolución de problemas y a la generación de cultura en todo el sentido amplio del término.
La dinámica de la contención modifica la función del profesor y del estudiante universitario. El profesor no es un investigador, no está llamado a la creación del conocimiento científico, artístico u humanístico, no es un sujeto epistémico. El estudiante, por su parte, no tiene que cumplir un mínimo de condiciones para matricularse ni mantenerse matriculado. Ambos son agentes fundamentales al servicio de la lógica de la contención.
Por esto, los indicadores que serían irracionales desde una política académica racional de Estado, no lo son desde el Estado Dominicano, pues son precisamente los indicadores de una situación de contención: Profesores con carga docente presencial excesiva, aulas sobrepobladas, ausencia de reales interlocutores entre una población estudiantil alienada y embrutecida por la pobreza, carencia de una educación básica que cumpla con unos mínimos de calidad, etc.
La dinámica de la contención es el resultado de la ausencia de una estrategia nacional de inclusión social.
Una estrategia semejante requeriría una transformación en el modelo de desarrollo económico y la inyección de los recursos económicos necesarios para que la UASD pueda tener un sistema de contratación profesoral a tiempo completo, con un salario lo suficientemente atractivo para eliminar el pluriempleo académico, atractivo para atraer a la juventud más capacitada hacia la profesión docente; capaz de habilitar adecuadamente toda la infraestructura de la docencia y suficiente para hacer sostenible la investigación. Implicaría también, los criterios para realizar la inversión.
Estos criterios no pueden ser principios aislados que respondan a estrategias aisladas. Deben formar parte de una política integral. Por ejemplo, si se otorgan becas al estudiantado dominicano para hacer estudios de postgrado en el extranjero, deben otorgarse tomando en cuenta cuál será el destino de esos profesionales cuando concluyan sus especialidades.
De nada sirve tener una política de becas si no existe una política de integración de ese talento en la estructura de empleos del Estado Dominicano, que sigue nutriendo sus nóminas del clientelismo y de los grupos politicastros.
LA UASD no puede transformar su situación sin la voluntad política del Estado Dominicano. Ha existido una irresponsabilidad histórica que desatiende al gobierno de turno de compromisos, mientras delega en la universidad pública responsabilidades que desbordan sus posibilidades y funciones.
Por ejemplo, la UASD mantiene una política de puertas abiertas y sin restricciones. Sin embargo, ninguna universidad pública puede matricular a todo el que quiera estudiar una licenciatura. Se requiere de unas condiciones básicas. Pero es responsabilidad del Estado Dominicano, no de la UASD, crear la infraestructura para que aquellos que no puedan cursar una carrera de educación superior, puedan ir a una institución que les enseñe un oficio.
No quiero finalizar esta reflexión sin comentar otra cara de la arista de la responsabilidad del Estado dominicano con la Educación Superior. En una sociedad abierta, es una misión del Estado propiciar las condiciones para la inversión privada. Pero la educación no puede dejarse exclusivamente en manos del sector privado. Del mismo modo en que es responsabilidad estatal crear y sostener un sistema de educación pública media de calidad, haciendo de la oferta educativa privada una opción de lujo y no una necesidad, es también su responsabilidad sostener la educación pública superior. Esto no es sólo un imperativo legal, sino también, ético.
En medio del nuevo capítulo del libro de la crisis uasdiana, el Estado Dominicano está enviando señales ambiguas que ciertos sectores comprometidos con el "negocio de la educación privada" aprovechan para continuar socavando la imagen de la UASD en la opinión pública.
Mientras el Estado Dominicano no modifique esta situación y defina realmente una política de educación superior, la UASD no podrá tampoco modificar su rol e insertarse en el consorcio de las universidades mejor ranqueadas del hemisferio. Los defensores de éste y los anteriores gobiernos siempre utilizarán como excusa, para no transformar este estado de cosas, la existencia de las ancestrales carencias económicas propias de un país del Tercer Mundo. Pero si algo ha quedado demostrado con las distintas gestiones estatales de las últimas décadas es que no hay límites económicos, ni voluntades que detengan al Estado Dominicano, cuando coloca toda su voluntad y su poder en aquello que es de su interés.